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El senador republicano Bernie Moreno presentó una iniciativa legislativa que propone prohibir la doble nacionalidad en Estados Unidos, obligando a los ciudadanos estadounidenses que posean otra ciudadanía a renunciar a ella o enfrentar la pérdida automática de su nacionalidad estadounidense.
La propuesta, aún en fase inicial, surge en un contexto de endurecimiento migratorio y debate sobre la identidad nacional, lo que ha generado fuertes reacciones dentro y fuera del Congreso.
Los puntos centrales de la iniciativa
El texto preliminar del proyecto plantea que cualquier ciudadano estadounidense que posea un pasaporte o nacionalidad de otro país deberá renunciar formalmente a esa ciudadanía extranjera. En caso de no hacerlo dentro del plazo estipulado, la persona perdería su ciudadanía estadounidense de forma automática.
La propuesta autoriza además a las agencias federales a verificar el estatus de doble nacionalidad mediante registros consulares, pasaportes, datos biométricos y acuerdos de cooperación internacional. Moreno sostiene que esta medida responde a una preocupación de seguridad nacional y que “la lealtad de un ciudadano debe ser exclusiva y sin ambigüedades”.
El argumento del senador: seguridad, soberanía y lealtad
Bernie Moreno, empresario de origen colombiano y una figura en ascenso dentro del ala conservadora del Partido Republicano, ha defendido la iniciativa afirmando que la doble ciudadanía puede generar conflictos de lealtad, especialmente en situaciones de tensión geopolítica o en el acceso a información clasificada.
Según él, un ciudadano con doble nacionalidad podría verse dividido si sus dos países entran en confrontación, lo cual justificaría limitar la lealtad a una sola nación.
Un cambio radical frente a más de cinco décadas de jurisprudencia
La idea de retirar automáticamente la ciudadanía estadounidense representa un cambio drástico respecto a la doctrina constitucional vigente. Desde 1967, tras el fallo de la Corte Suprema en Afroyim v. Rusk, se estableció que el gobierno no puede despojar a una persona de la ciudadanía sin su consentimiento. Posteriormente, decisiones como Vance v. Terrazas reforzaron que adquirir otra nacionalidad no implica perder la estadounidense.
Desde entonces, la doble ciudadanía ha sido tolerada de forma generalizada y se ha convertido en una realidad para millones de personas en un país marcado por la inmigración. La propuesta de Moreno supondría revertir más de 50 años de política establecida.
Impacto potencial: hasta 40 millones de personas afectadas
Diversos estudios estiman que entre 25 y 40 millones de estadounidenses poseen doble ciudadanía. Esta cifra incluye a hijos de inmigrantes nacidos en el país, naturalizados que conservaron su ciudadanía original, personas con nacionalidad por descendencia europea y ciudadanos estadounidenses adoptados en el extranjero.
De aprobarse, la medida obligaría a millones de familias a tomar decisiones difíciles, enfrentaría desafíos constitucionales inmediatos y podría desencadenar litigios masivos. Además, tendría profundas implicaciones diplomáticas con países de alta migración hacia Estados Unidos, como México, Colombia, España, Italia o Israel.
Desafíos legales: ¿es posible retirar la ciudadanía sin consentimiento?
Expertos en derecho constitucional coinciden en que el proyecto violaría directamente la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía por nacimiento y limita las condiciones bajo las cuales puede ser revocada. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara en que la pérdida de ciudadanía solo puede ocurrir si la persona lo desea expresamente.
La revocación automática podría interpretarse como una forma de castigo civil, lo cual estaría prohibido por la Constitución. Por ello, incluso si el proyecto superara el proceso legislativo, sería objeto de múltiples demandas en cortes federales.
Reacciones políticas: un país dividido ante la propuesta
Dentro del Partido Republicano la iniciativa ha generado posiciones mixtas. Algunos legisladores la ven como un paso necesario para reforzar la soberanía nacional y la seguridad del país, mientras que otros consideran que podría afectar a electorados clave en estados como Florida, Texas y Arizona.
