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El Pentágono anunció la aprobación para que hasta 600 abogados militares —tanto uniformados como civiles— actúen como jueces de inmigración temporales en los tribunales de Estados Unidos. La medida, autorizada por el secretario de Defensa Pete Hegseth a petición del Departamento de Justicia (DOJ), busca enfrentar la peor acumulación de casos migratorios en la historia reciente del país, que ya supera los 3.5 millones de expedientes pendientes.
Una decisión inédita en medio de la presión migratoria
El memorando del Departamento de Defensa, fechado el 27 de agosto, establece que los primeros 150 abogados podrían incorporarse “tan pronto como sea posible”, incluso esta misma semana. Cada grupo servirá por períodos de 179 días, prorrogables si el DOJ lo considera necesario.
Se trata de un movimiento excepcional, pues el sistema de tribunales de inmigración, dependiente del DOJ y no del Poder Judicial federal, había operado históricamente con jueces especializados y de carrera. La entrada de abogados militares pretende duplicar la capacidad de respuesta, ya que actualmente solo existen unos 600 jueces activos en todo el país.
El colapso de los tribunales de inmigración
La acumulación de casos ha crecido de manera sostenida durante la última década. Factores como el aumento de llegadas de migrantes en la frontera sur, especialmente solicitantes de asilo, cambios de política migratoria con cada administración, que obligan a reabrir, revisar o suspender expedientes, así como falta de recursos humanos y financieros asignados a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) son algunos de ellos.
Todo esto ha llevado a que los migrantes enfrenten esperas de cinco a siete años para obtener una resolución de su caso, generando incertidumbre tanto para las familias como para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Beneficios esperados
Según el DOJ, el ingreso de estos 600 abogados militares permitirá agilizar audiencias de deportación y asilo, reducir los tiempos de espera, especialmente en cortes de ciudades saturadas como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Houston y descongestionar a los jueces actuales, que en algunos casos manejan más de 2,000 expedientes cada uno.
El Pentágono subrayó que los abogados militares cuentan con experiencia en derecho, muchos con formación en justicia militar, derecho internacional y administrativo, lo que facilitaría su adaptación al sistema migratorio.
Preocupaciones legales y constitucionales
La medida, sin embargo, no está libre de polémica. Organizaciones de derechos civiles han advertido que esta colaboración podría entrar en conflicto con el Posse Comitatus Act, la ley que limita el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos internos de carácter civil.
El debate se intensificó tras el fallo de un tribunal federal que consideró ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles en funciones de control civil. En este caso, el Pentágono insiste en que los abogados no cumplirán funciones de seguridad, sino estrictamente judiciales bajo supervisión del DOJ.
Voces a favor y en contra
Algunos congresistas republicanos han respaldado la decisión, argumentando que “se necesita mano dura y rapidez” para resolver millones de casos que retrasan deportaciones. También sectores empresariales la ven con buenos ojos, ya que la incertidumbre migratoria afecta a empleadores que no saben si sus trabajadores obtendrán permisos legales o enfrentarán deportación.
Por otro lado, organizaciones de abogados de inmigración y activistas advierten que los militares carecen de la especialización en leyes migratorias, un campo técnico y sensible que involucra asilo, protección humanitaria y derechos humanos. Temen que errores procesales puedan derivar en expulsiones injustas o negación indebida de refugio.
Un espejo de crisis pasadas
No es la primera vez que Estados Unidos recurre a soluciones extraordinarias en materia migratoria. En los años 80, tras las oleadas del Mariel y los refugiados centroamericanos, se habilitaron jueces adicionales y cortes improvisadas para procesar casos de manera acelerada. Sin embargo, analistas recuerdan que aquellas medidas fueron parches temporales que no resolvieron los problemas estructurales.
Hacia dónde va el sistema
Expertos en políticas públicas coinciden en que la medida del Pentágono podría ser un alivio inmediato, pero no sustituye la necesidad de una reforma migratoria integral. Entre los cambios más urgentes se mencionan el incremento de forma permanente el número de jueces de inmigración civiles. Dotar de mayor presupuesto y personal de apoyo a la EOIR y establecer procedimientos más claros y rápidos para casos de asilo y reunificación familiar.
El despliegue de abogados militares como jueces de inmigración refleja la magnitud del atasco judicial migratorio en Estados Unidos. Mientras para algunos representa una solución pragmática y necesaria, para otros abre la puerta a riesgos legales y a decisiones apresuradas en procesos que definen el futuro de millones de migrantes.
La medida, en definitiva, pone en evidencia un sistema que opera al límite de su capacidad y que, sin reformas de fondo, seguirá enfrentando crisis periódicas pese a intervenciones excepcionales como la actual.
