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La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, utilizó la detención de un inmigrante cubano en Florida para ilustrar lo que llamó “la amenaza que representan los criminales extranjeros ilegales en Estados Unidos”. Durante una conferencia de prensa celebrada en Sarasota, Noem mostró la fotografía del detenido y aseguró que su caso ejemplifica los esfuerzos del gobierno por “sacar de las calles a lo peor de lo peor”.
El operativo, realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue presentado como parte de una campaña federal para reforzar la seguridad pública y combatir los delitos cometidos por personas sin estatus legal.
El caso de Erick Carlos Artiles Ramos
Las autoridades identificaron al hombre arrestado como Erick Carlos Artiles Ramos, un inmigrante cubano que —según el DHS— contaba con antecedentes por homicidio, secuestro, robo y conducción bajo los efectos del alcohol. Las autoridades no precisaron si los delitos fueron cometidos en Cuba o en territorio estadounidense, aunque la secretaria Noem lo incluyó dentro del grupo de individuos con “un historial criminal significativo” que representan un “peligro para la comunidad”.
Today marks nine months since @POTUS Trump has been in office. What our law enforcement has accomplished for the American people, under President Trump, is nothing short of extraordinary.
Over 480,000 criminal illegal aliens have been arrested — 70% of those individuals have… pic.twitter.com/4vxJzJWEXV
Fuentes oficiales del ICE confirmaron que Artiles Ramos fue trasladado a un centro de detención federal, sin ofrecer detalles sobre su posible deportación o situación legal actual.
Cifras oficiales y contradicciones
Durante la conferencia realizada en la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee., Noem aseguró que alrededor del 70 % de los arrestos del ICE corresponden a inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Sin embargo, un informe del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse contradice esa versión. Según sus datos más recientes, hasta el 21 de septiembre de 2025, el 71,5 % de los detenidos por ICE no tenía antecedentes criminales.
Estas cifras alimentaron las críticas de analistas y defensores de los derechos humanos, que acusan al DHS de manipular los datos para crear una narrativa de “pánico moral” que justifique políticas migratorias más duras y deportaciones aceleradas.
HAPPENING SOON: @Sec_Noem will host a press conference in Sarasota, Florida, to discuss ICE operations and update on the Trump Administration’s efforts to arrest the worst of the worst criminal illegal aliens.https://t.co/AO4oNjMq1c
El nombre de Erick Carlos Artiles Ramos no es nuevo en los registros federales. En septiembre de 2025, el DHS lo incluyó en un comunicado oficial sobre 51 inmigrantes indocumentados detenidos en una prisión estatal de Luisiana, describiéndolo como “criminal extranjero ilegal procedente de Cuba”.
Fuentes del ICE señalaron que estos operativos forman parte de una campaña nacional denominada Operation Cross Check, centrada en localizar inmigrantes con historial criminal o pendientes de deportación. El traslado de Artiles Ramos de Florida a Luisiana podría indicar que fue incluido en esa operación y luego devuelto temporalmente al estado por motivos procesales.
Florida y la cooperación con ICE
La visita de la secretaria Noem a Florida coincidió con un reconocimiento al estado por su cooperación dentro del programa federal 287(g), que autoriza a las fuerzas locales a colaborar directamente con ICE en la identificación y detención de inmigrantes sin estatus legal.
El gobernador Ron DeSantis ha defendido este programa como una herramienta de seguridad pública, mientras que organizaciones de derechos civiles lo consideran una política de perfilamiento racial y criminalización de comunidades latinas.
.@Sec_Noem touts Florida partnership in Bradenton appearance
Según cifras del propio ICE, Florida es uno de los estados con mayor número de acuerdos activos 287(g), especialmente en los condados de Miami-Dade, Broward, Collier y Lee, donde las detenciones de inmigrantes aumentaron más del 40 % desde 2023. “Florida ha sido el estado que más acuerdos con las fuerzas del orden bajo la sección 287(g) ha otorgado”, dijo la secretaria.
La secretaria salió en defensa del controvertido plan de autodeportación voluntaria promovido por la administración Trump, una iniciativa que promete mil dólares y pasajes de avión a los migrantes que acepten regresar por su cuenta a sus países de origen. Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 1,6 millones de personas han optado por esa vía desde enero, mientras que otras 400,000 han sido deportadas directamente por las autoridades.
Reacciones y cuestionamientos
El anuncio generó reacciones encontradas en Florida. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y America’s Voice calificaron el caso como un “uso político de un individuo para alimentar el miedo”, recordando que la mayoría de los inmigrantes detenidos no representan amenaza alguna para la seguridad pública.
“El gobierno utiliza casos extremos para justificar políticas de persecución. Es una estrategia de manipulación y distracción”, afirmó en un comunicado la abogada de inmigración María Rojas, radicada en Miami.
Por su parte, el analista político Carlos Maza, del Instituto de Estudios Migratorios, sostuvo que “la administración busca mantener una narrativa de firmeza ante la inmigración, especialmente en estados clave como Florida, donde el tema tiene gran resonancia electoral”.
Contexto más amplio: la tensión migratoria y electoral
El discurso de Noem ocurre en un momento de máxima tensión migratoria en Estados Unidos, marcado por el incremento de cruces irregulares en la frontera sur y la presión política sobre los estados receptores de migrantes.
En Florida, el tema migratorio se ha convertido en un eje central de la agenda del gobernador DeSantis y del Partido Republicano local, que promueven leyes más restrictivas, como la SB 1718, vigente desde 2023, que castiga a empresas que empleen a indocumentados y limita el acceso de estos a servicios básicos.
Mientras tanto, el gobierno federal enfrenta críticas por el aumento de detenciones y deportaciones de personas sin antecedentes, muchas de ellas solicitantes de asilo o migrantes cubanos amparados bajo el parole humanitario.
Un símbolo del debate nacional
El caso de Artiles Ramos va más allá de un arresto individual. Representa el punto de encuentro entre la retórica política, la aplicación de la ley migratoria y el debate sobre los derechos humanos. Para el DHS, su detención refuerza el mensaje de que Estados Unidos “no tolerará criminales extranjeros”. Para los defensores de inmigrantes, en cambio, se trata de otro ejemplo de cómo las autoridades utilizan casos aislados para reforzar estigmas y legitimar políticas de exclusión.