Los demócratas, por su parte, han criticado la propuesta calificándola de “antiinmigrante” y “contraria a la esencia multicultural del país”. Senadores y representantes demócratas advierten que la medida rompería familias, vulneraría derechos civiles y afectaría gravemente las relaciones exteriores de Estados Unidos.
Posibles repercusiones diplomáticas
La propuesta también generaría tensiones con gobiernos extranjeros cuyos ciudadanos naturalizados en Estados Unidos mantienen la nacionalidad de origen. Países como México, Colombia, República Dominicana, Italia, España, Israel y diversas naciones del Caribe podrían enfrentar un aumento de solicitudes de renuncia a su ciudadanía o conflictos legales por la situación de sus ciudadanos en EE. UU. Consultas consulares, disputas por herencias, obligaciones fiscales y definiciones de residencia serían temas de urgente atención diplomática.
Consecuencias específicas para los ciudadanos cubanos con ciudadanía estadounidense
La comunidad cubana sería uno de los grupos más afectados por esta medida, especialmente en Florida, donde residen más de un millón de cubanoamericanos y miles de ciudadanos naturalizados que aún mantienen la ciudadanía cubana.
Para los cubanos nacidos en la isla, renunciar a la ciudadanía cubana no es un proceso sencillo. El gobierno cubano, a diferencia de otros países, no ofrece un mecanismo claro, rápido y transparente para renunciar formalmente a la nacionalidad. En muchos casos, incluso cuando un ciudadano adquiere otra ciudadanía, Cuba sigue considerándolo cubano “a todos los efectos”, según su Constitución y legislación migratoria.
Si el proyecto de Moreno se convirtiera en ley, miles de cubanoamericanos tendrían que intentar un proceso de renuncia ante el gobierno cubano que podría ser lento, costoso o incluso rechazado. Esto colocaría a muchas familias en un limbo jurídico, especialmente a quienes viajan regularmente a la isla, poseen propiedades, cuidan familiares o dependen de documentos cubanos para trámites dentro de Cuba.
Además, la imposición de renunciar a la ciudadanía cubana podría generar tensiones entre La Habana y Washington, ya que la isla podría negarse a procesar renuncias masivas o exigir condiciones adicionales. Para ciudadanos cubanos que mantienen pasaporte cubano por obligación legal de la isla, la situación podría ser aún más compleja.
El impacto humanitario sería profundo para cientos de miles de cubanos que dependen de su doble estatus para mantener vínculos familiares, humanitarios y patrimoniales con la isla.
¿Puede aprobarse esta iniciativa?
La aprobación del proyecto enfrenta obstáculos significativos. Requeriría apoyo mayoritario en ambas cámaras del Congreso, algo incierto dada la oposición de legisladores moderados y las críticas constitucionales. Además, cualquier versión aprobada sería llevada inmediatamente a los tribunales federales, donde se evaluaría su compatibilidad con la 14ª Enmienda.
Aun así, la iniciativa ya logró impactar la conversación nacional sobre identidad, ciudadanía e inmigración, abriendo la puerta a futuros proyectos más restrictivos o a debates sobre reformas constitucionales.
Un debate en desarrollo sobre la identidad estadounidense
La propuesta de Bernie Moreno reabre una discusión profunda sobre qué significa ser estadounidense en un país construido sobre la inmigración. Para algunos, la medida es una forma de reafirmar la lealtad nacional; para otros, representa un retroceso histórico que amenaza la diversidad y la cohesión social.
El debate seguirá creciendo a medida que la iniciativa avance o sea replicada por otros legisladores. Lo que está claro es que millones de familias, especialmente las de origen inmigrante, siguen con atención un proyecto que podría transformar de manera radical su estatus, sus vínculos familiares y su futuro en Estados Unidos.
