Nuevas leyes en Florida a partir del 1 de octubre

Este 1 de octubre, Florida implementa un paquete de leyes que marcarán un antes y un después en el día a día de conductores, arrendadores, inquilinos y ciudadanos en general. Las medidas, aprobadas en la última sesión legislativa estatal, abarcan desde endurecer sanciones por delitos de tránsito hasta fortalecer la protección contra delitos sexuales, regular la transparencia en arrendamientos y reforzar programas de salud mental.

Se trata de un conjunto de más de veinte disposiciones que, según legisladores, buscan cerrar vacíos legales, responder a problemas sociales en aumento y modernizar el marco regulatorio del estado. A continuación se exponen

HB-113

Este proyecto introduce cambios significativos en los protocolos de persecución policial en Florida. A partir de esta medida, los vehículos de las fuerzas del orden no estarán obligados a mostrar de forma visible la insignia de la agencia en determinados escenarios, especialmente cuando se trate de seguir a sospechosos que intentan escapar.

La normativa también refuerza el marco punitivo al endurecer las penas previstas en el Código Penal para quienes huyan de la policía, buscando desalentar este tipo de conductas y aumentar la seguridad pública.

HB-253

La nueva legislación eleva las sanciones para conductores que utilicen determinados tipos de luces en circunstancias específicas, considerándolo ahora un delito de mayor gravedad. También endurece las consecuencias legales para quienes manipulen, alteren o cubran las placas de matrícula de sus vehículos.

Como parte de estas medidas, se establece además la prohibición expresa de comprar, vender o emplear dispositivos diseñados para ocultar las placas, práctica que hasta ahora solía moverse en un vacío legal y que pasa a tipificarse como delito en Florida.

HB-437

El proyecto de ley introduce cambios en torno al delito de manipulación de dispositivos de monitoreo electrónico. Entre las modificaciones, se contempla una pena diferenciada para los menores de 18 años que incurran en esta falta.

Además, la normativa ordena la revocación automática de la libertad condicional previa al juicio en caso de que el acusado manipule el dispositivo durante ese periodo. Como complemento, otorga a los tribunales la facultad de fijar una nueva fianza bajo condiciones específicas, lo que refuerza el control judicial sobre quienes intenten evadir este tipo de supervisión tecnológica.

HB-687

Esta norma incorpora nuevas consecuencias para los conductores que abandonen la escena de un accidente. A partir de esta disposición, los tribunales tendrán la facultad de ordenar que quienes resulten culpables de causar daños a un vehículo o a la propiedad de otra persona asuman los costos de reparación. Con esta medida, las autoridades buscan que el castigo no solo sea penal, sino también económico, garantizando que las víctimas reciban una compensación directa por las pérdidas ocasionadas.

HB-693

La nueva ley amplía las circunstancias en las que un delito puede ser castigado con la pena de muerte en Florida. A partir de ahora, se considerará un factor agravante si la víctima se encontraba acompañada por una o más personas en el momento de participar en determinadas actividades. Con esta incorporación, el marco legal endurece aún más las condiciones bajo las cuales los fiscales pueden solicitar la pena capital, reforzando la lista de escenarios en los que este castigo extremo resulta aplicable.

HB-703

La ley que se aplicará a partir del próximo mes redistribuye parte de los ingresos generados por el impuesto a los servicios de comunicaciones, destinándolos al Departamento de Comercio para financiar el Programa de Subvenciones para el Reembolso de la Reubicación de Servicios Públicos. Esta iniciativa busca aliviar la carga económica de los proveedores que deben asumir los costos de mover sus infraestructuras.

La medida también implica una reducción porcentual en los recursos que normalmente se transfieren al Fondo Fiduciario de Compensación del Impuesto sobre las Ventas de Medio Centavo de los Gobiernos Locales, lo que podría generar debate entre las administraciones municipales.

A través del programa, los proveedores podrán presentar solicitudes de reembolso por los gastos de reubicación. Para ello, el Departamento de Ingresos depositará recursos en un fondo fiduciario creado con ese propósito, a partir de una fecha determinada en la normativa. Además, la ley contempla una asignación presupuestaria específica para garantizar la operatividad del programa.

