Residente legal con Green Card detenida por ICE tras aprobar examen de ciudadanía

La historia de Sharareh Moghadam, una residente legal en Estados Unidos ha generado conmoción en Los Ángeles y en la comunidad migrante del país. La mujer, que según su esposo aprobó el examen de ciudadanía y esperaba la ceremonia de naturalización, terminó detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudía a lo que pensaba era un trámite más en su proceso migratorio.

De la ilusión a la detención

Moghadam asistió recientemente a una cita con autoridades migratorias en Los Ángeles. La familia pensaba que sería uno de los últimos pasos hacia su naturalización, sin embargo, en lugar de recibir una fecha para su juramento como ciudadana estadounidense, quedó detenida y trasladada a un centro de detención en Phoenix, Arizona.

Su esposo, Hooshang Aghdassi, asegura que su cónyuge no tiene antecedentes criminales y que la detención representa una injusticia que amenaza con truncar años de esfuerzo y estabilidad en el país. «Tenía la tarjeta verde y aprobó el examen de ciudadanía y estaba esperando la ceremonia. Ella no es una ladrona de bancos, ni ladrona, ni criminal», explicó a NBC Los Ángeles

La versión de ICE

La agencia migratoria ofreció una versión distinta. Según ICE, Moghadam cuenta con antecedentes penales por dos condenas de robo cometidas entre 2015 y 2019, lo que la haría deportable bajo la ley de inmigración estadounidense. Estas circunstancias, señalan, justifican su detención a pesar de que contaba con residencia permanente y estaba en proceso de convertirse en ciudadana.

«Los informes de que Sharareh Moghaddam no tiene antecedentes penales son completamente FALSOS y solo se utilizan para tratar de obtener apoyo para un ladrón. Sharareh no es ciudadana de los Estados Unidos, es nativa de Irán con antecedentes penales documentados que se remontan a 2015», dice un comunicado de un vocero de ICE.

Este choque de narrativas entre la familia y la agencia federal ha colocado el caso en el centro del debate sobre cómo se aplican las leyes migratorias y hasta qué punto los residentes legales pueden ver comprometido su estatus por antecedentes en su historial.

El caso de Moghadam refleja la intensificación de las redadas y arrestos migratorios en el segundo mandato de Donald Trump, cuando las autoridades federales endurecieron su estrategia de control fronterizo. De acuerdo con cifras recientes de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, desde enero se han detenido a casi 61,000 migrantes en diferentes puntos del país.

Las estadísticas muestran que cerca del 29% de los arrestados tenía condenas previas, un 25.6% enfrentaba procesos penales pendientes y el 45% restante se incluye en la categoría de “otras infracciones migratorias”, un renglón amplio que abarca múltiples situaciones de irregularidad.

Casos como este han encendido alarmas sobre los métodos utilizados en la aplicación de la ley migratoria. En Alabama, por ejemplo, agentes de ICE arrestaron recientemente a Giovanna Hernández-Martínez, una joven mexicana de 24 años que llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía siete. La detención ocurrió tras una parada de tráfico y, pese a no contar con antecedentes penales, fue trasladada a un centro de detención bajo custodia federal.

Apoyo comunitario y presión política

Moghadam y su esposo son dueños de una pequeña tienda de globos en su vecindario, un negocio que ha servido como punto de encuentro para clientes y vecinos. Tras conocerse la detención, muchos residentes han expresado su respaldo a la familia, iniciando una petición dirigida a legisladores para que intervengan en el caso antes de la próxima audiencia migratoria.

La comunidad insiste en que se trata de una mujer trabajadora y con arraigo local, cuyo aporte debería ser valorado en lugar de castigado con la deportación.

En Georgia, el caso de Alma Bowman, de 59 años, también ha generado controversia. La mujer lleva meses bajo custodia de ICE a pesar de haber residido en Estados Unidos desde los 10 años. Nacida en Filipinas, hija de un ciudadano estadounidense, siempre creyó que tenía derecho a la ciudadanía. Sin embargo, su situación se ha visto complicada: según explicó su abogada, Samantha Hamilton, a Georgia Public Broadcasting, las autoridades exigen pruebas de ADN de su padre —ya fallecido— para reconocer su reclamo.

Un caso que refleja un clima más estricto

La situación de Moghadam ocurre en un contexto en el que la administración de Donald Trump ha reforzado la aplicación estricta de las leyes migratorias. Bajo estas directrices, los agentes de ICE cuentan con menos margen de discrecionalidad, incluso en casos de residentes legales que ya habían avanzado en sus procesos de ciudadanía.

Este giro de política ha encendido el debate sobre los límites del sistema y el riesgo de que personas con años de vida estable en el país sean separadas de sus familias y comunidades.