El esperado juicio contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba, iniciará este martes 11 de noviembre en horas de la mañana bajo un fuerte hermetismo. Las autoridades confirmaron que el proceso no será televisado ni abierto al público, lo que ha generado un intenso debate dentro y fuera de la isla sobre la transparencia y motivaciones políticas detrás del caso.
Un proceso judicial sin cámaras ni testigos externos
Según el medio Periódico Cubano el juicio tendrá lugar en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular que se ubica frente al Capitolio de La Habana. El régimen ha decidido que el juicio se realice a puerta cerrada, sin presencia de la prensa extranjera ni nacional, y sin transmisión televisiva, como sí ocurrió con otros procesos anteriores de carácter político o mediático.
La Fiscalía General de la República sostiene que la investigación ha sido “exhaustiva, objetiva y ajustada al debido proceso”, afirmando que las pruebas presentadas son contundentes. Sin embargo, la ausencia de acceso público y la falta de detalles oficiales alimentan sospechas sobre un posible control político del relato judicial, especialmente considerando el perfil del acusado y el contexto crítico que vive el país.
Acusaciones graves: de espionaje a lavado de activos
Gil Fernández enfrenta múltiples cargos, entre ellos espionaje, corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, falsificación de documentos, evasión fiscal y lavado de activos. Las autoridades no han revelado los detalles de las pruebas, ni si otras figuras del gobierno o del sector empresarial están implicadas.
Fuentes no oficiales señalan que el exministro habría manejado información económica sensible y vínculos financieros irregulares con entidades extranjeras, algo que el régimen podría interpretar como “traición a la confianza del Estado”.
De figura clave del “ordenamiento monetario” a acusado por corrupción
Hasta hace poco, Alejandro Gil era considerado uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Miguel Díaz-Canel, y uno de los arquitectos del llamado “ordenamiento monetario”, la reforma económica que pretendía unificar las monedas cubanas y reestructurar el sistema salarial y empresarial.
Durante su gestión, fue un defensor visible del modelo socialista, asegurando que las transformaciones económicas de Cuba eran “irreversibles”. En múltiples apariciones televisivas, explicó la necesidad de mantener el control estatal sobre la economía y advirtió contra la “mentalidad importadora” y el “consumismo improductivo”.
Su destitución en marzo de 2024, anunciada en una breve nota oficial, sorprendió incluso a sectores del propio Partido Comunista. El comunicado alegaba que había cometido “errores graves” en el ejercicio de sus funciones, pero no ofrecía detalles, poco después la Seguridad del Estado lo arrestó.
El hermetismo oficial y el silencio mediático
El juicio contra Gil contrasta con otros procesos judiciales que el gobierno cubano ha usado como ejemplo de “justicia revolucionaria”, transmitiendo fragmentos por televisión para exhibir confesiones o condenas. En este caso, la ausencia total de cobertura alimenta la percepción de que el régimen busca controlar los daños políticos que pudiera generar la exposición pública de un exfuncionario de alto rango.
Analistas consideran que el caso podría tener un doble propósito: por un lado, enviar un mensaje de “tolerancia cero” a la corrupción dentro del aparato estatal, y por otro, reforzar la narrativa de que el colapso económico no es responsabilidad del liderazgo político, sino de “elementos desviados” dentro del propio sistema.
Reacciones familiares y demandas de transparencia
En redes sociales, varios usuarios han cuestionado la falta de transparencia del proceso. La hija de Alejandro Gil, en particular, solicitó mayor claridad sobre las acusaciones y pidió que el juicio se transmita, insistiendo en que su padre fue leal al país y al Partido Comunista.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han respondido públicamente a esas peticiones, ni han ofrecido detalles sobre la posible duración del juicio ni la fecha del fallo.
Contexto: un país en crisis y un régimen en busca de control
El proceso judicial ocurre mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas en décadas: inflación desbordada, desabastecimiento, apagones, migración masiva y creciente descontento social. En este contexto, el caso de Gil Fernández podría utilizarse como cortina de humo para desviar la atención de los problemas estructurales del modelo económico.
Además, su caída marca el fin de una etapa en la que se intentó presentar una imagen de modernización y eficiencia económica bajo Díaz-Canel. La falta de resultados tangibles y el fracaso del “ordenamiento” dejaron a Gil en el centro de las críticas, tanto internas como populares.
¿Justicia o ajuste político?
Diversos observadores creen que el juicio de Alejandro Gil será más político que judicial. Al no permitirse observadores independientes ni cobertura mediática, las conclusiones que se hagan públicas dependerán enteramente de la versión oficial del Estado cubano.
El proceso podría terminar en una sentencia ejemplarizante, que refuerce el control del Partido Comunista sobre sus cuadros medios y altos, recordando que la lealtad política prevalece sobre los logros técnicos o económicos.
