Respiran los conductores: juez bloquea prohibiciones a las licencias de miles de inmigrantes en EE.UU

La política migratoria y la regulación del transporte en Estados Unidos volvieron a cruzarse esta semana luego de que una corte de apelaciones del Distrito de Columbia suspendiera temporalmente la nueva normativa del Departamento de Transporte (DOT) que buscaba restringir profundamente el acceso de inmigrantes a licencias comerciales de conducir (CDL).

La disposición había sido anunciada en septiembre por el secretario de Transporte, Sean Duffy, en respuesta a un accidente fatal en Florida que generó un debate nacional sobre la seguridad en carretera y la presencia de conductores sin estatus migratorio regular.

Una suspensión que cuestiona el fundamento del gobierno

En su dictamen, el tribunal sostuvo que el gobierno federal no cumplió con el proceso administrativo requerido, especialmente en lo referente a períodos de comentarios públicos, estudios de impacto y justificación técnica. Además, cuestionó la premisa central de la norma: que los inmigrantes representan un riesgo superior en materia de seguridad vial.

La corte citó datos de la propia Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), que indican que los inmigrantes con licencias comerciales constituyen alrededor del 5% de los titulares, pero solo están involucrados en 0.2% de los accidentes fatales. Esta brecha, señalaron los magistrados, debilita seriamente la justificación del DOT, que buscaba imponer una de las regulaciones más estrictas en la historia reciente para conductores comerciales no ciudadanos.

Accidentes recientes como argumento político

El impulso regulatorio tiene su origen en una serie de accidentes que cobraron titulares en 2024 y 2025. El más citado por Duffy ocurrió en Florida, donde un conductor identificado como Harjinder Singh —quien carecía de estatus legal— realizó un giro en U ilegal que dejó tres muertos. Singh compareció esta semana ante un juez en St. Lucie County y se declaró inocente de tres cargos de homicidio vehicular y tres de homicidio culposo.

Otros incidentes graves en Texas, Alabama y California han sido mencionados por el secretario como evidencia de un problema nacional, pese a que la corte destacó que no existe correlación estadística de riesgo entre estatus migratorio y accidentes fatales.

California, epicentro de la controversia regulatoria

California se ha convertido en el estado más afectado por la disputa. Una auditoría reveló que miles de inmigrantes recibieron licencias comerciales aun cuando sus permisos de trabajo habían expirado, lo que llevó al estado a revocar 17,000 licencias en los últimos días.

El secretario Duffy ha acusado a California y a otros cinco estados de emitir licencias de manera inadecuada, pero hasta ahora solo ha tomado medidas directas contra el estado gobernado por Gavin Newsom. Las revisiones en los demás estados se han retrasado por el reciente cierre del gobierno federal.

La oficina de Newsom, por su parte, sostuvo que California simplemente siguió las directrices proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permite la emisión de licencias a ciertos no ciudadanos bajo estándares establecidos a nivel federal.

El contenido de la norma: un recorte drástico en la elegibilidad

La regla suspendida establecía que solo inmigrantes con visas muy específicas —H-2A, H-2B y E-2— podrían solicitar licencias comerciales. Entre sus elementos centrales se incluían:

• Obligación de los estados de verificar estatus migratorio en bases de datos federales en tiempo real.
• Vigencia máxima de un año para las licencias comerciales de no ciudadanos.
• Restricciones que reducían de 200,000 a solo 10,000 los inmigrantes elegibles en todo el país.
• No aplicaría retroactivamente, por lo que los conductores actuales podrían conservar la licencia hasta su renovación.

Las visas H-2A y H-2B corresponden a trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas, mientras que la visa E-2 se otorga a inversionistas extranjeros. No incluye a portadores de permisos humanitarios, solicitantes de asilo, TPS, parole ni otros programas temporales ampliamente utilizados por la comunidad inmigrante.

Impacto en la industria del transporte: un sector dependiente de inmigrantes

El fallo llega en un momento crítico para la industria del transporte y la logística, que atraviesa un déficit de entre 60,000 y 80,000 camioneros, según cifras de asociaciones del sector. Diversos estudios señalan que los inmigrantes, incluidos aquellos con permisos temporales, han sido fundamentales para cubrir vacantes, especialmente en rutas de larga distancia que sufren una alta rotación laboral.

A pesar de ello, grupos como la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores apoyaron la regla, alegando que existían “lagunas” que permitían que conductores no calificados ingresaran al sistema. Sin embargo, economistas de transporte advierten que la medida, de aplicarse, dejaría a miles de empleadores sin personal suficiente y afectaría la cadena de suministros en un momento de desaceleración económica.

“Durante demasiado tiempo, las lagunas en este programa han permitido que conductores no calificados ingresen a nuestras carreteras, poniendo en riesgo a los camioneros profesionales y al público automovilista”, resaltó el presidente de la asociación de Transporte Todd Spencer.

Presiones federales y consecuencias financieras para los estados

La confrontación entre Duffy y California se ha intensificado. El secretario ya retiró $40 millones en fondos federales argumentando que el estado no aplica los requisitos de inglés para la obtención de licencias, y advirtió que podría recortar otros $160 millones si no se invalidan todas las licencias que considere irregulares.

Esto coloca a California en un dilema entre defender su sistema de licencias —responsable de más de 27 millones de conductores— y evitar sanciones federales en un momento de ajustes presupuestarios.

Un fallo que no cierra el debate

Aunque la corte suspendió temporalmente la norma, el caso continuará en litigio. Paralelamente, un proyecto de ley en el Congreso busca convertir las restricciones en legislación federal, una iniciativa que podría redefinir quién puede manejar un camión o autobús en Estados Unidos.

Para defensores de derechos de inmigrantes, sindicatos de camioneros y activistas, la decisión judicial es un respiro momentáneo en un entorno donde las políticas migratorias se han endurecido drásticamente bajo la administración Trump. Para los opositores, la suspensión significa que persisten las preocupaciones de seguridad que motivaron la propuesta original.

Un futuro incierto para miles de conductores

Mientras las autoridades federales y estatales se enfrentan legal y políticamente, unos 200,000 conductores inmigrantes continúan dependiendo de sus licencias comerciales para trabajar y sostener a sus familias. Una eventual reinstalación de la norma —o una ley del Congreso que la formalice— podría afectar tanto a los trabajadores como a las industrias que dependen de ellos.

Por ahora, la suspensión judicial mantiene el status quo, pero el debate sobre seguridad vial, estatus migratorio y la fuerza laboral del transporte promete seguir siendo uno de los más intensos y divisivos en la agenda nacional.