
La oficial Sthephany Cañizares, de 27 años, del Departamento de Policía de Miami-Dade, salió de la cárcel luego de enfrentar cargos por presuntamente disparar su arma de servicio durante una discusión doméstica. El hecho, aunque no dejó heridos, abrió un nuevo debate sobre la conducta policial y los mecanismos de control interno en uno de los cuerpos de seguridad más grandes de Florida.
El incidente y la detención
De acuerdo con el informe oficial, el episodio se produjo en la vivienda de la agente, donde mantenía una discusión con su pareja, padre de su hija de cinco meses. El hombre relató que encontró a Cañizares fuera de la casa sosteniendo un arma de fuego y, poco después, escuchó un estruendo que interpretó como un disparo.
Horas más tarde, fue la propia oficial quien llamó al 911 para reconocer que había accionado el arma y manifestó su intención de entregarse. Los agentes que la recibieron describieron un comportamiento extraño, por lo que antes de ser trasladada a la cárcel fue sometida a una evaluación médica y fotografiada vistiendo una bata hospitalaria.
El parte policial detalla que, al considerar que la seguridad de su bebé estaba en riesgo, el hombre optó por tomar su arma de fuego y resguardarse con la pequeña en una de las habitaciones de la vivienda.
En la corte: dudas sobre la causa probable
Durante la audiencia judicial, la pareja de la oficial declaró que no sintió temor en ningún momento, lo que debilitó los argumentos de la fiscalía. El juez incluso expresó dudas sobre si existía causa probable para mantener los cargos de asalto agravado con arma de fuego.
“No creo que haya causa probable por disparar un arma en exteriores, que es un cargo menor en primer grado. En relación con asalto agravado con arma tampoco lo veo como causa probable.”, afirmó el magistrado. Cañizares pagó una fianza de 5,500 dólares y quedó en libertad con una orden de alejamiento modificada que le permite regresar a su residencia bajo ciertas restricciones.
Situación laboral y repercusiones
El Departamento de Policía de Miami-Dade confirmó que la oficial fue separada de sus funciones, aunque mantendrá su salario mientras se desarrolla la investigación. La medida, habitual en este tipo de procesos, busca preservar tanto los derechos laborales de la agente como la transparencia de la indagación.
Un historial de episodios que pesa sobre la institución
El caso de Cañizares ocurre en un contexto donde la conducta de oficiales ha estado bajo escrutinio público. En 2019, cuatro agentes fueron acusados tras un tiroteo en Miramar que costó la vida a un conductor de UPS y a un transeúnte inocente. Más recientemente, en abril de 2025, un funcionario del sheriff fue investigado por un disparo en un incidente doméstico, lo que obligó a difundir grabaciones para garantizar transparencia.
Estos antecedentes alimentan un debate recurrente: la necesidad de reforzar los protocolos de supervisión, salud mental y disciplina interna en un cuerpo policial que ha sido señalado en el pasado por casos de uso excesivo de la fuerza o mala praxis.
Preguntas abiertas para la comunidad
Aunque el caso de la oficial Cañizares no dejó víctimas, plantea interrogantes de fondo:
- ¿Son suficientes los mecanismos de apoyo psicológico para los agentes expuestos a situaciones de estrés constante?
- ¿Cómo garantizar que el uso de armas fuera de servicio se maneje con criterios de seguridad y responsabilidad?
- ¿Qué impacto tiene en la confianza pública mantener a oficiales bajo salario mientras se resuelven procesos judiciales?
El futuro de Sthephany Cañizares dependerá de la evolución del proceso judicial y de las investigaciones internas. Más allá de lo individual, su caso vuelve a poner bajo la lupa a la policía de Miami-Dade, obligándola a responder no solo por la conducta de sus miembros, sino por la capacidad institucional de prevenir y manejar crisis internas que afectan la percepción de seguridad y confianza en la comunidad.