El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó una nueva advertencia sobre el impacto de los impuestos a la propiedad en la vida de los residentes del estado. Según el mandatario, el aumento constante de las valorizaciones inmobiliarias está provocando que muchas familias vean crecer sus cargas fiscales hasta niveles que podrían obligarlas a abandonar sus hogares.
“No podemos permitir que nuestros ciudadanos sean expulsados de sus casas por los impuestos a la propiedad» declaró DeSantis, insistiendo en que el sistema actual resulta injusto y exige una revisión profunda.
Casey DeSantis, esposa del gobernador difundió en la red social X varios extractos del mensaje de su esposo. En ellos, el gobernador alertaba sobre el efecto de los llamados “aumentos no realizados” en el valor de las propiedades, una práctica que, según denunció, se traduce en cargas fiscales más altas para los propietarios, aun cuando no hayan vendido sus inmuebles ni obtenido ganancias reales por esa revalorización.
El problema de las “ganancias no realizadas”
El gobernador señaló que uno de los mayores defectos del modelo fiscal vigente es que los propietarios terminan pagando más por el simple hecho de que sus casas aumenten de valor, aunque no hayan obtenido ningún beneficio económico inmediato. Este fenómeno, conocido como “ganancias no realizadas”, se ha acentuado en Florida debido al dinamismo del mercado inmobiliario, que registra incrementos sostenidos en áreas urbanas como Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
“¿Cuándo llega el momento en que realmente eres dueño de tu hogar, libre y claro?”, dijo en el pasado DeSantis quien ha comparado el sistema del presente con una deuda eterna al estado.
En algunos sectores del condado Miami-Dade, los residentes han visto incrementos de hasta un 9 % en las proyecciones de 2025, una cifra que, aunque más moderada que en años anteriores, sigue siendo un desafío para las familias de ingresos medios y fijos.
Medidas inmediatas: reembolso de $1.000 y protección a residentes
DeSantis ha planteado un paquete de alivio que incluye un reembolso de 1.000 dólares a propietarios de vivienda principal, con la intención de amortiguar el impacto inmediato de los impuestos. La iniciativa busca beneficiar exclusivamente a residentes permanentes de Florida, excluyendo a turistas o inversionistas que no habitan en el estado.
El gobernador también ha respaldado leyes de protección para propietarios de condominios, además de reformas para contener los costos de mantenimiento en edificios residenciales, en un contexto marcado por el colapso del edificio Champlain Towers en Surfside en 2021, que impulsó nuevas regulaciones de seguridad estructural.
La meta a largo plazo: eliminar el impuesto a la propiedad
Más allá de las medidas coyunturales, DeSantis tiene una meta ambiciosa: abolir por completo el impuesto a la propiedad en Florida. Para lograrlo, sería necesaria una reforma constitucional aprobada en referéndum con al menos un 60 % de votos a favor, lo que convierte la iniciativa en un enorme reto político.
La eliminación del impuesto supondría reconfigurar la manera en que se financian servicios esenciales como escuelas, bomberos y policías, que dependen en gran medida de esta recaudación local. Críticos sostienen que la medida podría desfinanciar a los condados y obligar a buscar nuevas fuentes de ingresos, como un impuesto estatal a las ventas más alto o recortes en programas sociales.
Un patrón de reducción fiscal
El debate actual se suma a otras medidas recientes del gobernador. En julio, Florida eliminó el impuesto estatal del 2 % sobre arrendamientos comerciales, una decisión celebrada por empresarios pero cuestionada por quienes alertan sobre la pérdida de recursos públicos.
Estas acciones forman parte de la estrategia de DeSantis de consolidar a Florida como uno de los estados con menor carga impositiva del país, una identidad que atrae a migrantes internos de estados con mayores impuestos, como Nueva York y California.
Contexto político y resistencias
La propuesta de eliminar el impuesto a la propiedad ha generado un intenso debate en la legislatura estatal. Mientras sus partidarios argumentan que aliviaría a los contribuyentes y reforzaría el atractivo económico del estado, sus detractores consideran que los cheques de 1.000 dólares son medidas populistas y que abolir el impuesto pondría en riesgo la estabilidad financiera de los gobiernos locales.
Algunos analistas sostienen que la iniciativa también responde a la estrategia política de DeSantis de fortalecer su imagen como líder fiscal conservador, en momentos en que mantiene ambiciones nacionales y busca consolidar su base electoral.
El dilema de los residentes
Para muchos floridanos, especialmente jubilados y familias de clase media, los impuestos a la propiedad representan un peso creciente en sus presupuestos. Organizaciones comunitarias han advertido que, sin medidas de alivio, algunos propietarios podrían verse forzados a vender sus casas en vecindarios donde vivieron durante décadas.
Al mismo tiempo, expertos en políticas públicas recuerdan que sin impuestos locales robustos es difícil sostener servicios básicos como la educación pública y la seguridad. El desafío, coinciden, es encontrar un equilibrio entre la protección a los propietarios y la financiación de las necesidades colectivas.
Un debate con impacto nacional
La discusión en Florida no se limita al ámbito estatal. La advertencia de DeSantis se inserta en un debate nacional sobre cómo financiar servicios públicos sin desalentar la propiedad y la inversión. En estados como Texas, donde también existe un alto nivel de presión fiscal sobre las propiedades, se han planteado reformas similares.
El desenlace de esta iniciativa en Florida podría convertirse en un precedente para otras regiones del país, especialmente en un contexto donde la inflación, los altos costos de vivienda y la migración interna están redefiniendo el mapa demográfico y económico de Estados Unidos.