Presidente Donald Trump estaría reclamando al Departamento de Justicia indemnización por 230 millones de dólares tras investigaciones relacionadas con Russiagate y Mar-a-Lago

El presidente Donald Trump busca que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos le pague 230 millones de dólares como compensación por lo que considera un abuso de poder y una persecución política durante varias de las investigaciones que enfrentó desde 2016, cuando inició su primera campaña presidencial. La solicitud —revelada por ABC News— se tramita mediante dos reclamaciones administrativas presentadas por su equipo legal entre 2023 y 2024.

Dos investigaciones bajo la lupa: “Russiagate” y Mar-a-Lago

La primera reclamación de Trump está vinculada con la investigación federal sobre los supuestos vínculos entre su campaña de 2016 y el gobierno ruso, proceso ampliamente conocido como el “Russiagate”. Aunque la pesquisa generó gran controversia mediática y política, el fiscal especial Robert Mueller no halló pruebas suficientes para imputar al entonces presidente. Según los abogados de Trump, aquel proceso afectó gravemente su reputación y constituyó un uso indebido de los recursos del Estado para fines políticos.

La segunda reclamación se refiere a la incautación de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su residencia privada en Palm Beach, Florida, realizada por agentes del FBI en agosto de 2022. El registro se autorizó por un tribunal federal en el marco de una investigación impulsada por el fiscal especial Jack Smith. Trump sostiene que esa operación violó su derecho a la privacidad, fue “una intromisión sin precedentes” y se llevó a cabo con motivaciones políticas destinadas a dañar su imagen pública.

En una reciente intervención desde la Oficina Oval, el expresidente Donald Trump, acompañado por la fiscal general Pam Bondi, el director del FBI Kash Patel y el fiscal adjunto Todd Blanche, dejó entrever referencias a las negociaciones en curso y destacó lo inédito de que el propio Departamento de Justicia desembolse un acuerdo a favor del mandatario en funciones.

Trump aseguró que no está impulsando la compensación por motivos personales. Según ABC News, afirmó que el dinero no sería para su beneficio directo, sino que planea donarlo a organizaciones benéficas. En tono desafiante, comentó: «Tengo una demanda que estaba funcionando muy bien, y cuando me convertí en presidente dije: ‘Me estoy demandando a mí mismo’. No sé, cómo se resuelve la demanda, diré que me den X dólares, y no sé qué hacer con la demanda», dijo Trump. «Se ve mal, me estoy demandando a mí mismo, ¿verdad?», advirtió el mandatario.

Sus críticos, sin embargo, interpretan este reclamo como una estrategia más para reforzar su narrativa de persecución y presentarse como víctima de un sistema que —según él— ha sido manipulado por sus adversarios políticos.

«Es interesante, porque soy yo quien toma una decisión, ¿verdad? Y sabes que esa decisión tendría que pasar por mi escritorio, y es terriblemente extraño tomar una decisión en la que me estoy pagando a mí mismo. En otras palabras, ¿alguna vez tuvo uno de esos casos en los que tiene que decidir cuánto se está pagando a sí mismo en daños? Pero me dañaron mucho, y cualquier dinero que obtuviera, lo daría a la caridad», explicó el republicano.

Revisión del reclamo y potencial conflicto de intereses

Cualquier acuerdo con Trump requeriría la aprobación de altos funcionarios del Departamento de Justicia, como el Subfiscal General (Deputy Attorney General) o el Fiscal Asociado (Associate Attorney General), tal como establece el Justice Manual del DOJ.

No obstante, el proceso no está exento de controversia: algunos de los funcionarios que podrían intervenir en la decisión han trabajado previamente para Trump o para sus aliados, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad institucional.

Un portavoz del Departamento de Justicia señaló que “en cualquier circunstancia, todos los funcionarios del Departamento siguen la orientación de los oficiales de ética de carrera”, pero declinó ofrecer más detalles sobre el estado de las conversaciones o sobre si existe una oferta formal en revisión.

La defensa de Trump

Blanche ha sido el abogado de Trump tanto en el proceso por los documentos clasificados como en el caso relacionado con el 6 de enero, impulsado por el fiscal especial Jack Smith. Por su parte, el fiscal asociado Stan Woodward representó a Walt Nauta, el asistente personal de Trump y coacusado en el expediente sobre los documentos confidenciales.

Contexto político y judicial

El reclamo de 230 millones surge en un momento en que Trump continúa su campaña presidencial con miras a las elecciones de 2026, mientras enfrenta múltiples procesos judiciales en distintos estados del país. Entre ellos, se encuentran las causas relacionadas con la supuesta manipulación de documentos confidenciales, los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y diversas demandas civiles por fraude empresarial.

Los analistas consideran que esta nueva movida legal podría formar parte de una estrategia política para mantener su base movilizada y reforzar su discurso de “guerra contra el Estado profundo” (deep state), un término que Trump utiliza para describir a las agencias federales y funcionarios que, según él, actúan en su contra.

Reacciones y precedentes

Aunque el DOJ no ha comentado públicamente sobre la posibilidad de pagar una compensación de esta magnitud, expertos en derecho federal señalan que no existen precedentes recientes de un expresidente que reclame una suma tan alta al propio gobierno de Estados Unidos. Normalmente, este tipo de demandas se resuelven mediante acuerdos menores o se rechazan en fases preliminares.

El abogado constitucionalista Stephen Vladeck comentó a ABC News que este caso podría abrir un debate sobre los límites de la responsabilidad gubernamental en investigaciones que, aun cuando no derivan en cargos, pueden dañar la reputación de los funcionarios públicos.

Por su parte, aliados de Trump insisten en que el expresidente “tiene derecho a una reparación” por los perjuicios sufridos durante años de investigaciones “sin fundamentos”, mientras que sus detractores consideran la maniobra “un intento desesperado” de desviar la atención de los casos que todavía lo comprometen judicialmente.

Un nuevo capítulo en la larga batalla entre Trump y el aparato federal

Más allá del desenlace legal, la reclamación de Trump refuerza el clima de tensión entre el exmandatario y el Departamento de Justicia, una relación marcada por desconfianza y confrontaciones abiertas desde su llegada al poder en 2017. Si el DOJ rechaza la compensación, el caso podría escalar a los tribunales federales y prolongar aún más una disputa que lleva casi una década en desarrollo.

Mientras tanto, el expresidente continúa apelando a su base política con el argumento de que él mismo —y, por extensión, sus seguidores— son víctimas de una persecución orquestada por el sistema que juró “drenar” cuando llegó a la Casa Blanca.