Jueza de Miami reafirma orden de desmantelar el polémico centro Alligator Alcatraz tras intento del gobierno por mantenerlo activo

El futuro del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en pleno corazón de los Everglades, quedó sellado este jueves cuando la jueza federal Kathleen Williams reafirmó la orden de su desmantelamiento, rechazando el pedido del gobierno de Estados Unidos de pausar la medida mientras avanza la apelación.

La decisión significa que, en un plazo de 60 días, las autoridades deberán trasladar a todos los detenidos hacia otras instalaciones, cesar la admisión de nuevos reclusos y proceder al desmontaje de la infraestructura instalada: cercas, torres de iluminación, generadores eléctricos y sistemas de seguridad.

Origen del centro y críticas iniciales

“Alligator Alcatraz” fue inaugurado el 1 de julio de 2025, en un terreno que antes había sido un aeródromo militar. Su construcción, que tomó apenas dos meses, fue impulsada por el gobierno de Florida como parte de una estrategia para reforzar las medidas de detención migratoria ante el incremento de llegadas irregulares al estado.

El proyecto supuso una inversión superior a 245 millones de dólares en contratos de construcción y operación, una cifra que pronto fue cuestionada tanto por legisladores de la oposición como por grupos de derechos humanos, quienes denunciaron la falta de transparencia y supervisión en el proceso.

Durante una visita realizada en julio, el presidente Donald Trump resaltó las instalaciones como un ejemplo de lo que podrían ser los futuros centros de detención, en línea con su propuesta de acelerar los procesos de deportación y fortalecer el aparato migratorio del país.

Violaciones ambientales y demanda legal

La instalación quedó en la mira de organizaciones ambientalistas y de la tribu Miccosukee, que demandaron al Estado por haber levantado un complejo en medio de un área de humedales protegidos. Argumentaron que el centro comprometía décadas de inversión pública en restauración de los Everglades, un ecosistema considerado vital no solo para Florida, sino para la biodiversidad del sureste de Estados Unidos.

La jueza Williams coincidió en que ni el gobierno federal ni el estatal cumplieron con las regulaciones ambientales correspondientes, calificando la operación como una violación de las leyes de preservación ecológica.

Condiciones denunciadas en el recinto

Además de los cuestionamientos ambientales, el centro fue blanco de múltiples denuncias sobre las condiciones de reclusión. Testimonios de abogados, familiares y organizaciones humanitarias señalaron que en el centro la alimentación deficiente, con reportes de comida infestada o en mal estado, existen problemas con la calidad del agua y el estado de los sanitarios, dificultades para que los abogados puedan acceder a contactar con sus clientes. Además se formularon denuncias por detenciones arbitrarias que violan las garantías procesales de los detenidos, lo cual generó sospechas de irregularidades graves.

Estos elementos reforzaron la presión pública y mediática contra el centro, bautizado por activistas como “Alligator Alcatraz” en alusión a su aislamiento en los pantanos y a las precarias condiciones de encierro.

Reacción política y planes alternativos

El gobernador Ron DeSantis, principal impulsor del proyecto defendió la iniciativa como parte de un esfuerzo por suplir las supuestas deficiencias de la Casa Blanca en el control migratorio. Tras conocerse la decisión judicial, reiteró que Florida no dará marcha atrás en su política y adelantó la apertura de un nuevo centro en el norte del estado, denominado “Deportation Depot”, a instalarse en una prisión estatal readaptada.

Desde Orlando, el gobernador Ron DeSantis afirmó que su administración mantendrá como prioridad la detención y deportación de inmigrantes, en lo que calificó como un esfuerzo estatal que refuerza las acciones del gobierno federal.

“Nuestra función es proporcionar más espacio para el procesamiento, la detención y la deportación. El DHS determina quién entra y quién sale de esas instalaciones”, señaló el republicano. “Estamos ahí para ser un multiplicador de fuerza en todo eso, y seguiremos haciéndolo; creo que es una misión importante”, agregó.

La Casa Blanca, por su parte, enfrenta críticas por haber permitido el funcionamiento de una instalación que ahora deberá ser desmontada, lo que implica pérdidas millonarias y un golpe de imagen en medio de la campaña electoral presidencial.

Impacto social y ambiental

El fallo representa un triunfo para los ambientalistas y la comunidad indígena Miccosukee, que ven en esta decisión la confirmación de que los Everglades son un espacio que debe protegerse de megaproyectos con alto impacto ecológico.

En el plano social, la medida supone el reconocimiento judicial de que las condiciones de detención vulneraban derechos fundamentales de los migrantes, muchos de ellos cubanos, haitianos y venezolanos que buscaban asilo o permanecían en procesos administrativos pendientes.

Un golpe a la estrategia migratoria de Florida

Con este revés, la administración DeSantis deberá reconfigurar su estrategia migratoria en un momento en que los flujos de llegada al estado se mantienen en niveles récord. La clausura de “Alligator Alcatraz” deja al descubierto la fragilidad legal y política de las iniciativas estatales en un ámbito que corresponde de manera primaria al gobierno federal. En paralelo, el destino de los cientos de detenidos actualmente bajo custodia sigue siendo incierto, y el traslado a otras instalaciones podría generar tensiones logísticas y humanitarias.

El cierre de “Alligator Alcatraz” simboliza más que la caída de un centro de detención: refleja la tensión entre seguridad migratoria, derechos humanos y protección ambiental en Florida. Mientras se avanza en su desmantelamiento, el fallo abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre cómo Estados Unidos maneja sus políticas migratorias, y hasta dónde los estados pueden —o deben— intervenir en un terreno marcado por la controversia legal, política y ética.