El controvertido centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en pleno corazón de los Everglades, sigue en el ojo de la tormenta judicial. Esta semana, un juez federal en Miami desestimó parte de una demanda presentada contra la instalación, aunque dejó abiertas otras acusaciones que seguirán tramitándose en otro distrito.
El caso refleja el complejo entramado de denuncias que pesan sobre la cárcel migratoria: presuntas violaciones de derechos humanos, problemas de acceso a la justicia, impactos ambientales y cuestionamientos políticos.
La decisión judicial en Miami
El juez Rodolfo Ruiz escuchó el lunes los argumentos de organizaciones de defensa de inmigrantes que alegaban que el centro obstaculiza el acceso confidencial a las cortes de inmigración. Sin embargo, determinó que este punto quedaba sin efecto, dado que el gobierno federal de la administración Trump dispuso que esos procedimientos se realicen en el Krome North Processing Center, en el condado de Miami-Dade.
Aun así, Ruiz en la audiencia que dirigió este lunes no cerró por completo la puerta a las reclamaciones: los alegatos relacionados con la Primera Enmienda, que señalan demoras y falta de confidencialidad en las comunicaciones entre detenidos y sus abogados, se trasladaron al Distrito Medio de Florida, donde la demanda continuará.
El estado y el gobierno federal plantearon que el caso no correspondía al distrito sur de Florida. Su razonamiento fue que, aunque la pista de aterrizaje aislada pertenece al condado de Miami-Dade, el centro de detención está realmente enclavado en el condado vecino de Collier, bajo la jurisdicción del distrito central.
“Mucho ha cambiado desde la presentación de la demanda”, dijo el magistrado durante la audiencia evidenciando tener dudas sobre la jurisdicción.
Seis de los demandantes lograron comunicarse con sus abogados mediante videoconferencia, aunque denunciaron que esas conversaciones carecen de confidencialidad, ya que se realizan sin privacidad y con personal del centro escuchando de cerca.
Paralelamente, un grupo de detenidos sostuvo que tienen derecho a audiencias de fianza, pero que sus defensores ni siquiera han podido ubicar el tribunal competente para tramitarlas. Sin embargo, el juez Ruiz destacó que la situación cambió el sábado, cuando las autoridades designaron a la instalación de Krome como sede del tribunal de inmigración responsable de los casos de todos los retenidos en el centro.
“Casi todos los aspectos de la acción civil de los demandantes —sus causas de acción, sus hechos en apoyo, sus teorías de lugar, sus argumentos sobre el fondo y sus solicitudes de alivio— han cambiado con cada presentación”, destacó el juez.
Condiciones dentro del centro: calor, presión y falta de atención médica
Desde que abrió sus puertas, “Alligator Alcatraz” estuvo cuestionado por las condiciones en que se encuentran los migrantes retenidos. Testimonios recogidos por medios y organizaciones de derechos humanos denuncian:
- Temperaturas sofocantes y falta de ventilación adecuada.
- Deficiencias graves en la higiene y salubridad.
- Escasez de atención médica, con reportes de infecciones y enfermedades sin tratamiento oportuno.
- Presión psicológica y administrativa para que los detenidos firmen órdenes de deportación sin representación legal adecuada.
En menos de un mes, más de un centenar de personas han sido deportadas desde la instalación, lo que genera alarma sobre la rapidez de los procesos y la falta de garantías legales.
El frente ambiental: Everglades en riesgo
Además de las denuncias por derechos humanos, la cárcel enfrenta demandas de corte ambiental. Una jueza federal, Kathleen Williams, dictó una orden de emergencia que suspende temporalmente cualquier nueva construcción durante 14 días. La medida busca evaluar si la expansión del centro viola leyes ambientales, afecta especies en peligro y vulnera derechos de la tribu Miccosukee, cuyos territorios ancestrales colindan con el área.
Organizaciones ambientalistas advierten que la megainstalación altera gravemente un ecosistema único en el mundo, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que sirve de hábitat a especies como el manatí y el cocodrilo americano.
Un proyecto político bajo fuego
“Alligator Alcatraz” se promovió bajo la administración de Donald Trump como parte de su política de endurecimiento migratorio. Con capacidad para albergar a miles de migrantes, el centro se presentó como una pieza clave para acelerar deportaciones y reducir el hacinamiento en otras cárceles de ICE.
Sin embargo, su inauguración desató críticas tanto en Florida como a nivel nacional. Defensores de inmigrantes lo consideran un símbolo de criminalización de la migración, mientras que ambientalistas lo ven como una amenaza directa al futuro de los Everglades.
El futuro del centro: entre la operación y los tribunales
Por ahora, el centro continúa funcionando y recibiendo detenidos, pese a los procesos judiciales abiertos. Expertos legales anticipan que los litigios podrían prolongarse durante meses, e incluso años, mientras se dirime si el gobierno cumplió con las normas ambientales y constitucionales.
Mientras tanto, las historias de quienes pasan por “Alligator Alcatraz” siguen saliendo a la luz: migrantes que denuncian haber sido presionados para aceptar la deportación, familias separadas y comunidades enteras preocupadas por el impacto de la instalación en uno de los ecosistemas más frágiles de Estados Unidos.