La economía de Estados Unidos atraviesa un momento complejo tras la salida de más de un millón de inmigrantes de su fuerza laboral, como resultado de las redadas migratorias intensificadas por la administración de Donald Trump. La disminución de este grupo de trabajadores, que representa un pilar fundamental en varios sectores productivos, genera repercusiones económicas, sociales y políticas de amplio alcance.
La magnitud de la pérdida
De acuerdo con estimaciones del Censo analizados por el Pew Research Center, los inmigrantes constituyen cerca del 20 % de la fuerza laboral estadounidense, con una presencia destacada en sectores como agricultura, construcción y servicios. La salida masiva de trabajadores en estas áreas ha desencadenado problemas inmediatos: en el campo, numerosas cosechas no han podido recolectarse a tiempo, lo que deriva en pérdidas millonarias para agricultores y cadenas de distribución.
“En mayo, durante la temporada de sandías y melones, muchos cultivos se perdieron”, manifestó Elizabeth Rodríguez, de la organización National Farmworker Ministry.
En la construcción, proyectos de infraestructura y obras privadas sufren retrasos debido a la falta de personal especializado en particular en Los Ángeles y Riverside, mientras que en el sector servicios, restaurantes, hoteles y comercios enfrentan dificultades para cubrir turnos y mantener la calidad de la atención. Este panorama se traduce en una disminución de la productividad y en tensiones crecientes para empleadores que no encuentran sustitutos disponibles en el mercado laboral local.
En el ámbito sanitario, especialistas señalan que cerca del 43% de los trabajadores de asistencia domiciliaria son inmigrantes, una situación que podría repercutir en millones de familias en Estados Unidos. “El cierre de la puerta a los inmigrantes no solo debilita la economía, también compromete la capacidad de atender a la población”, confesó Arnulfo De La Cruz, presidente del sindicato SEIU 2015 en California.
En respuesta a las críticas, la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, defendió este lunes los logros alcanzados por la política migratoria en un mensaje difundido a través de X.
“Este Día del Trabajo, Estados Unidos trabaja para los estadounidenses nuevamente. El 100% de los nuevos empleos ha ido a ciudadanos del país y 2,5 millones de personas han vuelto a trabajar desde enero. Bajo Biden, el 88% de los empleos fue para trabajadores nacidos en el extranjero. Mientras tanto, las reformas del DHS han ahorrado a los contribuyentes más de 13,2 mil millones de dólares”, dijo Noem.
Consecuencias económicas
La salida de más de un millón de trabajadores ha tenido un doble impacto económico. Por un lado, genera aumento de costos para las empresas, que se ven obligadas a ofrecer mejores salarios o beneficios adicionales con el fin de atraer mano de obra. Por otro, compromete la capacidad del país para sostener ciertos niveles de producción, especialmente en la industria alimentaria, un sector que depende históricamente de los inmigrantes.
Economistas advierten que, aunque algunos empleos puedan ser ocupados por ciudadanos estadounidenses en el mediano plazo, el ajuste no es inmediato y la pérdida de dinamismo económico ya es evidente en varias regiones.
Efectos sociales y comunitarios
Las redadas migratorias también han tenido un efecto humano significativo. Numerosas familias se han visto separadas y comunidades con alta presencia de inmigrantes experimentan una reducción en la actividad económica cotidiana. Tiendas, escuelas y servicios locales reportan menor participación de residentes, lo que afecta tanto el tejido social como la estabilidad de barrios enteros.
Debate político en torno a la medida
El tema genera un intenso debate en Washington. Mientras la Casa Blanca sostiene que la política migratoria busca “recuperar empleos para los estadounidenses”, sectores empresariales y legisladores opositores advierten que el impacto negativo sobre la economía podría superar los beneficios.
Analistas subrayan que la discusión no es solo laboral, sino también estratégica: Estados Unidos depende en gran medida de la inmigración para sostener su crecimiento demográfico y económico, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional.
“En menos de 200 días, 1.6 millones de inmigrantes ilegales han dejado Estados Unidos. Esto significa calles más seguras, ahorros para los contribuyentes, menos presión sobre las escuelas y hospitales, y mejores oportunidades laborales para los estadounidenses”, escribió Noem en sus redes sociales en agosto de 2024.
En marzo del presente año el presidente Donald Trump hizo alusión a las ganancias de los ciudadanos estadounidenses que por primera vez en 15 meses estuvieron por encima de la de los inmigrantes y extranjeros.
De acuerdo con las cifras de ese período, en enero el empleo entre los trabajadores nacidos en Estados Unidos creció en 284,000 plazas, mientras que la fuerza laboral extranjera registró una pérdida de 87,000 empleos.
Un reto de largo plazo
La situación actual abre un escenario incierto para el mercado laboral estadounidense. La reducción de la fuerza de trabajo inmigrante obliga a empresas, gobiernos locales y autoridades federales a replantear cómo garantizar el funcionamiento de sectores que son esenciales para la vida económica del país.
Aunque la administración Trump mantiene una postura firme en materia migratoria, las consecuencias de esta política ponen de relieve la compleja relación entre seguridad fronteriza, mercado laboral y estabilidad económica.
La salida de más de un millón de inmigrantes de la fuerza laboral en Estados Unidos, consecuencia de las redadas migratorias, ha dejado vacíos en sectores clave, encarecido la producción y agudizado debates políticos y sociales sobre el futuro del país y su dependencia de la mano de obra extranjera.