El juicio contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, comenzó este martes a las 9:30 am en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado de sede judicial de 110 y 35 en el municipio de Marianao, en La Habana, bajo un estricto operativo de seguridad y total hermetismo.
Según reveló el medio CiberCuba, las autoridades impidieron la entrada de su hija, Laura María Gil González, al tribunal, pese a que había expresado su deseo de acompañar a su padre en el proceso penal. En contraste, a su hermano Alejandro Arnaldo Gil González sí lo autorizaron a ingresar, lo que ha despertado críticas por el trato desigual y la falta de transparencia.
“Dejaron al hijo Alejandro Arnaldo Gil González y vetaron a la hija Laura María Gil. Inaudito”, dijo la fuente que al parecer es cercana a la familia. Asimismo, señalaron que a la familia no le informaron oficialmente de la fecha del juicio, sino que se enteraron por la televisión estatal, cuando el gobierno anunció el inicio del proceso. Laura María denunció además que sus comunicaciones se vieron restringidas durante el día en que se hizo público el anuncio, lo que impidió que pudiera coordinar su asistencia.
Un proceso judicial blindado y sin acceso público
El juicio se desarrolla a puerta cerrada, sin presencia de prensa independiente ni acceso para observadores internacionales o familiares más allá de los aprobados por la Seguridad del Estado. Vecinos y testigos reportaron la presencia de decenas de agentes vestidos de civil, calles bloqueadas y comercios cerrados en las inmediaciones del tribunal, un despliegue que busca impedir cualquier intento de filmar o divulgar información del proceso.
Las autoridades cubanas justifican el nivel de secretismo bajo el argumento de “razones de seguridad nacional”, aunque organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes consideran que se trata de una estrategia para controlar el relato y evitar la filtración de detalles incómodos sobre el caso.
Acusaciones que podrían llevar a cadena perpetua
Gil Fernández enfrenta acusaciones de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos. Según las fuentes, la Fiscalía General de la República solicita cadena perpetua, una pena inusualmente severa incluso para los estándares del sistema judicial cubano.
El exministro fue destituido de su cargo en 2024, tras más de cinco años al frente del Ministerio de Economía, en un momento de grave crisis financiera y alimentaria en la isla. Durante su gestión, fue el principal impulsor de la llamada “Tarea Ordenamiento”, la reforma económica más ambiciosa y controversial del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Aunque en su momento fue presentado como el arquitecto de la recuperación económica, la caída de Gil coincidió con acusaciones de corrupción y desvío de fondos vinculados al comercio exterior, así como con un creciente descontento dentro del Partido Comunista y el Consejo de Ministros.
La familia Gil bajo la sombra del poder
La exclusión de Laura María Gil del juicio ha reavivado las especulaciones sobre divisiones internas dentro del aparato gubernamental. Tanto ella como su hermano trabajaron durante años en el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), en cargos relacionados con promoción de exportaciones e inversiones, lo que en su momento desató acusaciones de nepotismo por su parentesco con el entonces ministro.
Laura María, quien días atrás había calificado como “una total manipulación” las acusaciones contra su padre, expresó su deseo de estar presente en el juicio, aun sabiendo que enfrentaba diversas restricciones para hacerlo.
En redes sociales, algunos usuarios han interpretado la negativa a permitirle asistir al juicio como una señal de represalia política o intento de aislar a la familia Gil, que hasta hace poco formaba parte de la élite tecnocrática del gobierno.
Contexto político: una purga en el círculo económico
El caso de Alejandro Gil no se produce en un vacío. Forma parte de un proceso más amplio de depuración interna en las estructuras económicas del Estado cubano, que ha alcanzado a exfuncionarios, empresarios estatales y cuadros vinculados al comercio exterior y las inversiones mixtas.
Su arresto y posterior acusación ocurrieron pocos meses después de que otros altos cargos fueran destituidos por presuntas irregularidades financieras, en medio de una ofensiva política para reafirmar el control del Partido sobre la economía.
Analistas consultados por medios independientes sostienen que el proceso tiene un componente más político que penal, ya que el gobierno intenta deslindar responsabilidades por el fracaso económico nacional, responsabilizando a figuras cercanas a Díaz-Canel que alguna vez gozaron de plena confianza.
Un juicio que podría redefinir el equilibrio del poder
El proceso judicial contra Alejandro Gil se perfila como uno de los más significativos de las últimas décadas. No solo pone en la mira a un exministro considerado hasta hace poco un “hombre fuerte” del gobierno, sino que también evidencia la creciente opacidad institucional y la militarización del sistema judicial en Cuba.
La censura mediática, la exclusión familiar y el despliegue de seguridad en torno al tribunal refuerzan la percepción de que se trata de un juicio político, más orientado a enviar un mensaje de disciplina al aparato estatal que a esclarecer responsabilidades legales.
Reacciones y silencio oficial
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha ofrecido declaraciones públicas sobre las denuncias de exclusión de familiares ni sobre las condiciones del proceso. En redes sociales, ciudadanos y exiliados han denunciado la situación como una muestra del control total del Estado sobre la justicia, mientras que activistas piden la intervención de organismos internacionales para garantizar un proceso justo y transparente.
El juicio a Alejandro Gil Fernández, marcado por el hermetismo, la censura y el miedo, se ha convertido en un símbolo del momento político que vive Cuba: un régimen que prioriza la lealtad sobre la legalidad y el silencio sobre la transparencia. La exclusión de su hija, Laura María Gil, no solo expone la dureza del sistema, sino también la fragilidad de quienes alguna vez formaron parte de él.