HB-757

La nueva legislación refuerza las restricciones en torno a la producción y difusión de representaciones sexuales ilícitas. La normativa prohíbe la posesión con fines de distribución de imágenes lascivas, así como la solicitud, control o visualización intencional de este tipo de material, incluidas las que constituyan pornografía infantil. Para respaldar la aplicación de la ley, se establecen criterios que permiten determinar cuándo existe una exhibición lasciva, ya sea real o simulada, de los genitales.

Otro aspecto clave de la medida es la criminalización del uso de tecnologías de manipulación digital. A partir de ahora, será ilegal generar, solicitar o promover de forma maliciosa representaciones sexuales alteradas de personas identificables sin su consentimiento, una práctica vinculada al fenómeno de los deepfakes. Con este marco, el estado busca cerrar vacíos legales frente al avance tecnológico y endurecer las sanciones contra quienes atenten contra la dignidad y privacidad de las personas.

HB-777

La disposición elimina cualquier ambigüedad en torno a los delitos donde la edad de la víctima es un factor clave. A partir de ahora, el desconocimiento, la creencia errónea de que la persona era mayor o incluso el hecho de que la víctima haya mentido sobre su edad, no podrán ser utilizados como defensa legal.

La normativa también modifica el marco de los delitos de luring o enticing —es decir, atraer o persuadir a una persona con fines ilícitos—, actualizando la edad de las víctimas contempladas en estos casos. Además, se amplía la prohibición para que resulte ilegal sacar a alguien de un edificio, vivienda o vehículo por motivos que no sean legítimos. Con estas medidas, el estado busca fortalecer la protección de menores y cerrar posibles vacíos legales en la persecución de estos delitos.

HB-1049

La nueva ley refuerza la protección al sistema judicial al imponer sanciones penales contra quienes atenten directa o indirectamente contra sus funcionarios. La normativa contempla castigos para las personas que emitan amenazas, hostiguen o manipulen a jueces, fiscales u otros miembros del personal judicial. También penaliza los actos de acoso intencional con fines dañinos, así como cualquier represalia contra funcionarios involucrados en investigaciones o procesos oficiales.

Con esta medida, las autoridades buscan blindar la independencia y seguridad del poder judicial, en un contexto en el que se han registrado crecientes denuncias de intimidación hacia quienes administran justicia.

HB-1121

El precepto estatal incorpora una definición actualizada de lo que se considera una “instalación de infraestructura crítica”, con el objetivo de reforzar la seguridad en torno a estos espacios. La norma introduce además excepciones específicas a la prohibición vigente de volar drones sobre estas instalaciones, permitiendo ciertos usos regulados.

La ley también endurece las sanciones para conductas indebidas relacionadas con el uso de drones, a la vez que ofrece un marco más claro al establecer las definiciones de “aeronaves no tripuladas” y “sistemas de aeronaves no tripuladas”. Entre las disposiciones, se prohíben acciones concretas con estos dispositivos, salvo en casos excepcionales autorizados, y se prevén sanciones penales aplicables a cualquier persona que incumpla la normativa.

Con estos cambios, el estado busca equilibrar la seguridad pública con el uso responsable de nuevas tecnologías, en un contexto donde los drones tienen cada vez mayor presencia en actividades comerciales, recreativas y de vigilancia.

HB-1351

La nueva legislación introduce modificaciones en los requisitos que deben cumplir los depredadores y agresores sexuales a la hora de reportar su información personal a las autoridades. Entre los cambios se incluyen ajustes en el sistema de denuncias en línea y en los mecanismos de verificación de datos, con el fin de fortalecer el control sobre este tipo de delitos.

La norma también actualiza los procedimientos que regulan las obligaciones de notificación para los agresores sexuales, estableciendo criterios más estrictos en cuanto a la forma y frecuencia con que deben reportar su información. Con estas medidas, el estado busca cerrar vacíos en el sistema actual y garantizar un monitoreo más riguroso de quienes han sido condenados por delitos de carácter sexual.

HB-1451

La nueva norma endurece las sanciones contra los reincidentes, imponiendo castigos más severos a quienes sean condenados en múltiples ocasiones por el mismo delito. Además, la norma establece que las infracciones cometidas con fines de lucro estarán prohibidas y podrán enfrentar consecuencias adicionales.

