
La ley FHB 959 ha encontrado gran oposición de juristas y empresarios que argumentan que es inconstitucional al entrar en contradicción con el gobierno federal que es el que rige las relaciones exteriores del país. Los impulsores de la ley en su mayoría exiliados cubanos afirman que una ley así es fundamental para que el dinero de los contribuyentes no vaya a parar inversiones en la isla.
El objetivo principal era impedir que compañías de Canadá y Brasil que tienen grandes contratos con el estado de la Florida continúen teniendo relaciones comerciales con Cuba. Los abogados del estado recomendaron al gobernador no poner en practica la ley porque traería problemas en posibles demandas lo que provocó la ira de los principales políticos cubanoamericanos de la Florida.






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