Lo que debía ser un regreso tranquilo de unas vacaciones en las Bahamas se convirtió en un momento angustiante para Sonny Lasquite, un residente legal permanente de origen filipino que lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos. El 28 de julio de 2025, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en el aeropuerto, reactivando un viejo caso penal de 2012 que, hasta ese día, parecía parte de un pasado superado.
Un viaje interrumpido en la frontera
Lasquite, quien llegó a Estados Unidos hace 23 años, había construido una vida estable: trabajo, vínculos comunitarios y un historial de residencia pacífica. Sin embargo, al pasar por el control migratorio en su regreso, su nombre apareció vinculado a una alerta por un antecedente penal relacionado con distribución de medicamentos controlados ocurrido hace más de una década.
Según documentos judiciales, en 2012 fue acusado por la venta de sustancias como diazepam, alprazolam, zolpidem y carisoprodol. A cambio de colaborar con las autoridades e identificar a otras personas implicadas, recibió una sentencia reducida: tiempo cumplido y una multa de 200 dólares. Desde entonces, no volvió a enfrentar problemas con la ley.
Según relatan sus allegados, desde entonces Lasquite ha mantenido una trayectoria de vida estable, sin conflictos con la ley y centrada en el bienestar de su familia. En un esfuerzo por evitar su deportación, amigos y familiares pusieron en marcha una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir 30.000 dólares destinados a su defensa legal y otros gastos. Para el lunes, la iniciativa había logrado recaudar cerca de 11.600 dólares gracias a las contribuciones de 56 donantes, reflejando el apoyo y la solidaridad de su comunidad.
Desde su detención, el estado de salud de Lasquite se ha deteriorado notablemente. Según denuncia su familia, no ha recibido la atención médica necesaria ni en el momento oportuno, a pesar de padecer hipertensión y haber presentado recientemente un cuadro de fiebre.
La ley migratoria y el peso del pasado
Aunque muchos creen que tener una “green card” es una garantía de permanencia indefinida, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que ciertos delitos, especialmente los clasificados como “delitos agravados” o relacionados con drogas, pueden hacer a un residente legal inadmisible al reingresar al país, incluso si el delito ocurrió hace muchos años y la condena fue mínima.
El paso por aduanas y control fronterizo funciona, legalmente, como una nueva “entrada” a Estados Unidos. En ese momento, los oficiales de ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden reactivar órdenes o procedimientos migratorios basados en antecedentes pasados.
Un patrón que preocupa
El caso de Lasquite no es aislado. En los últimos meses, se han reportado detenciones similares:
- Un científico surcoreano con residencia permanente fue detenido en San Francisco y retenido durante una semana sin explicación clara.
- Un ciudadano alemán con “green card” denunció haber sido interrogado violentamente en Boston, lo que provocó protestas diplomáticas.
Defensores de inmigrantes advierten que se trata de un endurecimiento de las políticas migratorias, donde el historial legal, sin importar cuán antiguo sea, se está utilizando de manera más agresiva para justificar detenciones y posibles deportaciones.
Impacto humano y social
Para Lasquite, el riesgo va más allá de un procedimiento administrativo: podría enfrentar la deportación a un país que dejó hace más de dos décadas, donde ya no tiene lazos directos ni estabilidad económica. Además, su detención envía un mensaje inquietante a la comunidad inmigrante: la residencia permanente no es sinónimo de seguridad absoluta.
Abogados de inmigración señalan que el caso abre un debate sobre la proporcionalidad y la justicia en la aplicación de la ley: “La rehabilitación y los años de conducta intachable deberían ser un factor determinante”, afirma un abogado consultado. “Pero en la práctica, la ley castiga indefinidamente por errores del pasado”.
Lo que viene
La defensa de Lasquite planea apelar, buscando detener cualquier proceso de expulsión y argumentando su fuerte arraigo en el país. Mientras tanto, el caso podría convertirse en un precedente más dentro de una tendencia creciente de revisar y aplicar con rigor los antecedentes penales de residentes legales al momento de su reingreso.
