Según una nueva normativa establecida por la División de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV), los inmigrantes legales en Florida que carecen de estatus de residencia permanente deberán actualizar anualmente sus licencias de conducir o tarjetas de identificación.
La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade dio a conocer el pasado 3 de mayo esta nueva medida indicando que las licencias y tarjetas para estas personas tendrán un período de vigencia de un año sin tener en cuenta que su estatus les permita permanecer en Estados Unidos por más tiempo.
Según el FLHSMV, y de acuerdo a los Estatutos de Florida 322.051 y 322.18, todas las licencias y identificaciones otorgadas a no inmigrantes tendrán validez únicamente hasta la fecha de caducidad de su documentación del del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), sin exceder el plazo de un año, indica el comunicado oficial.
Esto implica que aquellos que esperan recibir asilo político y poseen permisos de trabajo válidos por un período de hasta cinco años, deberán renovar su trámite anualmente. Esto conlleva abonar nuevas tarifas y esperar en extensas filas en oficinas donde este servicio es muy solicitado.
La normativa no tiene impacto en los poseedores de residencias permanentes, pero sí influye en las personas que cuentan con visas laborales o autorizaciones temporales para residir en el estado del sur.
El acceso a licencias en Florida se vuelve más difícil, sobre todo en condados como Miami-Dade, donde las oficinas del DMV enfrentan problemas debido a su tecnología anticuada, la falta de personal y una demanda cada vez mayor de citas. De igual forma la puesta en marcha obligatoria de la REAL ID a partir del 7 de mayo ha generado un gran cúmulo de afluencia a las oficinas.
Últimamente, debido al aumento de revendedores de entradas, la Asamblea Legislativa de Florida decidió implementar una normativa que castiga esta práctica con sanciones que pueden llegar a mil dólares y un año de prisión.
En el condado de Miami-Dade, las sanciones por violaciones pueden llegar a ser de hasta 500 dólares por cada delito.
Hay quienes creen que es un proceso engorroso como Fabiola Durán quien tiene un proceso de asilo pendiente y cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta el 2029 año en el cual debía expirar su licencia de conducción antes de que se pusiera en vigor la nueva medida. «Están diciendo que, aunque tengamos el permiso de trabajo durante cinco años solamente va a quedar para un año», explicó Durán.
Paloma Gómez otra inmigrante manifestó su oposición a la iniciativa de la DMV y dejó entrever que todos los años deberán pagar por este servicio. «Para todos los que estamos en un proceso migratorio que todavía no se define cuando se va a resolver es un poco incómodo porque todos los años tienes que estar pagando la renovación», lamentó Gómez.
Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos de Miami-Dade al respecto señaló: «Si usted viene con sus documentos y estos están vigentes por seis meses nosotros le damos la licencia de conducir por seis meses. Si el documento está vigente por cuatro años nosotros tenemos que dártela por un año».
