Nuevo memorando de ICE autoriza deportaciones a terceros países en plazos tan breves como seis horas

En un giro que promete reconfigurar la política migratoria estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emitido un memorando interno que permitirá deportar migrantes a países distintos del suyo de origen, con plazos de notificación tan breves como seis horas en situaciones de urgencia, confirmaron fuentes oficiales.

La medida, fechada el 9 de julio y firmada por el director interino de ICE, Todd Lyons, ha generado preocupación entre abogados de inmigración y defensores de derechos humanos, quienes temen que la aceleración del proceso de expulsión pueda traducirse en graves violaciones al debido proceso y al principio de no devolución, pilar del derecho internacional de refugiados.

Procedimientos más rápidos y flexibles

Según el memorando, en circunstancias normales, los migrantes deben recibir un aviso mínimo de 24 horas antes de ser trasladados a un tercer país. Sin embargo, el documento introduce una nueva figura denominada “circunstancias exigentes”, que habilita a ICE a proceder con la deportación en tan solo seis horas.

Entre los supuestos de urgencia se contemplan cuestiones de seguridad nacional, situaciones de seguridad en los centros de detención, problemas logísticos para la custodia de los migrantes, o la disponibilidad de vuelos para realizar la expulsión.

«Tenemos los estándares de detención más altos de cualquier otro sistema penitenciario en los Estados Unidos. Los estándares de ICE son los más altos. Esta nueva instalación es excelente. Lo que está haciendo por nosotros es que ICE no detiene punitivamente. Detenemos para expulsar a las personas. No queremos tener gente bajo custodia. Queremos que las personas regresen a sus países de origen de manera segura y humana después de que se ordene su deportación», indicó Lyons en el texto del memorando.

Terceros países como destino

La política no es completamente nueva: Estados Unidos ha utilizado durante años la figura de deportaciones hacia terceros países, especialmente cuando los países de origen se niegan a recibir a sus ciudadanos o carecen de relaciones diplomáticas plenas con EE. UU.

Sin embargo, expertos señalan que la novedad radica en la velocidad y flexibilidad que el memo otorga a ICE para ejecutar estas deportaciones, incluso sin garantizar plenamente la seguridad del migrante en el país receptor.

Funcionarios federales han confirmado que, bajo este nuevo marco, ICE ya ha deportado a migrantes procedentes de países como Cuba, Laos, México, Myanmar, Sudán y Vietnam hacia Sudán del Sur, un país que, según informes internacionales, enfrenta inestabilidad política y conflictos armados en varias regiones.

Además, se mantienen negociaciones con otros países africanos, incluyendo Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania y Gabón, para facilitar acuerdos de recepción de migrantes expulsados desde Estados Unidos.

Contexto judicial y político

El memorando surge en un contexto de alta tensión política y legal. Una orden judicial preliminar, emitida a comienzos de año, había impuesto restricciones a este tipo de deportaciones, exigiendo que se evaluaran cuidadosamente los riesgos que podrían correr los migrantes en países ajenos a su nacionalidad.

No obstante, un fallo del Tribunal Supremo, dictado en junio, dejó sin efecto la orden judicial, habilitando a ICE a proceder con este tipo de traslados. La sentencia del Supremo se inscribe en un escenario de endurecimiento de políticas migratorias impulsado por sectores conservadores, que reclaman medidas más contundentes para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió públicamente la medida, argumentando que se trata de “una herramienta esencial para proteger la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias”. Según Noem, el gobierno de EE. UU. cuenta con acuerdos diplomáticos que permiten garantizar la recepción de deportados en terceros países.

Críticas de organizaciones defensoras de migrantes

Abogados de inmigración y organizaciones defensoras de los derechos humanos han levantado la voz de alerta, señalando que la rapidez del proceso podría conllevar deportaciones arbitrarias y exponer a migrantes a situaciones de persecución, tortura o violencia.

“La reducción de plazos a seis horas es prácticamente incompatible con un análisis serio de los riesgos a los que se enfrenta un migrante en el país receptor”, señaló Mary Kenney, abogada de la National Immigration Litigation Alliance. “Además, muchos de estos migrantes no tienen acceso inmediato a representación legal, lo cual vulnera su derecho al debido proceso”.

El riesgo, dicen los críticos, es aún mayor para personas con solicitudes de asilo o que pertenecen a comunidades perseguidas en regiones específicas. En países como Sudán del Sur, organizaciones internacionales han denunciado violaciones de derechos humanos, conflictos armados y desplazamientos masivos de población.

Posibles impactos en comunidades migrantes

Abogados de inmigración temen que esta política afecte a miles de personas que, pese a tener órdenes finales de deportación, habían logrado permanecer en Estados Unidos durante años, protegidas por limitaciones diplomáticas o políticas anteriores que congelaron ciertos procesos de expulsión.

“Estamos hablando de personas que llevan 10 o 20 años aquí, que tienen hijos ciudadanos estadounidenses, que han trabajado y construido vidas en este país”, explicó John Sandweg, exdirector interino de ICE. “Mandarlos a un país desconocido podría ser una condena a la miseria o incluso a la muerte.”

Organizaciones proinmigrantes, como la American Immigration Council y Human Rights Watch, han solicitado al Congreso y al gobierno federal que reevalúen esta medida, advirtiendo que puede vulnerar compromisos internacionales asumidos por EE. UU. en materia de derechos humanos y protección de refugiados.

Un tema que seguirá en debate

Mientras tanto, la comunidad migrante observa con preocupación el avance de esta nueva directiva. El memorando se suma a una serie de cambios que buscan acelerar deportaciones y reducir el número de personas en detención migratoria, en un momento en que la frontera sur enfrenta niveles récord de cruces irregulares.

En el Congreso, legisladores demócratas han expresado su inquietud, mientras que varios republicanos aplauden la política como un paso necesario para fortalecer el control migratorio y aliviar la sobrecarga del sistema.

El debate sobre el alcance y la legitimidad de estas deportaciones promete convertirse en un nuevo frente de batalla en la intensa discusión sobre inmigración que atraviesa a la política estadounidense en plena temporada electoral.