La empresa estatal Tabacuba reconoció por primera vez que personas privadas de libertad participan en la elaboración de puros cubanos. El hecho fue presentado como parte de un “programa de capacitación laboral y reinserción social” en los centros penitenciarios, con una producción que —según el organismo— sería “simbólica y voluntaria”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de un esquema de explotación sistemática que involucra a cientos de reclusos en condiciones de trabajo forzoso, lo que reaviva un debate ético y económico en torno al producto estrella de Cuba: el habano.
Condiciones denunciadas por Prisoners Defenders
La ONG Prisoners Defenders asegura que la realidad dista de la versión oficial. De acuerdo con sus informes, los presos trabajan jornadas de hasta 14 horas diarias, seis días por semana, a cambio de un salario cercano a los 3,000 pesos cubanos al mes (poco más de 12 dólares).
En comparación, los torcedores civiles perciben unos 40,000 pesos mensuales (aproximadamente 165 dólares) por jornadas regulares de ocho horas. La exigencia tampoco es igual: mientras un trabajador libre elabora un promedio de 30 a 50 puros diarios, un recluso debe producir entre 50 y 130.
El informe también detalla prácticas de coerción, abusos físicos, amenazas, discriminación racial y violencia sexual, con énfasis en que los presos afrodescendientes son los más castigados con las labores más duras.
Sin embargo, Tabacuba señaló en un comunicado que la finalidad esencial de este programa es brindar formación profesional a los reclusos, con el propósito de facilitar su integración al mercado laboral en el futuro.
«La participación en este programa es voluntaria y los reclusos reciben incentivos y beneficios penitenciarios por su trabajo», dice el texto.
Extensión del programa carcelario
Los talleres de producción dentro de las cárceles se encuentran en provincias como Artemisa, Mayarí, Bayamo, La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Se calcula que entre 400 y 500 reclusos estarían directamente vinculados a la producción de tabacos, aunque la cifra de presos empleados en diversas industrias estatales —incluyendo agricultura y carbón vegetal— podría ascender a 60,000.
Prisoners Defenders advierte que hasta 11,6 millones de habanos al año provendrían de manos carcelarias, lo que representaría alrededor del 7,5 % de la producción nacional, muy lejos del carácter “simbólico” defendido por Tabacuba.
La organización Prisoners Defenders documentó igualmente situaciones de violencia física, hostigamiento y discriminación racial en las prisiones de Cuba.
Los datos reflejan que, pese a ser el 34 % de la población, los afrodescendientes alcanzan el 58 % dentro de las cárceles y son destinados habitualmente a faenas más duras, a diferencia de los internos blancos, que suelen ser asignados a labores más livianas.
Declaraciones de testigos mencionan además abusos sexuales hacia reclusas y represalias contra quienes rechazan trabajar, como la pérdida de visitas de familiares o la anulación de beneficios penitenciarios.
Impacto económico y social
El tabaco cubano es una de las principales fuentes de divisas para el régimen. En 2024, los ingresos por exportaciones superaron los 500 millones de dólares, con mercados clave en España, Francia, Alemania, China y Reino Unido. El prestigio del “Habano” se sustenta en su calidad artesanal y en una narrativa de tradición cultural, pero ahora enfrenta el riesgo de ser asociado a prácticas de explotación.
En paralelo, los propios trabajadores civiles denuncian una brecha salarial creciente y falta de incentivos. Mientras en el mercado internacional una caja de habanos puede superar los 1,000 euros, los torcedores en la isla —libres o presos— apenas reciben una fracción mínima de esas ganancias.
Repercusiones internacionales
La revelación ya tiene eco en varios países. Canadá solicitó abrir investigaciones sobre las importaciones de tabaco cubano ante la sospecha de trabajo forzado. En la Unión Europea, donde existe un marco regulatorio más estricto, crece la presión para exigir transparencia sobre el origen de los productos.
Expertos advierten que si se confirman las denuncias, Cuba podría enfrentar restricciones comerciales y pérdida de contratos millonarios en mercados premium. La polémica recuerda al veto a productos de países acusados de trabajo forzoso en Asia y África, una práctica que ya generó sanciones y boicots internacionales.
Derechos humanos y política interna
El caso también reaviva el debate sobre el sistema penitenciario cubano, señalado durante años por organizaciones internacionales por su carácter punitivo y no rehabilitador. Se calcula que en la isla existen más de 200 prisiones y centros de reclusión, con decenas de miles de internos.
Para activistas, la utilización de presos en la producción de tabaco no es un programa de reinserción, sino una estrategia del régimen para obtener mano de obra barata, disciplinada y sin capacidad de reclamo sindical. La práctica se suma a denuncias previas sobre trabajos forzados en la zafra azucarera, la construcción y la producción agrícola.
El dilema de la marca “Habano”
El impacto de estas revelaciones va más allá de lo económico. Los habanos han sido durante décadas un símbolo cultural de Cuba, asociado al lujo y al prestigio internacional. Sin embargo, la vinculación con el trabajo forzoso pone en jaque esa narrativa y amenaza con erosionar el capital simbólico de uno de los pocos sectores aún competitivos en el mercado global.
Si las acusaciones prosperan, Cuba no solo arriesga contratos comerciales, sino también la reputación de un producto que representa a la isla en el mundo. El desafío ahora es si la industria tabacalera logrará sostener su imagen de exclusividad, o si quedará marcada por la sombra de la explotación penitenciaria.
