Senador cubanoamericano René García exige un trato justo para los inmigrantes con protección legal que están siendo arrestados por ICE: «Debemos hacerlo mejor”

Senador republicano René García. Foto: Cuenta de X de René García

En un gesto cargado de significado histórico, el senador y comisionado cubanoamericano René García se pronunció este martes frente a la Torre de la Libertad de Miami, uno de los símbolos más poderosos del exilio cubano y punto de referencia para miles de refugiados que llegaron al sur de Florida desde la década de 1960.

Desde ese escenario emblemático, García lanzó un llamado urgente al gobierno federal para que revise lo que considera un sistema migratorio “fracturado” que, según afirmó, está tratando a inmigrantes sin antecedentes penales y con protección legal como si fueran delincuentes de alto riesgo.


Agradecimiento a las políticas de seguridad, pero alerta sobre excesos

El comisionado reconoció los esfuerzos de la administración de Donald Trump por reforzar la seguridad fronteriza y combatir el crimen organizado que opera a lo largo de la frontera sur. Sin embargo, advirtió que ese enfoque —aunque necesario— ha generado consecuencias negativas para personas que cumplen con la ley, contribuyen económicamente y están amparadas por figuras legales vigentes.

“Las personas con estatus de protección no deberían ser detenidas, y el TPS debe extenderse hasta que se logre una solución a largo plazo”, declaró el senador, hijo de exiliados cubanos, quien subrayó que Estados Unidos debe “devolver la transparencia y la humanidad a este sistema roto”.

El funcionario afirmó que miles de inmigrantes en Florida dependen del Estatus de Protección Temporal, un mecanismo humanitario renovado periódicamente que evita que deporten a personas provenientes de países inestables. Para García, el actual clima migratorio exige garantizar que no se interrumpan abruptamente esas protecciones.

“Las personas con estatus de protección no deberían ser detenidas, y el TPS debe extenderse hasta que exista una solución a largo plazo que brinde estabilidad y claridad. Estados Unidos debe “devolver la transparencia y la humanidad a este sistema roto”. subrayó.

La postura del comisionado coincide con la preocupación de organizaciones civiles sobre la creciente incertidumbre que enfrentan comunidades enteras en Miami-Dade, donde miles de residentes trabajan legalmente, pagan impuestos y están integrados a la vida económica local.


Trayectoria: un republicano que aboga por el equilibrio

René García, nacido en Hialeah e hijo de exiliados cubanos, ha construido una carrera política marcada por la defensa de políticas conservadoras combinadas con la protección del debido proceso para inmigrantes. Fue senador estatal de Florida durante casi dos décadas y actualmente es uno de los comisionados más influyentes de Miami-Dade, un condado donde más del 54% de los residentes nacieron en el extranjero.

A lo largo de su trayectoria ha abogado por soluciones de seguridad fronteriza que no sacrifiquen valores históricos del exilio cubano: el refugio, la oportunidad y la libertad.

Respaldo a CABA y exigencia de revisión caso por caso

García también expresó su respaldo a la Cuban American Bar Association (CABA), organización que ha denunciado públicamente que, en los últimos meses, inmigrantes con historial limpio, órdenes de supervisión o trámites pendientes son detenidos sin que se respeten sus garantías procesales.

La CABA exige que se revise individualmente cada expediente migratorio especialmente cuando existen factores como arraigo familiar, solicitudes de asilo avanzadas o estatus humanitarios aprobados. Para la asociación, estas detenciones están generando temor en sectores que tradicionalmente han tenido protección frente a la deportación inmediata.

Un mensaje directo desde la sensibilidad del exilio

El discurso de García estuvo marcado por referencias personales a la historia de su propia familia y al valor que tienen los inmigrantes en la identidad de Miami. Recordó que los pilares económicos, culturales y comunitarios del sur de Florida se construyeron por exiliados, refugiados y trabajadores extranjeros que llegaron en busca de seguridad y oportunidades.

“Como hijo de una comunidad construida por exiliados, refugiados e inmigrantes, sé lo que significa buscar libertad y empezar de nuevo. Debemos hacerlo mejor”, afirmó.

La administración de Donald Trump ha intensificado las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales, incluso cuando cuentan con algún tipo de protección legal como el TPS, permisos humanitarios o casos de asilo activos. Según denuncias de abogados y líderes comunitarios, muchos de estos inmigrantes están terminan arrestados durante citas rutinarias con ICE, a pesar de presentar documentación en regla y cumplir estrictamente con los requisitos de sus procesos migratorios. La práctica ha generado temor entre familias que antes no se consideran prioridad para detención o deportación.

Mientras el gobierno justifica estas acciones como parte de un esfuerzo para reforzar la seguridad y “restablecer el control” del sistema migratorio, críticos —incluidos funcionarios republicanos advierten que se está tratando como criminales a personas que han vivido de manera estable, trabajan y no representan un riesgo para la comunidad.

Las detenciones masivas, señalan, están debilitando la confianza en las instituciones y afectando a familias que dependen de protecciones temporales mientras buscan una solución migratoria permanente.

Las estadísticas más recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelan la magnitud del momento migratorio que vive el país: desde enero de 2025, más de 527.000 inmigrantes han sido enviados de vuelta a sus países de origen, mientras que otros 1,6 millones optaron por marcharse por cuenta propia, acogidos a los procesos de salida voluntaria. Estas cifras ilustran el ritmo acelerado con el que se están resolviendo —o cerrando abruptamente— miles de casos en el sistema migratorio estadounidense.

Implicaciones para Miami-Dade y el resto del país

Las declaraciones del comisionado llegan en un momento de tensión a nivel nacional, con nuevas políticas de control migratorio, operativos de ICE más intensos y discusiones en el Congreso sobre el futuro del asilo y de programas como el TPS. En Florida, donde las comunidades cubana, venezolana, haitiana y centroamericana dependen de protecciones temporales, estas decisiones federales podrían tener un impacto social y económico significativo.

Para expertos legales consultados por organizaciones locales, un enfoque migratorio que combina seguridad con debido proceso sería clave para evitar deportaciones injustas y proteger a miles de familias que ya han establecido raíces profundas en Estados Unidos.


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