El gobierno del presidente Donald Trump reconoció que la lista oficial de migrantes que habían sido calificados públicamente como “lo peor de lo peor” contenía errores en la descripción de los delitos atribuidos a varios de los incluidos. La admisión se produce tras una investigación periodística que detectó inconsistencias significativas en el portal administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La controversia gira en torno a una base de datos publicada en diciembre de 2025 y promovida por la secretaria del DHS, Kristi Noem, con el respaldo rotundo del mandatario. El sitio presentaba aproximadamente 25.000 nombres de inmigrantes detenidos por autoridades federales, señalándolos como responsables de delitos graves.
Sin embargo, una revisión difundida por CNN evidenció que en múltiples casos los cargos descritos no correspondían con condenas por crímenes violentos, sino con infracciones menores.
Fallas en la clasificación de delitos
Según la investigación citada, algunos individuos figuraban vinculados a delitos como homicidio o agresiones sexuales, cuando en realidad enfrentaban infracciones como multas de tránsito, posesión de marihuana o reingreso irregular al país tras una deportación previa.
Ante el señalamiento público, un portavoz del DHS atribuyó las inconsistencias a una “falla técnica” que habría afectado alrededor del 5 % de los registros publicados. La agencia aseguró que el error se corrigió, aunque defendió la validez general del listado, argumentando que todas las personas incluidas terminaron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE), por violaciones a las leyes migratorias.
“Todas estas personas han sido arrestadas por ICE y todas cometieron delitos al violar las leyes de nuestra nación, incluidos algunos que tenían delitos graves por reingreso ilegal”, agrega el funcionario.
Perfil de los migrantes incluidos
El portal detalla la nacionalidad de los inmigrantes listados. Casi la mitad serían ciudadanos de México, mientras que 2.100 más provendrían de Honduras, Guatemala y Cuba 1900 cada uno y casi 1200 de El Salvador, además de decenas de otros países como China, Haití, Jamaica y Somalia.
La difusión de la lista generó reacciones de familiares y abogados de algunos de los señalados, quienes cuestionaron la precisión de los cargos publicados y alertaron sobre el impacto reputacional y legal que puede tener la exposición pública de información incorrecta.
La plataforma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se limita a divulgar las identidades y los delitos atribuidos, sino que además incorpora información sobre la nacionalidad de los detenidos y el municipio en el que se produjo su arresto.
De acuerdo con un examen realizado por CNN, muchos de los puntos con mayor concentración de detenciones no son grandes metrópolis, sino localidades de menor tamaño que cuentan con complejos carcelarios federales o centros de reclusión administrados por entidades privadas.
En ese contexto, Conroe, en el estado de Texas, figura como la ciudad con el mayor número de arrestos registrados, en gran medida debido a la presencia del Joe Corley Processing Center, una instalación utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la detención de inmigrantes.
Otras ciudades que presentan altos niveles de arrestos —entre ellas Lompoc, en California; Yazoo City, en Mississippi; y Eden, en Texas— coinciden en contar con importantes complejos penitenciarios federales en su territorio.
Esta circunstancia sugiere que una parte de los inmigrantes incluidos en las estadísticas ya se encontraba bajo custodia al momento de ser procesados, lo que pondría en entredicho la versión de que se trataba de supuestas “amenazas a la seguridad pública” que operaban activamente dentro de las comunidades, según señala el medio citado.
El presidente Trump es uno de los impulsores de que el DHS publique las identidades de los detenidos. El mes pasado desde su cuenta de Truth Social escribió: “Muestren los números, los nombres y los rostros de los criminales violentos, ¡y muéstrenlos AHORA!”.
En ese mismo sentido respaldó el trabajo que están realizando los agentes federales para garantizar un país más seguro. «¡La gente empezará a apoyar a los patriotas de ICE, en lugar de a los alborotadores altamente pagados, anarquistas y agitadores! MAKE AMERICA GREAT AGAIN”, añadió el republicano.
No obstante, sectores críticos argumentan que el porcentaje de inmigrantes con condenas firmes por delitos violentos que representen una amenaza directa a la seguridad pública sería inferior al que sugiere el discurso oficial.
“La gran mayoría de los llamados extranjeros criminales son personas acusadas o condenadas por infracciones de tránsito, conducir bajo la influencia del alcohol y delitos relacionados con inmigración”, advirtió John Sandweg, exdirector interino de ICE durante el Gobierno de Barack Obama.
Debate sobre transparencia y política migratoria
El episodio reabre el debate sobre el uso de bases de datos públicas como herramienta de política migratoria. Mientras el DHS sostiene que la iniciativa busca reforzar la transparencia y evidenciar el historial de arrestos de personas en proceso migratorio, críticos argumentan que la clasificación imprecisa de delitos puede contribuir a una narrativa generalizada que asocia migración con criminalidad grave sin distinción clara entre tipos de infracción.
La admisión oficial de errores, aunque limitada a un porcentaje reducido de casos según el propio gobierno, añade un nuevo elemento a la discusión sobre la gestión de la información y el alcance de las medidas adoptadas en el marco de la actual política migratoria federal.
En un contexto de debate nacional sobre seguridad fronteriza y control migratorio, la polémica sobre esta lista subraya la relevancia de la precisión institucional y la responsabilidad en la comunicación pública de datos sensibles.
