A partir de este 22 de julio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) implementa oficialmente una nueva estructura de tarifas para una amplia gama de trámites migratorios. Este reajuste, considerado uno de los más amplios en más de una década, modifica sustancialmente los costos para inmigrantes que buscan protección, residencia o autorización de trabajo en el país.
Las nuevas tarifas, anunciadas con meses de anticipación, afectan especialmente a solicitantes de asilo político, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), participantes en el programa de parole humanitario y quienes solicitan la residencia permanente (Green Card). USCIS ha señalado que estos ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema migratorio estadounidense, en cumplimiento con disposiciones presupuestarias aprobadas por el Congreso.
La agencia de inmigración indicó en un comunicado que el aumento se fundamenta en el proyecto de ley de reconciliación HR1, al que el expresidente Donald Trump había denominado «One Big Beautiful Bill».
Cambios clave en los trámites
Entre los cambios más significativos se encuentra la introducción, por primera vez, de un cargo para la solicitud de asilo (formulario I-589). A partir de hoy, quienes presenten una petición de asilo deberán pagar $100 por la solicitud inicial, y además $100 anuales mientras su caso esté pendiente. Esta medida ha generado críticas de defensores de derechos humanos, quienes señalan que puede representar un obstáculo para personas que huyen de la persecución y la violencia.
El permiso de trabajo (EAD, formulario I-765), que hasta ahora podía ser gratuito para ciertos solicitantes, pasará a costar $550 en su solicitud inicial y $275 en caso de renovación. Esto impactará de forma directa a quienes se encuentran en procesos de asilo, TPS, parole u otras formas de alivio migratorio.
Los cambios también afectan a los beneficiarios del TPS, quienes ahora deberán pagar $500 por la solicitud de protección temporal (formulario I-821) y $550 si desean solicitar simultáneamente el permiso de trabajo, lo que eleva el costo total a más de $1,000 por persona.
En el caso del parole humanitario, una vía utilizada mayoritariamente por migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, se establece un nuevo cargo de $1,000 por la solicitud de ingreso al país, además de $550 por el EAD en caso de que se solicite.
Los menores extranjeros que califican como Inmigrantes Juveniles Especiales (SIJS), quienes anteriormente estaban exentos de pagar, ahora deberán abonar $250 por el formulario I-360. También aumentan los costos relacionados con los trámites de residencia permanente (formulario I-485), que pasará de $1,225 a $1,440 si se presenta en papel. Las tarifas pueden variar si se presentan formularios combinados en línea o por separado.
Rechazo automático por tarifas incorrectas
USCIS ha advertido que las solicitudes enviadas a partir del 22 de julio con tarifas incorrectas serán rechazadas sin excepciones, lo que podría provocar demoras o la pérdida de beneficios migratorios. Además, se aclara que no habrá exenciones disponibles para estas nuevas tarifas, incluso en casos de extrema necesidad económica o situaciones humanitarias.
Críticas y preocupaciones
Diversas organizaciones pro inmigrantes han expresado su preocupación ante la imposición de estos nuevos costos. Alegan que las tarifas podrían tener un efecto disuasorio sobre personas en situación de vulnerabilidad que desean acceder a protección legal o regularizar su estatus en el país.
“Cobrar por el derecho a pedir asilo va en contra de los principios del derecho internacional”, advirtió un representante del National Immigration Justice Center. “Estas tarifas afectarán de manera desproporcionada a personas pobres que huyen de la persecución o la violencia”.
Justificación oficial
Según USCIS, el aumento responde a la necesidad de modernizar sus operaciones, reducir tiempos de espera y mejorar la infraestructura tecnológica. La agencia sostiene que su funcionamiento depende en gran medida de las tarifas que cobra, y que estos ajustes permitirán una mejor administración de los millones de trámites que recibe cada año.
La medida también se enmarca dentro del cumplimiento de la ley HR.1 (“One Big Beautiful Bill”), una ambiciosa reforma impulsada desde el Congreso con el objetivo de reorganizar y financiar diversas agencias del gobierno federal, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al cual pertenece USCIS.
Llamado a informarse y actuar con cautela
Expertos legales recomiendan a los migrantes revisar cuidadosamente las nuevas tarifas antes de presentar cualquier formulario, y buscar asistencia de abogados o representantes acreditados para evitar errores costosos o rechazos por falta de pago correcto. “Es fundamental verificar los nuevos montos en la página oficial del USCIS y no usar versiones antiguas de los formularios”, alertó la abogada de inmigración Carolina López desde Miami.
El reajuste de tarifas marca un cambio importante en el sistema migratorio estadounidense y podría tener un impacto duradero en el acceso de miles de personas a derechos fundamentales como el refugio, el trabajo o la reunificación familiar. Para muchos migrantes, este 22 de julio no solo representa un nuevo trámite, sino también un nuevo desafío económico para seguir adelante con su proceso en Estados Unidos.
