Presidente Donald Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C y anuncia la federalización de la policía

En una decisión que marca un antes y un después en la gestión de la seguridad de la capital, el presidente Donald Trump anunció este lunes la federalización del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional, amparándose en una disposición legal que no se invocaba desde hace décadas.

La medida, presentada como respuesta a un “incremento preocupante” de la criminalidad y la crisis de personas sin hogar, ha desatado un intenso debate sobre el equilibrio entre la autonomía local y el control federal. «Este es el día de la liberación en D.C. y vamos a recuperar nuestro capital. Traeremos al ejército si es necesario», aunque agregó después: «No creo que lo necesitemos».

Fundamento legal y alcance de la medida

La Casa Blanca invocó la Sección 740 de la Ley del Gobierno Local de D.C. de 1973, una norma que permite al presidente federalizar la policía del Distrito de Columbia durante “emergencias especiales”. Según la ley, el control puede ejercerse hasta 48 horas sin aprobación previa, o extenderse a 30 días si el Congreso aprueba una resolución conjunta.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el despliegue militar comenzará “en la próxima semana” e incluirá personal adicional de unidades especializadas si la situación lo amerita. Igualmente destacó que el Pentágono tenía todo preparado para apoyar con otras unidades especializadas.

La Ley de Autonomía del Distrito de Columbia contempla que el presidente de Estados Unidos puede asumir temporalmente el mando de la fuerza policial de DC cuando considere que se presentan condiciones extraordinarias o de emergencia que amenacen la seguridad y el orden público. Esta disposición está pensada para responder a eventos críticos, como disturbios de gran escala, atentados o crisis que superen la capacidad de las autoridades locales.

Sin embargo, el marco legal impone un límite claro: la administración federal no puede mantener ese control por más de 48 horas sin antes comunicarlo oficialmente al Congreso. En ese plazo, el presidente está obligado a informar a los presidentes y a los miembros de mayor jerarquía de los comités responsables de los asuntos del Distrito de Columbia, es decir, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes y el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

La ley dispone que el presidente tiene la facultad de federalizar la policía del Distrito de Columbia por un plazo máximo de 30 días. Cualquier prolongación más allá de ese límite requiere la aprobación formal del Congreso, mediante una resolución conjunta que otorgue el permiso para extender la medida. De este modo, se asegura que una intervención prolongada no quede únicamente en manos del Poder Ejecutivo, sino que cuente con el aval y la supervisión directa del Poder Legislativo.

«Les daremos lugares para quedarse, pero LEJOS de la capital. Los criminales, no tienes que mudarte. Te vamos a poner en la cárcel donde perteneces», dijo Trump este domingo en sus redes sociales.

Reestructuración del liderazgo policial

Como parte de la intervención, la fiscal general Pam Bondi asumirá la jefatura del MPD, y Terry Cole, administrador interino de la DEA, actuará como comisionado federal del cuerpo. El gobierno sostiene que este cambio busca “mejorar la coordinación” entre fuerzas locales y federales, acelerar las investigaciones y reforzar las acciones contra delitos violentos, el narcotráfico y la ocupación ilegal de espacios públicos.

Contexto y detonantes

El anuncio se produce días después de que un excolaborador del estudio DOGE fuera víctima de un intento de robo de auto a mano armada, un hecho que, según fuentes de seguridad, aceleró la decisión presidencial. Antes de este anuncio, el gobierno federal ya había desplegado más de 120 agentes de agencias como el FBI, el Servicio Secreto y el Cuerpo de Alguaciles para reforzar puntos críticos de la ciudad.

La policía detuvo a dos adolescentes de 15 años involucrados en un intento de robo de vehículo y afirmó que continúan buscando a otros sospechosos relacionados con el hecho. «Vamos a tener que federalizar D.C. y administrarlo de la manera en que se supone que debe administrarse», dijo el magnate neoyorquino.

Aunque la Casa Blanca argumenta que los datos muestran un repunte en delitos como robos violentos y asaltos, las estadísticas oficiales de la alcaldía no confirman un incremento significativo frente a años anteriores.

Reacciones y críticas

La alcaldesa Muriel Bowser rechazó la medida, calificándola de “innecesaria y desproporcionada”. Según Bowser, la ciudad no enfrenta una crisis de seguridad que justifique una intervención federal de esta magnitud, y sugirió que un uso más efectivo de recursos sería reforzar el sistema judicial local para que fiscales y jueces puedan actuar con mayor rapidez y contundencia.

Bowser señaló que, hace unas semanas, mantuvo una reunión con Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, y que han conversado en varias ocasiones sobre el tema de la criminalidad, incluyendo su primer encuentro tras la reelección del presidente para un segundo mandato.

«El presidente es muy consciente de nuestros esfuerzos. Estableció un grupo de trabajo, al que nuestro departamento de policía y agencias apoyan con información y cualquier otra cosa que nos pidan… siempre es prerrogativa del presidente utilizar la aplicación de la ley federal o la Guardia Nacional», mencionó Bowser.

Organizaciones de derechos civiles han advertido que la presencia masiva de militares en las calles podría generar tensiones con la comunidad y afectar el derecho de los residentes a la libre circulación y protesta pacífica.

En contraste, líderes republicanos y asociaciones de comerciantes han respaldado la acción, argumentando que el deterioro del orden público, sumado a campamentos de personas sin hogar en áreas turísticas, afecta la economía y la seguridad.

Precedentes históricos

El uso de la Sección 740 es extremadamente raro. Washington D.C., al no ser un estado, tiene una autonomía limitada y su policía, aunque gestionada localmente, está bajo la supervisión última del Congreso y el presidente. Intervenciones similares ocurrieron en el pasado durante disturbios masivos como los de 1968 tras el asesinato de Martin Luther King Jr., y en eventos de seguridad nacional como la investidura presidencial.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que aplicar esta medida en un contexto que no involucra una amenaza de gran escala podría abrir la puerta a interpretaciones más amplias del concepto de “emergencia especial”, debilitando la autonomía local y sentando un precedente político.

Implicaciones políticas

La medida llega en un momento en que Trump busca reforzar su imagen como un presidente de “ley y orden” de cara al ciclo electoral, y envía un mensaje de que la seguridad en la capital es un asunto prioritario. Al mismo tiempo, su decisión corre el riesgo de ser percibida como un acto de centralización excesiva del poder federal, lo que podría generar resistencia en sectores moderados e independientes.

Lo que viene

Si el Congreso no aprueba una extensión, el control federal expirará en 48 horas. Sin embargo, analistas prevén que la medida podría convertirse en un pulso político entre la administración Trump y la alcaldía de D.C., con posibles demandas judiciales sobre la constitucionalidad y proporcionalidad de la intervención.