El murmullo tenso de la sala federal se rompió el martes por la mañana cuando el juez Randolph Moss pronunció su fallo. Durante meses, la administración del presidente Donald Trump había impulsado una política destinada a cerrar aún más las puertas del asilo en la frontera sur. Sin embargo, en una sentencia que resonó como un eco de advertencia, el magistrado dejó claro que ni la Casa Blanca ni sus muros más altos pueden sobrepasar los límites impuestos por la ley.
“La Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad no otorgan al presidente la facultad para reescribir el sistema de asilo a su antojo”, dictaminó Moss, con voz firme, mientras abogados de ambos bandos se mantenían en silencio absoluto.
Una lucha que llegó a los tribunales
El caso fue impulsado por trece solicitantes de asilo, junto a tres organizaciones defensoras de inmigrantes, quienes desafiaron la orden ejecutiva que buscaba restringir drásticamente el acceso al asilo para quienes llegaban a la frontera sur de Estados Unidos. Los demandantes, en su mayoría provenientes de países sacudidos por la violencia y la persecución, aseguraron que la orden presidencial violaba las protecciones consagradas en la legislación estadounidense.
Para muchos de ellos, como Rosa, una madre hondureña que huyó con su hijo tras recibir amenazas de pandillas, el fallo es mucho más que un tecnicismo legal. “Pensé que nunca me dejarían siquiera contar mi historia ante un juez. Hoy siento que tal vez todavía haya esperanza”, expresó, con lágrimas contenidas, tras conocerse la decisión.
El juez aclaró que ni la Constitución de EE.UU ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad dan amplia facultad al presidente y los funcionarios de la administración para limitar los derechos de los inmigrantes. «El tribunal reconoce que el poder ejecutivo enfrenta enormes desafíos para prevenir y disuadir la entrada ilegal a los Estados Unidos y para adjudicar la abrumadora acumulación de solicitudes de asilo de aquellos que han ingresado al país. Pero la INA, según sus términos, proporciona el único y exclusivo medio para expulsar a las personas que ya están presentes en el país», advirtió el magistrado.
El argumento de la Casa Blanca
La administración Trump había defendido la política como una herramienta necesaria para frenar la inmigración irregular y aliviar la saturación de casos en el sistema de asilo. En documentos judiciales, abogados del gobierno argumentaron que la seguridad nacional y la crisis humanitaria en la frontera requerían medidas excepcionales.
Pero el juez Moss no quedó convencido. Reconoció que el Poder Ejecutivo enfrenta desafíos reales, pero advirtió que “las dificultades administrativas no autorizan al presidente a ignorar el marco legal que el Congreso ha establecido”.
Una victoria para los defensores de inmigrantes
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), describió el fallo como “histórico”, subrayando que envía un mensaje contundente. «El fallo no solo significa que Estados Unidos volverá a ser un refugio seguro para quienes huyen de la persecución, sino que también reafirma que las leyes que promulga el Congreso deben ser respetadas por el presidente».
Para las organizaciones que acompañan a solicitantes de asilo, la sentencia es también un respiro tras años de políticas que, según denuncian, buscaban erosionar el sistema de protección de personas perseguidas. El juez Moss no solo bloqueó la aplicación de la orden de Trump, sino que también permitió certificar el caso como una demanda colectiva. Esto significa que el fallo podría proteger a un número mucho mayor de migrantes que los trece demandantes originales.
Próximos pasos
El gobierno dispone ahora de 14 días para presentar un recurso de emergencia ante la corte de apelaciones en Washington. Aunque aún queda un camino legal por recorrer, el fallo representa, al menos por ahora, un freno al endurecimiento del acceso al asilo promovido durante el mandato de Trump.
Un contexto de políticas restrictivas
Desde su primer día en el Despacho Oval, Trump desató una ofensiva legal, administrativa y mediática para reducir tanto la inmigración irregular como la legal. Y aunque sus detractores lo acusaron de xenofobia y crueldad, el expresidente se mantuvo firme en su propósito, convencido de que estaba protegiendo la soberanía y la seguridad del país.
Mientras las batallas legales se desarrollan en Washington, en la frontera sur reina la incertidumbre. Rosa*, una hondureña que llegó con su hijo pequeño huyendo de amenazas de pandillas, escuchó la noticia del fallo en un refugio en El Paso. “Dicen que tenemos otra oportunidad, que podremos contar nuestra historia”, dijo entre susurros. “Solo quiero vivir sin miedo.”
En los últimos meses, la Casa Blanca ha emitido nuevas órdenes destinadas a limitar el acceso al asilo, endurecer deportaciones y frenar la migración procedente de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Pero esta semana, la justicia volvió a ponerle freno. La escena es casi idéntica a la que se vivió durante el primer mandato de Trump. Entre 2017 y 2021, decenas de sus políticas migratorias fueron llevadas a los tribunales. Su veto migratorio a países de mayoría musulmana, la política de “tolerancia cero” que provocó la separación de miles de familias en la frontera, y la cancelación del DACA (programa que protege de la deportación a jóvenes traídos en la infancia) fueron solo algunos de los casos que se estrellaron contra las cortes federales.
Tras su regreso a la presidencia en enero de este año, Trump ha actuado con rapidez para reinstaurar políticas que habían sido desmanteladas por la administración Biden. Entre ellas, los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), conocidos como “Permanecer en México”, y nuevas restricciones de asilo basadas en tránsito por terceros países. La más reciente, bloqueada esta semana, buscaba cortar el acceso al asilo a quienes llegaran a la frontera sin haber buscado primero protección en otra nación. Para la Casa Blanca, la medida es clave para frenar un sistema que, asegura, está al borde del colapso. Para organizaciones defensoras de migrantes, es un intento de cerrar la puerta a personas vulnerables que huyen de la violencia y la persecución.
Los tribunales se han convertido en el escenario donde se libra gran parte de la política migratoria estadounidense. Cada orden ejecutiva de Trump suele ser seguida casi de inmediato por demandas de organizaciones civiles y estados opositores. Y cada fallo judicial marca nuevas líneas rojas sobre lo que el presidente puede o no hacer.
