La alcaldesa electa de Miami, Eileen Higgins, confirmó que pondrá fin a la cooperación entre el Departamento de Policía de Miami y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una decisión que marca un cambio profundo en la estrategia local frente a la migración y la seguridad ciudadana. El anuncio se implementará oficialmente en enero de 2026, cuando Higgins asuma el cargo, y ya ha generado un intenso debate político en el sur de la Florida.
El fin de un modelo de colaboración migratoria
Higgins explicó que su administración iniciará un proceso legal para retirar a la ciudad de todos los acuerdos vinculados con la colaboración migratoria, incluyendo el controvertido programa 287(g), que permite a agencias policiales locales actuar como extensiones de ICE en la identificación y detención de inmigrantes sin estatus legal. Para la futura alcaldesa, estos convenios han desviado a la policía de su función principal y han contribuido a erosionar la confianza entre las autoridades y la población.
La decisión revierte la política aprobada meses atrás por la administración saliente, que había votado a favor de mantener la cooperación con ICE. Higgins criticó esa medida, afirmando que estuvo motivada por “miedo político” y por una visión distorsionada del impacto real de la colaboración en la seguridad pública.
Impacto en la seguridad y en la relación con la comunidad
De acuerdo con la alcaldesa electa, la participación de la policía local en procesos migratorios ha tenido consecuencias negativas en la ciudad. Higgins sostiene que numerosos residentes han dejado de reportar delitos o de colaborar como testigos por temor a ser identificados por autoridades federales. Para ella, la confianza ciudadana es un elemento esencial en la lucha contra el crimen, y cualquier acción que genere miedo, insiste, debilita la seguridad pública.
La medida busca reforzar la idea de que la policía de Miami no debe responsabilizarse de ejecutar leyes migratorias federales, sino enfocarse en proteger a la población sin distinciones. Higgins recalcó que “nadie debe temer llamar al 911”, una frase que resume su estrategia de priorizar la cooperación comunitaria por encima de las prácticas de deportación.
Contexto de un debate más amplio en Florida
El anuncio se produce en un momento en que la política migratoria está en el centro del debate estatal y nacional. El sur de Florida ha sido uno de los territorios con mayor flujo de inmigrantes, especialmente cubanos, venezolanos y haitianos, en los últimos años. Paralelamente, el gobierno federal ha intensificado los operativos de deportación, lo que ha incrementado las tensiones entre las autoridades locales y las agencias federales.
Miami, una ciudad con una mayoría demográfica hispana y con una presencia histórica de comunidades migrantes, se coloca ahora en una posición distinta frente al enfoque estatal, que ha promovido leyes más estrictas contra jurisdicciones que limitan su cooperación con ICE. La decisión de Higgins pone nuevamente a la ciudad en el centro de una discusión que mezcla seguridad, identidad cultural y autonomía municipal.
La visión de gobernanza de Eileen Higgins
Higgins llega a la alcaldía con un perfil centrado en la gestión pública, el fortalecimiento de la infraestructura urbana y la defensa de comunidades vulnerables. Durante su etapa como comisionada del condado Miami-Dade, impulsó proyectos orientados al transporte público, la vivienda asequible y la participación ciudadana. Su llegada al gobierno municipal ha sido celebrada por organizaciones de derechos civiles y redes comunitarias que han abogado por limitar la intervención local en procesos de deportación.
Para Higgins, esta decisión no es solo una postura migratoria, sino un componente integral de su visión de gobernanza: construir una ciudad basada en la confianza mutua, donde las instituciones públicas operen con transparencia y sin generar temor entre sus residentes.
Reacciones y posibles desafíos legales
El anuncio ha provocado reacciones encontradas. Sectores progresistas del condado consideran que la medida permitirá mejorar la seguridad pública al fomentar las denuncias y la cooperación de víctimas de delitos. Por el contrario, grupos conservadores advierten que podría dificultar la identificación de personas con antecedentes criminales y generar tensiones con el gobierno estatal y federal.
La decisión también podría desencadenar desafíos legales. Las leyes estatales aprobadas en los últimos años buscan reforzar la colaboración con ICE, por lo que la administración de Higgins podría enfrentarse a litigios o presiones presupuestarias destinadas a castigar a jurisdicciones que se nieguen a cooperar con autoridades federales.
Miami en el centro del debate migratorio nacional
La determinación de suspender la colaboración con ICE redefine el papel de Miami en el contexto migratorio de Estados Unidos. La ciudad, que históricamente ha sido un punto de llegada para diversas comunidades, entra ahora en una nueva etapa política en la que la protección del tejido social se coloca por encima de la cooperación con agencias federales de deportación.
Con la implementación oficial prevista para enero de 2026, el rumbo que tome Miami podría convertirse en referencia —o en advertencia— para otras ciudades del país. Lo que es seguro es que la decisión de Higgins continuará alimentando un debate que toca las raíces mismas de la identidad y la convivencia en el sur de la Florida.
