En una nueva acción de alcance internacional, fuerzas de Estados Unidos interceptaron en el océano Índico al petrolero Veronica III, señalado por presuntamente violar el bloqueo marítimo impuesto por Washington sobre operaciones de crudo vinculadas con Venezuela en el Caribe.
La operación, confirmada por el Departamento de Defensa se realizó mediante un procedimiento de visita inspección e interdicción marítima este fin de semana. Según autoridades estadounidenses, el abordaje se ejecutó sin resistencia ni incidentes y forma parte de un esquema de vigilancia ampliado sobre rutas internacionales de transporte energético.
«Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)», dice un comunicado en la cuenta de X del Pentágono. «El buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente (estadounidense Donald) Trump, con la esperanza de escabullirse», agrega.
Seguimiento internacional y aplicación extraterritorial de sanciones
De acuerdo con la versión oficial, el buque había sido rastreado desde el Caribe tras supuestamente intentar evadir las restricciones promovidas durante la administración del presidente Donald Trump, cuyo gobierno impulsó un endurecimiento de las sanciones energéticas contra Venezuela.
«Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacer algo así. Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia»,, señala el texto.
El hecho de que la interceptación se produjera en el océano Índico subraya el carácter global de la política de cumplimiento de sanciones de Washington, que sostiene que las aguas internacionales no pueden utilizarse para sortear medidas económicas impuestas por Estados Unidos.
Funcionarios citados en el reporte recalcaron que ninguna nación tiene el alcance operativo para ejecutar este tipo de operaciones a escala global, en un mensaje que refuerza la capacidad naval estadounidense en materia de control marítimo.
Buques bajo la lupa: un patrón repetido
El Veronica III, de bandera panameña, estaría incluido en una lista de aproximadamente 16 tanqueros sancionados o investigados por presuntas maniobras de evasión. Entre ellos figura también el Aquila II, otro buque interceptado recientemente bajo circunstancias similares.
Estas embarcaciones habrían intentado modificar rutas, realizar transferencias en altamar o emplear mecanismos para ocultar el origen y destino del crudo transportado, prácticas que Washington considera violaciones directas de su régimen de sanciones.
A inicios de enero, el Times reportó que el buque Veronica III habría recurrido a una estrategia para evitar el rastreo por parte de Estados Unidos: cambió su identificación a “DS Vector” y alteró los datos de posicionamiento para aparentar que navegaba en aguas cercanas a Nigeria.
El trasfondo: presión energética y geopolítica
El objetivo declarado de Estados Unidos es limitar la comercialización de crudo venezolano fuera de los canales aprobados por su sistema de sanciones, reduciendo así la extracción ilegal de crudo de Caracas y de redes que Washington identifica como aliadas estratégicas de Rusia, Irán y Cuba.
Las medidas forman parte de una estrategia de presión económica más amplia que incluye sanciones financieras contra quienes se empeñen en llevar petróleo a Cuba como parte de una estrategia que busca poner fin a la dictadura de Díaz-Canel y el aparato militar que por más de 65 años impera en la isla.
Expertos en comercio internacional señalan que este tipo de operaciones tiene impacto directo en las rutas energéticas globales, incrementa los costos logísticos y eleva la incertidumbre en el transporte marítimo de hidrocarburos.
Implicaciones legales y diplomáticas
Hasta el momento no se han informado detalles sobre posibles confiscaciones de carga ni sobre acciones judiciales contra los operadores del buque. Tampoco se han divulgado reacciones oficiales por parte del gobierno venezolano o de Panamá, país bajo cuya bandera navegaba el petrolero.
En el plano jurídico, estas interdicciones suelen sustentarse en leyes federales estadounidenses relacionadas con sanciones económicas y en acuerdos internacionales que permiten inspecciones en altamar bajo determinadas circunstancias.
Un mensaje de alcance global
La interceptación en el océano Índico envía una señal clara sobre la disposición de Washington a aplicar sus sanciones más allá del hemisferio occidental. El caso refuerza la tendencia de expansión extraterritorial de medidas económicas, un factor que continúa generando debate en foros internacionales sobre soberanía, comercio y seguridad marítima.
En un contexto de tensiones energéticas y reconfiguración de alianzas geopolíticas, cada nueva interdicción se convierte en un episodio que trasciende el ámbito marítimo y se inserta en la disputa estratégica por el control de los flujos globales de petróleo.
