
La administración de Estados Unidos presentó ante el Senado una estrategia detallada y escalonada para el futuro de Venezuela, en un momento de alta volatilidad política tras la captura de Nicolás Maduro y la reorganización del poder en Caracas. El plan lo explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de una sesión informativa con senadores, según reportó Telemundo 51.
La propuesta se estructura en tres fases claramente diferenciadas —estabilización, recuperación y transición— y sitúa al sector petrolero como eje central tanto del financiamiento inmediato como del proceso de reconstrucción institucional. Funcionarios estadounidenses subrayaron que se trata de una hoja de ruta gradual, sujeta a condiciones políticas y de seguridad sobre el terreno.
Primera fase: estabilización para contener el colapso
La etapa inicial está diseñada para evitar un escenario de vacío de poder, desorden institucional o deterioro acelerado de la situación humanitaria. De acuerdo con Rubio, Washington considera que el principal riesgo en el corto plazo es el colapso del aparato estatal, lo que podría derivar en mayor migración forzada, inseguridad regional y paralización total de los servicios básicos. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, explicó Rubio.
En esta fase, el énfasis estaría puesto en asegurar el funcionamiento mínimo del Estado, mantener el orden administrativo y garantizar que sectores estratégicos —en particular el energético— operen de forma controlada. La estabilización no se plantea como una solución definitiva, sino como un “puente” necesario para evitar un deterioro mayor mientras se construyen las condiciones para las siguientes etapas.
El papel estratégico del petróleo en la etapa inicial
Dentro de la fase de estabilización, la industria petrolera ocupa un lugar prioritario. Estados Unidos considera que el petróleo venezolano sigue siendo el principal activo económico del país y una fuente indispensable de ingresos en el corto plazo. Sin una gestión ordenada de ese sector, sostienen funcionarios estadounidenses, no sería posible financiar programas básicos ni atender necesidades urgentes de la población.
Rubio explicó que el control del flujo petrolero permitiría generar recursos inmediatos, al tiempo que se establecen mecanismos de supervisión para evitar el desvío de fondos. Esta visión parte de la premisa de que el petróleo puede servir como ancla financiera mientras se avanza hacia reformas más profundas.
Venta de crudo y administración de los ingresos
Uno de los puntos más sensibles del plan es la propuesta de vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a precios de mercado internacional. Según lo expuesto ante el Senado, los ingresos obtenidos quedarían bajo administración estadounidense con el objetivo declarado de garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano.
Washington argumenta que este esquema permitiría asegurar transparencia financiera en una etapa de transición frágil, evitando prácticas de corrupción que han marcado al sector en años recientes. Los fondos, según la visión presentada, se destinarían a cubrir necesidades básicas, apoyar la estabilización institucional y sentar las bases de la recuperación económica.
No obstante, este componente del plan abre un debate complejo sobre soberanía, legitimidad y el rol que podrían jugar organismos multilaterales o supervisores internacionales en la gestión de esos recursos.
Segunda fase: recuperación económica y reconstrucción institucional
La segunda etapa del plan se centra en la recuperación económica y la reactivación productiva del país. Rubio señaló que esta fase busca crear un entorno más predecible para la inversión, con reglas claras y un acceso “justo y competitivo” al mercado petrolero venezolano para empresas estadounidenses, occidentales y de otros países.
“La segunda fase será una fase que llamamos de recuperación. Y consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, dijo el secretario.
El objetivo, según la administración estadounidense, es romper con esquemas opacos del pasado y promover un modelo más abierto que permita modernizar la industria energética, aumentar la producción y generar empleo. Esta reapertura del mercado estaría acompañada por reformas institucionales orientadas a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
Reconciliación política y medidas internas
En paralelo a la recuperación económica, la segunda fase incluye un componente político clave: la reconciliación interna. Rubio mencionó la liberación de presos políticos y la posibilidad de amnistías para actores de la oposición como pasos necesarios para reducir tensiones y facilitar un diálogo nacional.
Desde Washington se plantea que sin avances tangibles en materia de derechos políticos y libertades civiles, cualquier recuperación económica sería frágil y limitada. La reconciliación, según esta visión, no se concibe solo como un gesto simbólico, sino como una condición para reconstruir instituciones y restablecer la confianza social.
Tercera fase: transición política y consolidación
La tercera y última etapa fue descrita como una transición política “muy positiva”, orientada a cerrar el ciclo de inestabilidad y avanzar hacia una nueva etapa en la historia del país. Aunque Rubio no ofreció plazos concretos ni detalles operativos, subrayó que esta fase dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos en las etapas anteriores. “La tercera fase, por supuesto, será la de transición. Creemos que avanzaremos de forma muy positiva”, les dijo a los periodistas.
Desde la perspectiva estadounidense, la transición implicaría la consolidación de instituciones más funcionales, un sistema político menos polarizado y un entorno que permita la participación de diversos actores bajo reglas claras. Esta fase se presenta como el objetivo final del plan, pero también como la más compleja y condicionada.
Un escenario político marcado por la incertidumbre
El anuncio del plan se produce en un contexto político aún inestable. Tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asumió funciones como presidenta interina, una situación que ha generado preocupación entre sectores de la oposición, especialmente entre líderes que permanecen en el exilio y que reclaman garantías claras para un proceso de transición creíble.
Analistas señalan que el éxito o fracaso de la estrategia estadounidense dependerá de múltiples factores internos, incluyendo la cohesión de las nuevas autoridades, el papel de las fuerzas armadas y la respuesta de la sociedad venezolana ante los cambios propuestos.
Repercusiones regionales e internacionales
La hoja de ruta presentada en el Senado también tiene implicaciones más allá de Venezuela. Estados Unidos observa con atención el impacto regional de la crisis venezolana, especialmente en materia migratoria y de seguridad. Una transición desordenada, advierten funcionarios, podría intensificar flujos migratorios y tensiones diplomáticas en el hemisferio.
Asimismo, el plan podría redefinir las relaciones de Washington con otros actores internacionales que tienen intereses en Venezuela, particularmente en el sector energético, y abrir un nuevo capítulo en la política exterior estadounidense hacia América Latina.
Un plan ambicioso con múltiples interrogantes
La estrategia presentada por Marco Rubio ante el Senado marca uno de los planteamientos más detallados de Estados Unidos sobre el futuro de Venezuela en los últimos años. Combina control económico, apertura gradual y presión política, con la intención de influir de manera decisiva en el rumbo del país sudamericano.
Sin embargo, más allá de la hoja de ruta, persisten interrogantes sobre su implementación, su aceptación interna y el equilibrio entre supervisión internacional y soberanía nacional. Para Venezuela, el plan abre un período de expectativas y dudas; para Estados Unidos, representa una apuesta de alto impacto en un escenario regional aún incierto.





