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José Daniel Ferrer y su familia. Foto: Video de YouTube de Univisión Miami
El régimen cubano liberó y desterró al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras años de prisión y denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos. Ferrer que en minutos debe aterrizar en Estados Unidos, es considerado uno de los disidentes más emblemáticos del país, aceptó salir de Cuba como exiliado político, en un acuerdo que pone fin a su largo confinamiento, pero que refleja la persistencia del destierro como herramienta de represión en la isla.
De acuerdo con el periodista cubano radicado en Miami, Mario Pentón la noticia del expreso político y una de las voces más activas en contra del comunismo dentro de Cuba la ofrecieron los propios familiares desde la isla.
Salida vigilada y acompañamiento diplomático De acuerdo con información confirmada por sus familiares a Martí Noticias, Ferrer partió este lunes rumbo a Miami, acompañado por su esposa, Nelva Ismarays Ortega, y otros allegados. Su salida fue supervisada por un amplio despliegue de la Seguridad del Estado, con decenas de agentes controlando cada paso del proceso.
Un equipo consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana estuvo presente para garantizar la integridad de la familia durante el traslado hacia el aeropuerto.
Un líder marcado por la represión Ferrer, de 54 años, fue detenido en varias ocasiones por su labor al frente de la UNPACU, organización fundada en 2011 con el objetivo de promover el cambio democrático y denunciar los abusos del gobierno cubano. En los últimos años permanecía recluido en condiciones severas en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde su familia denunció aislamiento prolongado, maltratos físicos y negación de atención médica.
Su caso había sido documentado por Amnistía Internacional, que lo declaró “preso de conciencia”, y por Human Rights Watch, que lo consideró víctima de un patrón sistemático de persecución política.
El exilio como condición para la libertad Fuentes cercanas al opositor señalaron que Ferrer aceptó salir del país a cambio de su liberación, tras intensas gestiones diplomáticas que involucraron a autoridades estadounidenses. Aunque su salida representa un alivio para su salud y seguridad, su familia reconoció que se trató de una “decisión forzada” ante la imposibilidad de continuar su labor dentro de Cuba.
“José Daniel siempre quiso luchar desde su tierra, pero las condiciones de encierro y la presión del régimen lo obligaron a aceptar el exilio como única vía para sobrevivir”, comentó un miembro de la UNPACU desde Santiago.
Reacciones desde Miami y la comunidad internacional En Miami, recibieron la noticia con emoción por la comunidad del exilio, que prepara una bienvenida para el líder opositor. Activistas y políticos locales calificaron su liberación como una “victoria moral”, aunque advirtieron que no representa un cambio real en la política del régimen.
“Es un alivio que esté libre, pero es inaceptable que Cuba continúe usando el destierro como forma de castigo”, expresó el congresista Mario Díaz-Balart, mientras organizaciones de derechos humanos reiteraron sus llamados a la liberación de los más de mil presos políticos que, según registros independientes, aún permanecen en cárceles cubanas.
Un símbolo de resistencia José Daniel Ferrer fue uno de los 75 disidentes que arrestaron durante la Primavera Negra de 2003, y uno de los últimos en aceptar el exilio tras la mediación de la Iglesia Católica y el Gobierno español. En 2011 decidió regresar a Cuba para continuar su lucha, y una vez más lo arrestaron en repetidas ocasiones.
Su nuevo exilio marca el cierre de un ciclo de resistencia en la isla y la continuidad de su activismo desde el extranjero, donde planea reorganizar la UNPACU y denunciar la represión cubana desde Miami.
Un destino compartido El caso de Ferrer se suma al de otros opositores que quedaron liberados con la condición de abandonar el país, entre ellos artistas, periodistas y activistas del 11J. Para muchos observadores, la práctica del destierro —prohibida por tratados internacionales— sigue siendo una de las formas más efectivas del gobierno cubano para silenciar la disidencia interna sin asumir el costo político de mantener presos de conciencia.
