En una decisión reciente que ha generado impacto, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó luz verde a la administración de Donald Trump para poner fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 350.000 venezolanos que residían en el país bajo esa protección. Esta medida implica que estas personas ya no contarán con protección contra la deportación ni podrán trabajar legalmente en el territorio nacional de EE.UU.
La corta instrucción indicó que la jueza liberal Ketanji Brown Jackson habría rechazado la petición. Los procesos legales seguirán a partir de ahora en las cortes menores. «Esta es la acción más grande que despoja a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio en la historia moderna de Estados Unidos», comentó Ahilan Arulanantham, uno de los abogados de la defensa de los venezolanos quien agregó que ha sido realmente sorprendente que se permita esta acción sin prestar mayor atención al asunto.
En marzo 2021 debido a la inestabilidad política en Venezuela el entonces presidente de EE.UU Joe Biden dijo que los venezolanos podían acceder al estatus de protección vigente de los inicios de los noventa y que tiene como principal objetivo ofrecer asistencia humanitaria a aquellos ciudadanos que provienen de estados afectados por conflictos bélicos o por desastres naturales.
Los individuos admitidos en el programa cuentan con estatus migratorio en los EE.UU y tienen la posibilidad de recibir autorización laboral por un período de 18 meses con posibilidades de prorrogarlos. Lo que se debatió en la Corte Suprema era una nominación hecha en octubre de 2023 y que se renovó en enero antes que Trump asumiera el cargo por segunda vez. Su vigencia está programada para finalizar en octubre de 2026.
En el mes de febrero, Kristi Noem, quien ocupa el cargo de secretaria de Seguridad Nacional, intentó anular dichas decisiones, lo que implicaría que las protecciones finalizarían este año. Edward Chen, juez federal de California rechazó la medida alegando que se fundamentaba en prejuicios raciales. Las decisiones de Kristi implicaron que los inmigrantes afectados se enfrentan a una inminente posibilidad de regresar a sus países.
D. John Sauer, quien se desempeña como procurador general indicó en la petición de la administración que los tribunales no podían cuestionar la decisión de Noem. «La orden de la corte contraviene las prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la política de inmigración que el Congreso reconoció que debe ser flexible, rápida y discrecional», explicó.
La Asociación Nacional de TPS y ciudadanos venezolanos presentaron una demanda en los juzgados contra la política. Los juristas señalaron que el gobierno de EE.UU intentaba eludir la supervisión judicial sobre la magnitud de sus facultades. «No debería sorprender que los tribunales federales digan cuál es la ley», destacaron los letrados.
Indicaron que la implementación del plan de Noem resultaría en «la pérdida de empleo y deportaciones generalizadas a un país inseguro». La determinación de la Corte Suprema se produce a tres días de que se asestara un golpe contra la actual administración en materia de políticas migratorias y que tiene que ver también con la detención de ciudadanos venezolanos en EE.UU.
En tal situación el tribunal ordenó que el gobierno tiene que admitir que los venezolanos puedan exponer sus objeciones cuando sean expuestos a la deportación por parte de las autoridades bajo la llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
La decisión también tiene un efecto dominó para otros países cuyos ciudadanos se encuentran bajo TPS en Estados Unidos, como Haití y Camerún. La incertidumbre sobre si el gobierno puede terminar estas protecciones de forma abrupta genera preocupación en estas comunidades, que temen perder su estatus y enfrentar la deportación.
Esta decisión refleja las tensiones políticas y legales que existen en torno a la política migratoria en Estados Unidos. El control del Ejecutivo sobre la inmigración y la capacidad para otorgar o retirar protecciones como el TPS son temas que han generado debates intensos entre legisladores, activistas y comunidades inmigrantes.
