Con el objetivo de reforzar las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump y a la vez agilizar el proceso de deportación de los inmigrantes indocumentados una jueza federal fallo en favor de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo cual pone en riesgo de regresar a sus países a miles de inmigrantes.
La magistrada Dabney Friedrich, nombrada por el mandatario Donald Trump, desestimó las afirmaciones de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, las cuales sostenían que el intercambio de datos infringía las normativas de privacidad fiscal. Así, al decidir mantener el acuerdo, su fallo representa un triunfo para la política de inmigración del gobierno republicano.
El plan migratorio de Trump subraya la importancia de fortalecer la colaboración entre las agencias de inmigración y las autoridades fiscales para facilitar la rápida deportación de inmigrantes sin documentos.
De acuerdo con funcionarios del Departamento de Seguridad nacional (DHS por sus siglas en inglés) que supervisa a ICE señalaron que este intercambio informativo entre ambas agencias contribuiría a proteger a los ciudadanos estadounidenses de personas peligrosas que entraron a Estados Unidos por diferentes vías sin el debido permiso de las autoridades.
La jueza federal determinó que la administración Trump estructuró meticulosamente el convenio para ajustarse lo más posible a las leyes estadounidense, a pesar de que varios funcionarios del IRS no estuvieron de acuerdo por supuestas violaciones a la legalidad. La decisión se basa en un examen de las cláusulas del Memorándum de Entendimiento firmado entre el IRS y el DHS, el cual indica que los datos únicamente se intercambiarán para fines de investigaciones criminales.
Los defensores de los migrantes opinan que este pacto infringe la confidencialidad de los contribuyentes. Esto resulta aún más problemático al recordar que, durante muchos años, se incentivó a los inmigrantes sin documentación a inscribirse en el IRS y cumplir con sus obligaciones fiscales, bajo la promesa de que sus datos personales no se emplearían para la deportación.
De acuerdo con estas organizaciones, la transferencia de información no solo amenaza la confidencialidad de los inmigrantes, sino que, en un futuro, podría desmotivar a los indocumentados a cumplir con sus responsabilidades tributarias por miedo a ser reconocidos y expulsados.
Desde que Trump asumió la presidencia se han llevado a los tribunales federales de EE.UU diferentes iniciativas que no han estado exentas de debate por expertos en temas migratorios, así como por la propia sociedad estadounidense.
En mayo de 2025, la administración de Trump sugirió la interrupción del habeas corpus, lo que implicaría la posibilidad de arrestos sin opción a un juicio. Esta idea ha recibido contundentes críticas por parte de abogados y legisladores, dado que el habeas corpus es un derecho constitucional esencial, que solo se ha restringido en circunstancias excepcionales como conflictos bélicos.
La iniciativa ha suscitado malestar y alarma respecto al respeto por los derechos humanos y la independencia de las instituciones.
La administración de Trump también intentó invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 con la finalidad de que ciudadanos venezolanos abandonen lo antes posible territorio norteamericano, bajo el argumento de que muchos de ellos están vinculados a organizaciones terroristas como el conocido Tren de Aragua.
No obstante, tribunales federales de New York y Texas han contrarrestado estas iniciativas alegando que carecen de fundamento legal y constitucionales para llevarse a cabo esa norma en tiempos de paz. La Corte Suprema también tomó acción, autorizando de manera provisional las deportaciones, aunque condicionando esto a que los arrestados puedan apelar su deportación ante los juzgados competentes.
El gobierno de Estados Unidos igualmente pidió a la Corte Suprema que anule la orden judicial que impide la revocación del parole humanitario que promovió el expresidente Joe Biden y que benefició a 530.000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
La medida que permitía ingresar a estos nacionales a territorio estadounidense de forma legal se aprobó por Biden a finales de 2022 para los venezolanos y después se extendió a los demás en enero del 2023 como una alternativa para frenar el trasiego de migrantes por la frontera de México-EE.UU. En el mes de marzo del presente año Trump pretendió anular este programa, pero la jueza federal Indira Talwani lo impidió argumentando que los casos de migrantes debían evaluarse por separados si se quería revocar sus estatus.
John Sauer quien es el abogado de Trump rechazó la medida planteando que la magistrada interpretó la legislación de forma equivocada y por ende ahora se obstaculizan las atribuciones del ejecutivo en materia de inmigración. Grupos que luchan por los derechos humanos han advertido sobre las consecuencias severas para los inmigrantes implicados si se revoca el parole.
