Un nuevo acuerdo firmado por el condado de Miami-Dade con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre cómo se manejan los registros públicos de los inmigrantes detenidos en sus instalaciones correccionales.
Con el respaldo de la alcaldesa Daniella Levine Cava, esta nueva actualización otorga a ICE la autoridad para gestionar los registros de las personas detenidas bajo órdenes federales. Esta medida tiene consecuencias significativas para la transparencia y la disponibilidad de información sobre los migrantes involucrados en procesos de deportación.
Este lunes se llevará a cabo una votación preliminar sobre un nuevo acuerdo que modifica el acuerdo existente entre el ICE y el condado de Miami-Dade. Según lo estipulado en el acuerdo, la agencia federal gestionará la información de los detenidos bajo su custodia, lo que implica que las plataformas locales de búsqueda de reclusos no tendrán acceso inmediato a estos registros.
Quienes defienden los derechos de los inmigrantes argumentan que dicha falta de transparencia podría afectar negativamente a los detenidos, dificultando su localización y el seguimiento de sus casos.
Una cláusula específica del contrato permite al condado solicitar un reembolso de $50 por cada recluso detenido y que tenga orden de deportación. Este reembolso busca compensar los gastos adicionales de detención, que ascienden a aproximadamente $300 diarios por recluso. Esta disposición garantiza que el Condado de Miami-Dade pueda cumplir con los mandatos de ICE y, al mismo tiempo, gestionar eficazmente la carga financiera que supone el alojamiento de los detenidos.
El acuerdo especifica además que los detenidos con órdenes de detención podrán permanecer en las cárceles del condado durante un máximo de 48 horas antes de su traslado a ICE. Esta medida se ajusta a la legislación del estado de Florida, que exige que las cárceles del condado colaboren con ICE para la detención de inmigrantes.
La alcaldesa del condado Miami-Dade ya firmó el nuevo acuerdo; sin embargo, su aprobación final está en manos de la Comisión del Condado, que determinará si este nuevo sistema de gestión de registros y detenciones se implementará en colaboración con ICE.
