Más control: Gobierno de EE.UU estudia vigilar redes sociales de inmigrantes en procesos como Ciudadanía y Residencia

El gobierno de Estados Unidos evalúa una medida que podría transformar los procesos migratorios: incluir la obligación de declarar las cuentas de redes sociales en los formularios para residencia, asilo y naturalización. La iniciativa se encuentra aún en etapa de análisis, pero ya ha despertado un intenso debate sobre derechos, privacidad y seguridad.

El 16 de septiembre de 2025, el Registro Federal difundió una medida del DHS que apunta a cerrar brechas en la verificación de identidad y responder a las crecientes exigencias de seguridad nacional.

Esta regla responde a lo establecido en la Orden Ejecutiva 14161 —“Proteger a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública”—, firmada en enero de 2025, la cual marca una hoja de ruta para que las agencias refuercen sus protocolos de seguridad en materia migratoria.

De acuerdo con el aviso publicado en el Registro Federal, los solicitantes de trámites migratorios deberán entregar información vinculada a sus cuentas en redes sociales como parte del proceso de verificación de identidad entre ellos:

• N-400: Solicitud de naturalización
• I-131: Solicitud de Documento de Viaje
• I-192: Solicitud de permiso anticipado para ingresar como no inmigrante
• I-485: Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus
• I-589: Solicitud de Asilo y Retención de Deportación
• I-590: Registro para la clasificación como refugiado
• I-730: Petición de Familiar Refugiado/Asilado
• I-751: Petición para eliminar las condiciones de residencia
• I-829: Petición de inversionista para eliminar las condiciones sobre el estatus de residente permanente

Contexto y antecedentes

El uso de redes sociales como herramienta de verificación no es totalmente nuevo. Durante la administración de Donald Trump, el Departamento de Estado introdujo requisitos similares en solicitudes de visas temporales, obligando a los solicitantes a proporcionar identificadores digitales utilizados en los últimos cinco años. La actual propuesta ampliaría ese control hacia los trámites de inmigración permanente, lo que tendría un impacto mucho mayor en millones de personas.

Objetivo declarado

La intención oficial es dotar a las autoridades de más recursos para confirmar identidades, cotejar datos y detectar posibles amenazas a la seguridad nacional. En un entorno donde la actividad digital refleja cada vez más la vida personal, las publicaciones en internet podrían ser vistas como un espejo de la conducta y los vínculos de los solicitantes.

Según proyecciones de USCIS, la medida alcanzará a más de tres millones de solicitantes en un año, quienes tendrán que incluir sus perfiles digitales. Esto se traducirá en un incremento de más de 3,2 millones de horas de carga administrativa para los aplicantes.

Riesgos para la privacidad

Sin embargo, el plan abre un complejo escenario legal y ético. Organizaciones defensoras de derechos civiles advierten que la exigencia podría convertirse en una forma de vigilancia masiva, vulnerando el derecho a la privacidad. Además, existe el riesgo de que publicaciones fuera de contexto sean interpretadas como señales negativas, lo que podría afectar injustamente la elegibilidad de solicitantes.

Impacto en la libertad de expresión

Abogados especializados en inmigración señalan que, de aprobarse, la medida fomentaría la autocensura. Muchos inmigrantes podrían limitar lo que comparten en línea por miedo a que sus opiniones políticas, culturales o personales sean utilizadas en su contra durante la evaluación de su caso. En comunidades de alta vulnerabilidad, como refugiados o solicitantes de asilo, esta presión podría resultar especialmente severa.

Implicaciones prácticas

El requisito también genera preguntas operativas:

• ¿Cómo procederán quienes no usan redes sociales?
• ¿Qué criterios se aplicarían para verificar la autenticidad de las cuentas?
• ¿Cuánto tiempo adicional sumarían estas revisiones a un sistema migratorio ya saturado de demoras?

Algunos expertos advierten que esto podría traducirse en mayores tiempos de espera y más burocracia, afectando tanto a inmigrantes en proceso como a sus familias.

Reacciones en Florida y comunidades migrantes

En estados con alta concentración de inmigrantes, como Florida, la propuesta ha generado preocupación. Abogados en Miami y Hialeah advierten que muchos de sus clientes no sabrían cómo responder a un cuestionario digital tan invasivo, especialmente personas mayores o de escasos recursos tecnológicos. Por otro lado, algunos sectores conservadores aplauden la idea como una forma de reforzar la seguridad nacional y prevenir fraudes.

Estado actual de la iniciativa

La propuesta aún no se aplica ya que debe superar un proceso de revisión reglamentaria y abrirse a comentarios públicos antes de convertirse en una norma. Sin embargo, su sola discusión revela la dirección de las políticas migratorias: un mayor escrutinio digital sobre los extranjeros que aspiran a establecerse en el país.

Un dilema entre seguridad y derechos

El debate de fondo refleja una tensión histórica en la política migratoria estadounidense: equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos individuales. Para los inmigrantes, el acceso a la residencia o la ciudadanía podría depender cada vez más no solo de documentos oficiales, sino también de su rastro digital.