Legisladores de Florida debaten la posible eliminación de los impuestos a la propiedad que promueve Ron DeSantis

La legislatura de Florida se encuentra inmersa en un debate de gran trascendencia: reducir de manera sustancial o incluso eliminar por completo los impuestos a la propiedad, uno de los pilares tradicionales de la recaudación local. El tema, que despierta tanto esperanzas como temores, podría reconfigurar el modelo fiscal del estado y modificar el acceso a servicios públicos esenciales.

Un impuesto bajo cuestionamiento

En Florida, los impuestos inmobiliarios constituyen la principal fuente de financiamiento para gobiernos locales y distritos escolares. Estos fondos sostienen desde el pago de maestros y policías hasta el mantenimiento de parques y servicios de emergencia. Sin embargo, el aumento constante de las valoraciones catastrales y el consecuente encarecimiento de las facturas ha generado malestar entre propietarios, especialmente en un contexto de inflación y encarecimiento del costo de vida en el sur de la Florida.

El gobernador Ron DeSantis ha sido una de las voces más críticas contra este sistema. En reiteradas intervenciones públicas, lo ha descrito como una “renta perpetua” que obliga a los ciudadanos a seguir pagando por sus viviendas incluso después de haberlas saldado. Para DeSantis y un sector de legisladores republicanos, se trata de una carga injusta que requiere un rediseño profundo.

“Los impuestos de propiedad efectivamente obligan a los propietarios a pagar alquiler al gobierno”, dijo el gobernador en marzo del presente años cuando presentó una propuesta de reembolso de $1,000 para propietarios con viviendas homestead.

Propuestas sobre la mesa

Las alternativas discutidas incluyen tres caminos principales. El primero es la eliminación total del impuesto a la propiedad, una medida radical que pondría fin a su cobro y trasladaría la responsabilidad fiscal hacia otras áreas, como los impuestos sobre las ventas o nuevos esquemas de recaudación estatal.

Una segunda propuesta busca reducir de manera significativa las tasas vigentes, lo que supondría un alivio inmediato para millones de propietarios, pero mantendría al menos una parte de los ingresos para condados y municipios.

El tercer escenario contempla la creación de exenciones específicas. Entre los sectores que podrían beneficiarse figuran los jubilados con ingresos fijos, los veteranos de guerra, las familias con bajos ingresos y los propietarios de primera vivienda.

Los desafíos de una transición

El gran obstáculo para estas propuestas radica en la dependencia de las comunidades locales del impuesto inmobiliario. Según datos de la Asociación de Condados de Florida, en algunas jurisdicciones hasta el 70 % del presupuesto municipal proviene de esta fuente. Una reducción abrupta dejaría en riesgo el financiamiento de escuelas públicas, hospitales comunitarios, cuerpos de bomberos y programas de vivienda social.

De aplicarse una eliminación completa, el estado tendría que identificar fuentes alternativas. Algunos legisladores sugieren aumentar el impuesto sobre las ventas, lo que podría impactar a consumidores de todos los niveles, mientras que otros plantean crear nuevos gravámenes específicos sobre actividades económicas.

Reacciones encontradas

Las reacciones al debate han sido polarizadas. Defensores de la medida sostienen que los impuestos a la propiedad penalizan a quienes buscan estabilidad financiera y desalientan la inversión en viviendas. Además, argumentan que Florida, un estado con fuerte crecimiento poblacional y un mercado inmobiliario dinámico, puede encontrar fórmulas más modernas de recaudación.

En contraste, asociaciones de alcaldes, juntas escolares y sindicatos de empleados públicos advierten que un cambio de tal magnitud podría generar inestabilidad presupuestaria y afectar de manera directa la calidad de la educación, la seguridad y los servicios básicos. “Si eliminamos de golpe esta fuente de ingresos, ¿cómo pagaremos a los maestros, policías y bomberos?”, se preguntan críticos de la propuesta.

Comparaciones con otros estados

A nivel nacional, muy pocos estados han logrado prescindir de los impuestos inmobiliarios como fuente principal de ingresos. Texas, por ejemplo, tiene un sistema similar al de Florida y mantiene tasas altas de propiedad para compensar su falta de impuesto estatal sobre la renta. En contraste, Alaska, con abundantes recursos naturales, ha experimentado modelos alternativos de financiamiento, aunque sin replicar a gran escala un sistema libre de impuestos a la propiedad.

El caso de Florida sería inédito en el sur de Estados Unidos y podría inspirar a otros estados con rápido crecimiento demográfico a replantearse sus esquemas tributarios.

Lo que sigue

En las próximas semanas, el tema será objeto de audiencias públicas, votaciones en comités y análisis técnicos sobre impacto económico. Se anticipa que grupos ciudadanos, cámaras empresariales y asociaciones de propietarios intensifiquen su presión para influir en la decisión final.

Sea cual sea el desenlace, la discusión marcará un precedente histórico. Una eventual eliminación de los impuestos a la propiedad en Florida no solo transformaría el modelo fiscal estatal, sino que también podría alterar la manera en que millones de residentes acceden a servicios públicos y redefinir el equilibrio entre el alivio económico individual y la sostenibilidad de las comunidades locales.