Otro punto clave es que, en el ámbito civil, se autoriza la imposición de daños punitivos, lo que abre la puerta a mayores compensaciones económicas para las víctimas. La ley también introduce un plazo de prescripción que limita el tiempo en que una persona puede ser procesada por este tipo de delitos, ajustando así los criterios legales para su persecución.

HB-1455

La nueva ley refuerza el marco punitivo contra los reincidentes en delitos de carácter sexual. A partir de ahora, se impondrán sentencias mínimas obligatorias para quienes cometan determinados delitos sexuales y tengan antecedentes previos por faltas similares.

La normativa también fija criterios específicos que los jueces deberán aplicar al momento de dictar estas condenas, limitando la discrecionalidad judicial y asegurando que los culpables enfrenten penas más severas. Con esta medida, el estado busca enviar un mensaje de tolerancia cero hacia la reincidencia en este tipo de crímenes, considerados de alto impacto social.

HB-7003

Esta ley elimina la fecha de caducidad que estaba prevista para la exención de los requisitos de acceso a registros públicos en casos relacionados con la Oficina de Regulación Financiera. En concreto, la norma mantiene vigente la confidencialidad de cierta información presentada en las solicitudes del programa Financial Technology Sandbox, un espacio regulatorio que permite a las empresas probar innovaciones financieras bajo condiciones especiales.

Con este cambio, se asegura que datos sensibles de las compañías que participan en el sandbox no sean divulgados, protegiendo tanto la competitividad de las firmas como la integridad de los procesos regulatorios.

SB-150

La SB-150 establece sanciones penales para quienes mantengan a sus perros en el exterior durante un desastre natural y posteriormente los abandonen. La medida busca proteger a los animales en situaciones de emergencia, como huracanes o inundaciones, donde la exposición y el abandono pueden poner en riesgo su vida.

Con esta normativa, el estado envía un mensaje claro contra el maltrato y la negligencia, reforzando la responsabilidad de los dueños de garantizar condiciones seguras para sus mascotas en contextos de crisis. Además, se suma a un marco legal más amplio que promueve el bienestar animal y sanciona conductas de abandono.

SB-168

La Ley Tristin Murphy destina fondos a una serie de programas diseñados para desviar a las personas con problemas de salud mental del sistema de justicia penal, apostando por un enfoque más terapéutico que punitivo.

Entre las medidas se incluyen la capacitación de operadores del 911 y técnicos de emergencias médicas para que puedan responder de manera más adecuada a crisis relacionadas con la salud mental. La legislación también fortalece los tribunales de tratamiento para veteranos, además de crear subvenciones específicas para programas de desvío en casos de delitos menores y de delitos graves en etapa previa al juicio.

Otro punto clave es la ampliación del Programa Piloto de Desvío de Hospitales Forenses, que ahora incorporará al condado de Hillsborough, lo que permitirá que más personas accedan a tratamiento en lugar de enfrentar procesos penales tradicionales.

Con esta normativa, Florida busca reducir la reincidencia, descongestionar el sistema judicial y ofrecer salidas más humanas y efectivas a quienes enfrentan problemas de salud mental.

SB-948

Refuerza la protección de inquilinos y compradores de vivienda en Florida al imponer mayores obligaciones de transparencia a arrendadores, promotores y propietarios de parques de casas móviles.

En el caso de los alquileres, los arrendadores deberán proporcionar información específica a los posibles inquilinos antes de la firma del contrato. Si se ocultan datos relevantes, como el historial de inundaciones de la propiedad, y el inquilino sufre pérdidas o daños considerables, tendrá derecho a rescindir el contrato mediante notificación por escrito y devolver la vivienda dentro de un plazo establecido.

La normativa también se aplica al mercado de compraventa de inmuebles: los promotores de condominios residenciales estarán obligados a entregar información clave a los compradores antes de formalizar la operación. De igual manera, los propietarios de parques de casas móviles deberán revelar datos específicos a quienes busquen alquilar un espacio, garantizando mayor claridad y reduciendo el riesgo de conflictos legales posteriores.

Con estas medidas, el estado busca fortalecer la transparencia en el sector inmobiliario y proteger a los residentes frente a posibles abusos o falta de información.

