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Arresto de Jorge Luis Vega García. Foto: Cuenta de X HSI Tampa
Un juez de inmigración en Miami ordenó la deportación de Jorge Luis Vega García, exteniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, en un caso que ha generado debate entre la comunidad cubana del sur de Florida y en los círculos políticos de Estados Unidos.
La decisión judicial, emitida el 25 de agosto de 2025, establece que Vega García, quien ingresó al país bajo el programa de parole humanitario en enero de 2024, debe abandonar el territorio estadounidense. No obstante, la orden no es definitiva: el exmilitar tiene hasta el 24 de septiembre para presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Posibles destinos y escenarios legales
La orden de deportación abre varios escenarios:
Devolución a Cuba: opción incierta, pues depende de que el régimen acepte el retorno del exmilitar, algo que en ocasiones La Habana rechaza por motivos políticos.
Tercer país: si Cuba no lo admite, Estados Unidos podría gestionar su traslado a otra nación dispuesta a recibirlo.
Suspensión por apelación: de presentar recurso y ganar, Vega García podría evitar la expulsión y permanecer en suelo estadounidense.
De “Veguita” a detenido en Miami
El exmilitar cubano logró ingresar a Estados Unidos el 20 de enero de 2024, a través del Aeropuerto Internacional de Tampa, amparado en el programa de parole humanitario que ha permitido la entrada de miles de isleños en busca de refugio. Sin embargo, su posterior arresto ha generado un fuerte eco entre el exilio cubano en Florida, que ve en este caso una señal alentadora de que las autoridades estadounidenses empiezan a prestar atención a la llegada de personas con vínculos con el régimen de La Habana.
Para muchos opositores y activistas radicados en Miami, la detención representa una esperanza de que se imponga mayor rigor en el escrutinio de quienes ingresan al país, evitando que antiguos miembros de las fuerzas militares o de seguridad cubanas se establezcan en Estados Unidos sin enfrentar responsabilidades legales.
Conocido como “Veguita”, Jorge Luis Vega García ocupó cargos de responsabilidad en el aparato represivo cubano antes de emigrar a Estados Unidos. Su nombre figuraba en un listado de más de cien ciudadanos cubanos presuntamente vinculados al régimen comunista, cuya revisión fue solicitada al Departamento de Seguridad Nacional por el congresista republicano Carlos Giménez, representante del sur de Florida.
Tras varios meses de seguimiento, Vega García fue detenido el 5 de agosto de 2025 en un operativo conjunto de agencias federales. El arresto respondió a dudas sobre su elegibilidad para permanecer en el país, al considerar su trayectoria dentro del MININT.
There is no safe space in the U.S. for people who try to escape their violent pasts. @HSITampa@EROMiami@FBITampa@DEAMIAMIDiv arrested Jorge Luis Vega Garcia, a 55-year-old Cuban national who is a former lieutenant colonel in the Republic of Cuba’s Ministry of the Interior… pic.twitter.com/fYtjV4kIF5
De acuerdo con una investigación del periodista Mario J. Pentón, Jorge Luis Vega García ejerció cargos de responsabilidad en las prisiones de Agüica y Canaleta, en la provincia de Matanzas. Varios exprisioneros políticos lo señalan como uno de los responsables de malos tratos y abusos dentro de esos centros penitenciarios.
Los señalamientos contra Vega García abarcan agresiones físicas, encierros prolongados, amenazas y represalias contra opositores al régimen. Entre las víctimas se cuentan prisioneros de la Primavera Negra de 2003, uno de los episodios más duros en la historia reciente de la disidencia cubana.
El proceso contra Vega García no es aislado. En los últimos años, diversos exfuncionarios y militares cubanos han sido señalados por utilizar el parole humanitario para entrar en EE.UU., pese a su vinculación con el aparato de control del régimen.
El congresista Carlos Giménez y otros políticos del sur de Florida han insistido en que estos individuos representan un riesgo moral y de seguridad, al beneficiarse de programas creados para asistir a las víctimas de la crisis humanitaria cubana. “Estados Unidos no puede convertirse en refugio de represores”, han afirmado en múltiples ocasiones líderes de la diáspora.
Estaremos entregando nombres adicionales al Departamento de Seguridad Nacional de represores, esbirros y testaferros del régimen de #Cuba que se han infiltrado en nuestro país.
Son denuncias verificadas con pruebas y por eso ya han tomado acción en varios casos.
El parole humanitario fue lanzado en enero de 2023 para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Permite a quienes cuenten con un patrocinador en EE.UU. ingresar legalmente por un período de dos años, con opción de solicitar permiso de trabajo.
Hasta mediados de 2025, más de 100.000 cubanos habían ingresado bajo este programa. No obstante, su aplicación ha estado bajo escrutinio, especialmente en casos donde exfuncionarios del gobierno cubano o individuos con antecedentes dudosos lograron beneficiarse.
Reacciones en la comunidad
El caso ha generado reacciones encontradas en Miami, para algunos cubanos exiliados, la orden de deportación es una victoria moral y un mensaje de que EE.UU. no tolerará la entrada de figuras vinculadas al régimen.
Por otro lado, hay quienes advierten que el caso podría ser usado como arma política, afectando a miles de familias que sí utilizan el parole como vía legítima para escapar de la represión y la crisis económica de la Isla.
Un desenlace aún abierto
El futuro de Vega García se definirá en las próximas semanas. Si pierde su apelación, podría convertirse en uno de los primeros casos de alto perfil de un exmilitar cubano deportado tras ingresar con el parole humanitario.
Mientras tanto, el caso mantiene vivo el debate sobre la credibilidad de los filtros migratorios y sobre hasta qué punto Estados Unidos debe endurecer el escrutinio para evitar que antiguos representantes del régimen castrista se beneficien de mecanismos de protección humanitaria.
La deportación de Jorge Luis Vega García no es solo una decisión judicial, sino un episodio que pone en tensión la política migratoria estadounidense, el alcance del parole humanitario y las fracturas históricas entre la diáspora cubana y el régimen de La Habana.
