Seguridad del Estado impide salida del país de miembro de las Damas de Blanco que viajaría a EE.UU or motivos de salud

La opositora cubana Leticia Ramos Herrería, miembro del movimiento Damas de Blanco, denunció que agentes de la Seguridad del Estado le impidieron abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, donde debía someterse a un tratamiento médico.

El incidente, ocurrido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, ha generado condenas entre activistas y organizaciones de derechos humanos, que lo califican como otro ejemplo de la represión sistemática contra las mujeres disidentes en la isla.

Interceptada en el aeropuerto y retenida por varias horas

Según relató Ramos Herrería en declaraciones difundidas por medios independientes, funcionarios del Ministerio del Interior la separaron de otro grupo de pasajeros cuando se disponía a embarcar en el avión. Los agentes la condujeron a una sala apartada empleada por el régimen para imponer sus métodos dictatoriales, donde le comunicaron que no tenía autorización para salir del país.

“Dos miembros del MININT me informaron que tenía prohibido viajar, porque no querían que participara en un evento de las Damas de Blanco en Estados Unidos”, aseguró la opositora.

A la mujer la retuvieron durante varias horas y posteriormente la liberaron. Sin embargo, advirtió que su estado de salud se encuentra comprometido y que la decisión de impedirle viajar agrava su situación médica. “Si me pasa algo, será responsabilidad de la Seguridad del Estado”, expresó.

Un patrón de represión y control

El caso de Ramos Herrería no es aislado, diversas integrantes de las Damas de Blanco han denunciado en los últimos años restricciones para viajar, vigilancia constante, allanamientos de vivienda y detenciones arbitrarias como parte de una política de control del activismo cívico.

Desde su fundación en 2003, el grupo se ha convertido en un símbolo de resistencia pacífica frente al régimen cubano. Surgió tras la ola represiva conocida como la “Primavera Negra”, cuando 75 opositores fueron condenados a largas penas de prisión. Las esposas y madres de los encarcelados comenzaron a marchar cada domingo vestidas de blanco —color que representa la paz— portando gladiolos como símbolo de pureza y esperanza.

Pese al constante hostigamiento, las Damas de Blanco continúan marchando y denunciando la existencia de presos políticos en la isla. En 2005 reconocieron su labor con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, reconocimiento que las consolidó internacionalmente como un referente de la disidencia pacífica.

El derecho a la salud y la libertad de movimiento

La imposibilidad de que Ramos Herrería viaje para recibir tratamiento médico representa una violación doble: al derecho a la salud y al derecho a la libre circulación. Según el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a él libremente, sin embargo, la dictadura hace caso omiso como siempre a las leyes internacionales

Diversos juristas cubanos en el exilio han subrayado que las autoridades utilizan las restricciones migratorias como forma de castigo político, aplicando mecanismos discrecionales que no tienen sustento legal ni transparencia administrativa.

Reacciones de la sociedad civil y la comunidad internacional

El caso provocó una oleada de reacciones entre activistas dentro y fuera de Cuba. Berta Soler, líder actual de las Damas de Blanco, calificó el hecho como “una nueva muestra del terror de Estado que busca silenciar a las mujeres cubanas que alzan su voz por la libertad”.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reiteraron su preocupación por el uso de las medidas de “regulación migratoria” para reprimir a opositores. En un comunicado reciente, el OCDH señaló que “el gobierno cubano mantiene decenas de activistas bajo prohibición de salida del país, en un intento por aislarlos del apoyo internacional y castigar su disidencia”.

En Estados Unidos, representantes de la diáspora cubana y grupos de exiliados en Miami han exigido al Departamento de Estado que incorpore estos incidentes en sus informes anuales sobre derechos humanos en Cuba.

Desde la muerte de su fundadora, Laura Pollán, Soler asumió la dirección y ha mantenido una postura firme frente al régimen cubano, reclamando la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en la isla.

Bajo su liderazgo, el grupo ha continuado sus marchas pacíficas dominicales pese a la represión estatal, detenciones arbitrarias y vigilancia constante. Soler ha sido reconocida internacionalmente por su valentía, aunque también ha enfrentado divisiones internas dentro del movimiento, derivadas de las difíciles condiciones de lucha en Cuba.

El contexto político actual en Cuba

El incidente ocurre en un momento de creciente tensión interna en la isla. El deterioro económico, la escasez de alimentos y medicinas, y el aumento de la migración hacia Estados Unidos han intensificado el malestar social. Paralelamente, el régimen mantiene su estrategia de criminalizar la protesta, limitar la movilidad interna y restringir los contactos con organizaciones internacionales.

Ramos Herrería, quien ha sido detenida en numerosas ocasiones por participar en marchas pacíficas, es una de las figuras más visibles del movimiento femenino. En los últimos años ha sufrido represalias laborales, vigilancia en su domicilio y cortes de comunicaciones, medidas que —según denuncian las Damas de Blanco— forman parte de una política estatal de intimidación.

Una lucha que persiste

Pese a los obstáculos, las Damas de Blanco aseguran que continuarán su labor. “Seguiremos exigiendo la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos”, declaró Soler en un mensaje difundido en redes sociales.

El caso de Leticia Ramos Herrería pone nuevamente en evidencia la falta de garantías legales en Cuba y la vulnerabilidad de los activistas ante el aparato represivo del Estado. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación el deterioro de las libertades en la isla y la persistencia de prácticas que violan abiertamente los tratados internacionales suscritos por el gobierno cubano.