SB-1080

Esta disposición introduce cambios en los procesos administrativos locales, con el objetivo de dar mayor claridad y eficiencia en la tramitación de solicitudes. A partir de ahora, condados y municipios deberán detallar la información mínima requerida para determinados trámites, lo que busca evitar retrasos y confusiones en el proceso.

La normativa también ajusta los plazos de gestión de permisos y órdenes de desarrollo, lo que podría agilizar la respuesta a constructores y ciudadanos que dependen de estas autorizaciones. En el caso de los distritos escolares, se establece que no podrán cobrar ciertas tarifas a menos que cumplan requisitos específicos previamente definidos por la ley.

Además, se autoriza a los gobiernos locales a destinar determinadas tarifas al financiamiento de actividades vinculadas con la obtención o procesamiento de permisos de construcción, reforzando así la capacidad operativa de las oficinas responsables.

Con estas disposiciones, la legislación busca un equilibrio entre la transparencia hacia los solicitantes y la eficiencia en la gestión pública, al tiempo que limita prácticas de cobro que podrían resultar abusivas o poco claras.

SB-1168

Esta ley endurece las sanciones contra el uso indebido de dispositivos de rastreo en Florida. A partir de ahora, quienes instalen de manera intencional un rastreador en la propiedad de otra persona sin autorización o lo utilicen para seguir sus movimientos y ubicación sin consentimiento, enfrentarán penas más severas, especialmente si la finalidad es cometer un delito de carácter peligroso.

Con esta medida, las autoridades buscan responder al creciente uso de tecnologías de geolocalización en casos de acoso, violencia doméstica y delitos organizados, cerrando vacíos legales y ofreciendo mayor protección a las potenciales víctimas.

SB-1386

La SB-1386 incorpora una definición oficial de “trabajador de servicios públicos” y refuerza su protección legal en el desempeño de sus funciones. A partir de ahora, los delitos cometidos contra estos empleados mientras realizan labores en infraestructuras críticas —como sistemas de energía, agua o telecomunicaciones— podrán ser reclasificados como faltas más graves, lo que conlleva sanciones más severas para los agresores.

Con esta medida, el estado busca reconocer el papel esencial de estos trabajadores en la seguridad y el funcionamiento de la vida cotidiana, al tiempo que envía un mensaje de tolerancia cero frente a las agresiones que puedan poner en riesgo tanto a los empleados como a los servicios básicos que sostienen a la comunidad.

SB-1804

Esta ley permite que la confesión o admisión grabada de un acusado se utilice como prueba en juicios relacionados con casos graves de trata de personas. También exige que las personas condenadas por trata de personas con fines de explotación sexual sean catalogadas como depredadores sexuales.

Asimismo, prohíbe a los adultos organizar o gestionar actividades que impliquen la trata de menores de 12 años o de personas con discapacidad mental para la explotación sexual.

SB-7000

La nueva enmienda elimina la fecha de vencimiento de una disposición que mantenía en reserva la información sobre la ubicación de especies en peligro o amenazadas cuando se solicitaban registros públicos. Con este cambio, la confidencialidad de esos datos quedará vigente de manera indefinida.

El objetivo es proteger a la fauna vulnerable frente a riesgos como la caza furtiva, la recolección ilegal o la alteración de sus hábitats, evitando que la divulgación de su localización precise facilite actividades que pongan en peligro su supervivencia.

SB-7010

La nueva legislación actualiza la lista de registros que estarán exentos de la ley de acceso público cuando el Departamento de Servicios Financieros actúe en calidad de síndico. Además, elimina la fecha de vencimiento de esa exención, lo que garantiza que la confidencialidad de ciertos documentos se mantenga de manera permanente.

Con esta medida, se busca proteger información sensible vinculada a procesos financieros y de administración de bienes, evitando que su divulgación pueda afectar la gestión del departamento o a las partes involucradas.

SB-7018

La nueva enmienda modifica las disposiciones relacionadas con la privacidad de las menores que solicitan autorización judicial para interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres. La medida mantiene en reserva la información que pudiera identificar a estas jóvenes y elimina la fecha de vencimiento que limitaba esa protección, lo que garantiza que la confidencialidad sea permanente.

Con esta decisión, el estado busca preservar la identidad y seguridad de las menores involucradas en este tipo de procesos judiciales, en un tema altamente sensible y de gran debate público.