
Una operación de inmigración realizada por autoridades federales en los Cayos de Florida terminó con la detención de 12 personas, entre ellas varios ciudadanos cubanos, según informó el Miami Herald. El operativo ocurrió el 21 de noviembre y fue ejecutado por agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) con apoyo aéreo y terrestre.
De acuerdo con la información, las autoridades establecieron un retén en la carretera US-1, cerca del marcador de milla 105, frente a un supermercado en Key Largo, mientras un helicóptero Blackhawk sobrevolaba la zona. Testigos reportaron que los agentes detuvieron vehículos en dirección sur, solicitando identificación y estatus migratorio a los ocupantes.
Los 12 arrestados fueron trasladados a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Marathon, donde enfrentan procesos de deportación. Según el Miami Herald, al momento del reporte ninguno de los detenidos aparecía todavía en los registros del sistema judicial federal.
Las autoridades señalaron que varios de los inmigrantes tenían antecedentes penales que incluían reingreso ilegal tras deportación, conducir bajo influencia del alcohol (DUI), posesión de drogas con arma de fuego, porte ilegal de arma oculta, agresión y violencia doméstica. Sin embargo, no se precisó cuántos de los detenidos son cubanos, aunque se confirmó que hay un grupo dentro de la lista de arrestados.
Un operativo dentro de una escalada migratoria en Florida
El Miami Herald señaló que esta acción forma parte de un incremento en los operativos de control migratorio en Florida desde el inicio del nuevo ciclo de reforzamientos federales bajo la administración del presidente Donald Trump.
En las últimas semanas se han ejecutado diversas operaciones en el estado, incluyendo la reciente “Operación Retorno Criminal”, que resultó en más de 200 detenciones en apenas 10 días, muchas de ellas de inmigrantes latinoamericanos con órdenes previas de deportación o antecedentes judiciales.
La redada en los Cayos ha generado preocupación en comunidades de inmigrantes, especialmente entre cubanos con casos de asilo pendientes, procesos de corte o bajo medidas como I-220A, quienes temen nuevos arrestos y deportaciones aceleradas.





