El centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, instalado en pleno corazón de los Everglades de Florida, se ha convertido en el epicentro de una profunda controversia nacional. Para la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, esta instalación representa el futuro del sistema migratorio estadounidense: austero, eficiente y de rápida ejecución. Sin embargo, para críticos y defensores de derechos humanos, simboliza una peligrosa deriva autoritaria en la gestión de la inmigración en Estados Unidos.
En una entrevista exclusiva con CBS News, Noem aseguró que el complejo es el “modelo operativo” que planea replicar en otros estados del país. Actualmente, su equipo evalúa la creación de instalaciones similares en Arizona, Nebraska y Luisiana, todas ubicadas junto a aeropuertos con el fin de facilitar deportaciones inmediatas. «Las ubicaciones que estamos buscando están justo al lado de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos que nos ayudarán a tener una eficiencia que nunca antes habíamos tenido», afirmó.
A diferencia del centro Alligator Alcatraz, que funciona con financiamiento proveniente de un programa federal administrado por FEMA y destinado a cubrir refugio, alimentación y transporte, la gobernadora Kristi Noem anunció que su propuesta estatal se apoyará en un nuevo fondo de $45 mil millones asignado a ICE. Este presupuesto se aprobó recientemente como parte de la ambiciosa legislación conocida como el “gran y hermoso proyecto de ley” promovido por el presidente Trump.
Dichos recursos están específicamente dirigidos a fortalecer la infraestructura de detención migratoria, lo que permitirá a ICE ampliar casi al doble su capacidad actual de alojamiento, que alcanza las 61,000 camas. De acuerdo con datos recientes, hasta el sábado pasado había más de 57,000 personas detenidas por ICE en más de 150 centros distribuidos por todo el país.
Noem, quien ha establecido una política a nivel departamental dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para revisar y autorizar personalmente todos los contratos que superen los $100,000, afirmó que su administración ha promovido como modelo los acuerdos de detención de ICE con una duración inferior a cinco años. Como ejemplo, mencionó el caso de Alligator Alcatraz, cuyo contrato tiene una vigencia inicial de un año, con opción de renovación.
«Para mí, personalmente, la pregunta que le he hecho a cada uno de estos contratos es, ¿por qué estamos firmando acuerdos de 15 años? Tengo que mirar nuestra misión. Si todavía estamos construyendo y procesando 100,000 camas de detención dentro de 15 años, entonces no hicimos nuestro trabajo», señaló Noem.
Un centro rodeado de pantanos… y polémica
“Alligator Alcatraz” fue construido en apenas ocho días en terrenos del Aeropuerto Dade-Collier, en el interior de la Reserva Nacional Big Cypress, al oeste de Miami. Su estructura principal está compuesta por tiendas de campaña militares, módulos temporales y cercas electrificadas, todo ello rodeado de casi 40 millas cuadradas de terreno pantanoso y caimanes. El aislamiento natural no es accidental: según las autoridades, forma parte del diseño de seguridad.
El contrato inicial para su operación asciende a 450 millones de dólares anuales y contempla una capacidad de 3 000 camas. Kristi Noem ha defendido este enfoque como una forma más barata y eficiente de procesar a los inmigrantes irregulares, en comparación con los contratos anteriores de ICE con cárceles locales o privadas. Según sus cálculos, el costo por cama es de aproximadamente 245 dólares por noche, una cifra “razonable” para un sistema que busca acelerar deportaciones y reducir el hacinamiento.
Sin embargo, Noem aseguró que no percibe que Estados Unidos esté abandonando el modelo basado en la detención privada. «Quiero decir, estos son contratos competitivos», dijo. «Quiero que todos estén en la mesa, dándonos soluciones. Solo quiero que nos den un contrato que realmente haga el trabajo, un contrato que no ponga más dinero en sus bolsillos mientras mantiene a las personas en camas de detención solo por el bien de ese contrato».
Demandas por violaciones de derechos
A pesar de la narrativa oficial, múltiples organizaciones de derechos civiles han denunciado severas irregularidades en el centro. Abogados que lograron ingresar tras una orden judicial han reportado que algunos migrantes firmaron documentos sin entenderlos, incluyendo renuncias a audiencias o acuerdos de deportación voluntaria.
“Hay personas que han estado allí por semanas sin acceso legal ni cargos formales. Es un limbo jurídico que recuerda a Guantánamo”, denunció uno de los abogados al salir del centro.
Asimismo, congresistas demócratas que visitaron la instalación la calificaron de “precaria, antihigiénica e inhumana”. En su informe preliminar, destacaron que había falta de agua potable, alimentos en mal estado con larvas, condiciones sanitarias deficientes y una ausencia casi total de acceso a atención médica o religiosa.
Organizaciones como la ACLU han comenzado a presentar demandas colectivas en nombre de los detenidos, alegando violaciones a los derechos constitucionales al debido proceso, libertad religiosa y representación legal.
Una amenaza ambiental y cultural
Las críticas no se limitan al ámbito legal. Ambientalistas, científicos y líderes indígenas han denunciado la construcción del centro como un atropello a un ecosistema protegido y a tierras culturalmente sagradas. La reserva Big Cypress es hogar de especies en peligro de extinción, como la pantera de Florida y el manatí antillano, y forma parte del sistema de humedales de los Everglades, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental ni consulta previa a comunidades indígenas. Las tribus Miccosukee y Seminole han presentado demandas federales por violación de sus derechos y reclaman que la zona donde se ubica el centro ha sido históricamente utilizada para ceremonias ancestrales.
“Han convertido un santuario natural en una prisión improvisada”, declaró un portavoz de la tribu Miccosukee.
Opinión pública dividida
Según una encuesta nacional de YouGov realizada el 4 de julio, el 48 % de los estadounidenses se opone a “Alligator Alcatraz”, mientras que un 33 % lo apoya y el resto se declara indeciso. El rechazo es más fuerte entre mujeres, jóvenes e independientes. Entre votantes republicanos, en cambio, el centro goza de un 64 % de aprobación.
El debate en torno al centro también se ha colado en la campaña presidencial, donde el expresidente Donald Trump ha elogiado el modelo y ha prometido ampliarlo si regresa a la Casa Blanca. Por su parte, activistas y organizaciones migrantes temen que este tipo de instalaciones se conviertan en la norma durante una eventual segunda administración republicana.
¿El futuro de la detención migratoria?
“Alligator Alcatraz” se presenta como una solución de emergencia ante el aumento de cruces fronterizos, pero sus implicaciones legales, ambientales y morales son profundas. La estrategia de Kristi Noem busca consolidar un nuevo paradigma en la aplicación de leyes migratorias, centralizado, acelerado y menos dependiente de estructuras judiciales tradicionales.
Sin embargo, el costo humano y ecológico de este enfoque ya ha encendido alarmas a nivel nacional e internacional. Mientras las demandas avanzan en tribunales y los informes se acumulan, el centro de detención en los pantanos de Florida se ha convertido en un símbolo de la actual encrucijada migratoria de Estados Unidos: entre la seguridad y los derechos, entre la eficiencia y la dignidad humana.
