El Gobierno cubano reconoció oficialmente la muerte de 32 ciudadanos cubanos en Venezuela, un hecho que confirma por primera vez de manera explícita la participación de personal cubano en estructuras de seguridad vinculadas al régimen venezolano. La admisión se produce tras la operación liderada por Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y marca un punto de quiebre en la narrativa sostenida durante años por La Habana sobre el alcance real de su presencia en ese país.
El reconocimiento se realizó mediante un comunicado oficial en el que las autoridades informaron que los fallecidos se encontraban cumpliendo “misiones oficiales” relacionadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT). Sin embargo, el texto no ofrece detalles específicos sobre las circunstancias de las muertes, los lugares donde ocurrieron ni las funciones exactas que desempeñaban los cubanos durante la operación.
Una admisión sin precedentes
Durante más de una década, el Gobierno cubano negó de forma reiterada la presencia de tropas o agentes armados en Venezuela, insistiendo en que su colaboración con Caracas se limitaba a misiones médicas, educativas y de asesoría técnica. La confirmación de estas 32 muertes contradice de manera directa esa postura y refuerza denuncias previas realizadas por medios independientes, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros.
Aunque el comunicado evita términos como “combate” o “enfrentamiento armado”, la magnitud de las bajas y el contexto en el que se producen apuntan a una participación activa en tareas de seguridad y defensa, en momentos de alta tensión política y militar.
Vínculos con los aparatos de seguridad del chavismo
Investigaciones periodísticas y testimonios recopilados por medios independientes indican que una parte significativa de los cubanos fallecidos estaba integrada en estructuras de inteligencia, contrainteligencia y seguridad personal del régimen venezolano. Algunos habrían formado parte de los anillos de protección de altos cargos, incluido el propio Nicolás Maduro.
Si bien no existe una lista oficial con nombres, grados o funciones, varias identidades han sido confirmadas de manera indirecta a través de publicaciones en redes sociales, mensajes de condolencias difundidos por instituciones locales y declaraciones de familiares. Estos datos han permitido reconstruir parcialmente el perfil de los fallecidos, muchos de ellos con experiencia previa en misiones internacionales.
El peso del oriente cubano
Uno de los elementos más llamativos es el origen geográfico de las víctimas. La mayoría procedía del oriente de Cuba, especialmente de las provincias de Granma y Santiago de Cuba, regiones con una fuerte tradición militar y revolucionaria, y que históricamente han sido fuente de reclutamiento para misiones en el exterior.
En varias localidades orientales se realizaron homenajes y actos fúnebres discretos, en muchos casos sin cobertura mediática nacional. Familiares y vecinos confirmaron que los fallecidos se encontraban en Venezuela desde hacía meses o años, aunque sin detalles oficiales sobre el tipo de misión que cumplían.
La confirmación inicial llegó de boca de la primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, Yudelkis Ortiz Barceló, quien reconoció que entre las víctimas se encontraban seis oficiales pertenecientes a Granma, aunque evitó revelar sus nombres. Esa falta de información oficial abrió paso a la circulación de versiones y listados extraoficiales.
En ese contexto comenzó a repetirse un nombre: Fernando Báez Hidalgo, un joven de 26 años, natural de Río Cauto, presuntamente vinculado a la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior. De acuerdo con diversas publicaciones coincidentes, Báez Hidalgo habría desempeñado funciones como escolta cercano de Nicolás Maduro. Sin embargo, pese a la reiteración de estas menciones, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial su identidad ni su rol.
Landy Osoria López tendría su origen en la provincia de Santiago de Cuba, específicamente en la localidad de Baire, municipio de Contramaestre. Su nombre ha sido señalado de manera reiterada en distintos reportes como integrante de la Seguridad del Estado cubana y como parte del contingente desplegado en Caracas.
Diversas publicaciones lo incluyen entre las personas fallecidas e incluso han llegado a difundir supuestos datos de domicilios familiares. No obstante, hasta el momento, esa información no ha sido confirmada por una fuente oficial única ni validada de manera independiente.
Desde la provincia de Santiago de Cuba también ha trascendido la identidad de Yordenis Marlonis, a quien distintas publicaciones sitúan como parte del esquema de seguridad directa del presidente venezolano y de su esposa. Hijo de padres originarios del poblado de Dos Caminos, Marlonis habría dejado en la isla a su esposa y a una hija de corta edad.
De acuerdo con fuentes citadas por el medio La Tijera, antes de ser asignado a Venezuela se desempeñó como escolta del entonces primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Lázaro Expósito Canto, un antecedente que apuntala su vínculo con estructuras de seguridad de alto nivel. Según estas versiones, funcionarios del Ministerio del Interior comunicaron a sus familiares su fallecimiento, aunque sin aportar información detallada sobre las circunstancias.
En el plano familiar se ubica también el caso de Yandri, de quien todavía no ha trascendido el apellido. Su fallecimiento fue dado a conocer por su prima, Moraima Rodríguez, mediante una publicación en redes sociales. En ese mensaje, la mujer manifestó sentirse orgullosa por el “deber cumplido” del joven en la protección de Nicolás Maduro, una afirmación que, más allá del tono personal, refuerza la versión sobre el rol de escolta que se le atribuye al fallecido.
Duelo nacional y control del relato
Tras la confirmación de las muertes, las autoridades cubanas decretaron duelo nacional, presentando a los fallecidos como ciudadanos que “cumplían con su deber” en el marco de la cooperación internacional. El discurso oficial se centró en el sacrificio y la lealtad, evitando referencias a responsabilidades políticas o a la naturaleza exacta del operativo.
Analistas consideran que esta estrategia responde a la necesidad de contener el impacto interno de la noticia, en un contexto de crisis económica, descontento social y creciente cuestionamiento sobre el uso de recursos humanos y materiales en misiones extranjeras.
Opacidad y preguntas sin respuesta
A pesar del reconocimiento oficial, persisten numerosas incógnitas. El Gobierno cubano no ha aclarado si el número de fallecidos podría ser mayor, si existen heridos o desaparecidos, ni si habrá una investigación pública sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado sobre posibles compensaciones a las familias o sobre el estatus legal de los cubanos que aún permanecen en Venezuela.
La falta de transparencia ha alimentado especulaciones y ha reforzado críticas sobre la gestión de la información, especialmente en un momento en que la alianza Cuba–Venezuela se encuentra bajo un intenso escrutinio internacional.
Impacto político y regional
El reconocimiento de estas muertes no solo tiene implicaciones internas para Cuba, sino también un fuerte impacto regional. Confirma el grado de interdependencia política y de seguridad entre La Habana y Caracas, y plantea interrogantes sobre el futuro de esa relación tras la captura de Maduro.
Para observadores internacionales, el episodio evidencia cómo la cooperación bilateral ha trascendido lo ideológico para convertirse en una alianza estratégica de supervivencia, con un costo humano que ahora comienza a salir a la luz de forma oficial.
Una realidad largamente negada
La admisión de la muerte de 32 cubanos en Venezuela representa un giro significativo en el discurso oficial cubano, aunque todavía limitado por la opacidad y la falta de detalles. Lo que durante años fue desestimado como “propaganda” o “desinformación” queda ahora parcialmente confirmado por el propio Estado cubano.
Mientras persisten las preguntas y el silencio oficial sobre aspectos clave, el episodio deja al descubierto una realidad incómoda: la profunda implicación de Cuba en los aparatos de seguridad del régimen venezolano, con consecuencias humanas que hasta ahora habían permanecido fuera del reconocimiento público.
