Un ciudadano cubano, identificado como Lázaro Mateo Ruiz, fue arrestado en Florida durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y posteriormente incluido en la lista denominada “Lo peor de lo peor”, que agrupa a los inmigrantes con antecedentes criminales más graves y considerados una amenaza para la seguridad pública de Estados Unidos.
El caso, que se ha difundido ampliamente en medios latinos y entre la comunidad cubana de Miami, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la cooperación migratoria entre Washington y La Habana, así como las políticas de deportación bajo la administración de Donald Trump que en los últimos meses ha estado enviando a varios inmigrantes a terceras naciones ante la negativa de sus países de origen de recibirlos.
El arresto y los cargos
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lázaro Mateo Ruiz, residente en el sur de la Florida, tenía condenas por homicidio doloso con arma de fuego, posesión ilegal de armas y robo agravado en el condado de Miami-Dade.
Por su historial delictivo, fue catalogado como uno de los delincuentes extranjeros más peligrosos y se le incluyó en el programa especial del ICE que prioriza la captura de individuos con antecedentes violentos.
El DHS destacó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional para reforzar la seguridad interna, centrada en el arresto de extranjeros indocumentados que han sido acusados o condenados por crímenes graves.
En palabras del comunicado: “El objetivo de estas operaciones es retirar de nuestras comunidades a aquellos individuos que representan una amenaza real para la seguridad pública de Estados Unidos.”
“Lo peor de lo peor”: una lista con alto perfil
La lista “Lo peor de lo peor” fue creada por el ICE como parte de su programa de deportación prioritaria, dirigido a inmigrantes violentos o reincidentes. Incluye a personas con condenas por asesinato, agresión sexual, secuestro, tráfico de drogas, robo a mano armada y violencia doméstica grave.
Los nombres en esta lista son compartidos con agencias policiales locales, estatales y federales para facilitar su localización. El caso de Mateo Ruiz fue considerado especialmente relevante por haberse registrado en el condado de Miami-Dade, una de las zonas con mayor población cubana en Estados Unidos.
Datos del DHS: mayoría de arrestos por delitos graves
«El Departamento de Seguridad Nacional destacó que el 70 por ciento de los arrestos de ICE son de extranjeros ilegales criminales acusados o condenados por un delito en los Estados Unidos», dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.
La lista revelada el lunes expone casos de inmigrantes en situación irregular que, según las autoridades, cuentan con un historial delictivo amplio y grave. Entre las acusaciones figuran abusos y conductas sexuales ilícitas contra menores, agresiones de carácter sexual, secuestros, homicidios, ataques violentos, tráfico de personas, delitos vinculados al narcotráfico y asaltos a mano armada.
Se trata de perfiles que, de acuerdo con la información oficial, han sido vinculados a crímenes que abarcan desde violencia extrema hasta actividades criminales organizadas, generando preocupación entre los encargados de hacer cumplir la ley.
Los agentes del ICE suelen coordinar estos operativos con los sheriffs locales y oficinas policiales estatales, particularmente en el sur de la Florida, donde existe una alta concentración de extranjeros con antecedentes judiciales o procesos migratorios pendientes.
Cuba y el problema de las deportaciones bloqueadas
Pese a su arresto, la deportación de Lázaro Mateo Ruiz podría complicarse. El artículo recuerda que Cuba mantiene una política restrictiva para aceptar a nacionales deportados desde EE.UU., especialmente si tienen antecedentes penales o si emigraron antes del restablecimiento de los acuerdos migratorios de 2017.
Según datos oficiales, más de 42 000 cubanos tienen órdenes de deportación activas, pero muchos no pueden ser repatriados porque el gobierno de La Habana se niega a recibirlos. Esto genera una situación de “limbo migratorio” en la que los detenidos pueden permanecer meses —e incluso años— bajo custodia de ICE o en libertad supervisada.
Un exfuncionario del DHS citado por medios locales explicó que esta situación “representa un desafío tanto diplomático como logístico”, ya que Estados Unidos debe mantener bajo control a personas que no pueden ser expulsadas, pero tampoco regularizadas.
La política migratoria bajo Trump
El caso se inscribe en el marco de la política de línea dura de la administración Trump en materia migratoria. El gobierno republicano ha prometido reforzar los arrestos, acelerar deportaciones y revisar acuerdos internacionales para permitir la expulsión de delincuentes a terceros países en los casos en que su país de origen no los acepte.
El propio presidente ha reiterado en sus mítines recientes que su prioridad será “restablecer la ley y el orden” y “expulsar a los criminales extranjeros sin demora”, declaraciones que han tenido eco entre sus votantes, pero también han suscitado críticas de organizaciones proinmigrantes.
En junio, la Corte Suprema autorizó al gobierno estadounidense a deportar a determinados inmigrantes hacia terceros países, incluso si en esos destinos pudieran enfrentar riesgos de tortura o muerte.
El fallo otorgó a la Casa Blanca un margen más amplio para ejecutar expulsiones en casos donde el país de origen se niegue a recibir a los deportados, una decisión que ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos.
Antes de que la Corte Suprema emitiera su fallo definitivo, las autoridades estadounidenses ya habían deportado a dos cubanos con un extenso historial delictivo hacia Sudán del Sur, mientras que otro fue enviado al Reino de Esuatini en julio.
Además, se informó que otros ciudadanos cubanos fueron trasladados a México, aunque las cifras exactas de estas deportaciones no han sido divulgadas oficialmente.
Según fuentes oficiales, esta medida busca garantizar que individuos con historiales criminales —incluidos delitos violentos y de alto riesgo— no permanezcan en territorio estadounidense, aun cuando su deportación directa resulte inviable por falta de cooperación diplomática.
Reacciones en la comunidad cubana de Florida
La noticia del arresto de Mateo Ruiz ha generado división de opiniones en la comunidad cubana del sur de la Florida. Algunos sectores consideran que estas acciones son necesarias para “limpiar el sistema” de personas con historial criminal que empañan la imagen de los inmigrantes cubanos; otros, en cambio, temen que la medida abra la puerta a redadas más amplias que afecten a quienes aún esperan resolver sus casos migratorios.
Abogados de inmigración han advertido que la inclusión en listas como la de ICE puede afectar las solicitudes de asilo, parole o residencia de cubanos con procesos abiertos. Uno de ellos, entrevistado por CiberCuba, señaló que “la falta de cooperación del gobierno cubano no impide que ICE mantenga la custodia o supervisión de los deportables, y eso puede complicar la vida de cientos de familias en Miami”.
Desafíos y preguntas abiertas
El caso de Lázaro Mateo Ruiz vuelve a colocar sobre la mesa preguntas de fondo sobre el futuro de las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos: ¿Podrá el gobierno de Trump presionar a La Habana para aceptar deportaciones de cubanos con antecedentes penales? ¿Qué ocurrirá con los miles de cubanos en limbo migratorio si se endurecen las políticas federales?
Por ahora, el ICE ha confirmado que Mateo Ruiz permanecerá bajo custodia federal mientras se resuelve su proceso judicial y se estudia la viabilidad de su deportación.
