La incertidumbre y el temor se apoderan de una nueva familia cubana en Estados Unidos, tras la detención de Rogelio González Moya, un joven de 26 años que permanece encarcelado en el centro de detención Krome en Miami, luego de presentarse a una cita rutinaria con las autoridades migratorias.
González Moya, quien arribó al país en agosto de 2022, posee un documento I-220A, una orden de libertad bajo palabra emitida por ICE que ha sido objeto de múltiples controversias en los últimos meses debido a las detenciones sorpresivas de quienes lo portan. Según declaraciones de sus familiares, el joven no tiene antecedentes penales y ha estado completamente integrado a la vida laboral estadounidense, desempeñándose como técnico en oftalmología y dominando el idioma inglés.
El arresto tuvo lugar el 23 de junio, sin que hasta la fecha se haya concedido su liberación. Durante la audiencia de fianza, una jueza indicó que podría permanecer detenido por un período de hasta tres semanas. A esta situación se suma que González ha solicitado una entrevista de “miedo creíble” —un paso esencial en la búsqueda de asilo político—, pero tampoco ha recibido respuesta oportuna por parte de las autoridades.
Este caso no es aislado. En los últimos meses, se han multiplicado las denuncias de migrantes cubanos con I-220A detenidos sin previo aviso al asistir a sus citas programadas. La comunidad migrante y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una criminalización injusta de personas que no representan peligro alguno para la sociedad.
“Es muy triste cómo personas de bien están en peligro de ser deportadas de Estados Unidos”, expresó un familiar de Rogelio, quien teme que el joven pueda ser regresado a la isla, donde podría enfrentar represalias. “Mi hijo no ha hecho nada malo, no tiene récord criminal, solo quiere trabajar y vivir en paz. Nos sentimos impotentes”, declaró su madre, que prefirió no revelar su identidad. La familia teme que Rogelio sea deportado a Cuba, donde podría enfrentar represalias por haber abandonado el país de manera irregular.
Mientras tanto, crece la presión sobre las autoridades migratorias y los tribunales de inmigración para revisar la legalidad de estas detenciones, especialmente en casos donde no hay historial criminal y existen peticiones de asilo pendientes.
¿Qué es el I-220A y por qué hay tanta controversia?
El formulario I-220A, también conocido como “Order of Release on Recognizance” (Orden de libertad bajo palabra), es un documento que permite la liberación temporal de un migrante sin requerir una fianza. Aunque no representa un estatus migratorio ni garantiza un camino hacia la residencia legal, durante mucho tiempo fue interpretado como una medida de alivio temporal mientras el solicitante espera una resolución de su caso.
Sin embargo, desde mediados de 2023, las autoridades migratorias estadounidenses comenzaron a detener de forma más agresiva a personas con I-220A, alegando que no cuentan con un “parole” válido —una figura que sí permite avanzar hacia la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. La nueva interpretación ha dejado a miles de cubanos en un limbo legal y con riesgo de deportación, a pesar de haber cumplido con todas sus obligaciones legales en el país.
Casos similares y creciente presión política
La detención de Rogelio González Moya se suma a una serie de casos similares denunciados por abogados, activistas y congresistas del sur de Florida. Recientemente, el congresista Mario Díaz-Balart expresó su preocupación por lo que calificó como una política “injusta y cruel” contra migrantes cubanos que confiaron en el sistema estadounidense.
Además, organizaciones como Americans for Immigrant Justice han comenzado a documentar cientos de casos donde los detenidos no han recibido acceso a entrevistas de asilo, asistencia legal o procesos justos, lo que podría violar principios básicos del debido proceso. Mientras tanto, muchas familias viven con angustia, temiendo que sus seres queridos sean deportados sin haber tenido la oportunidad de defender su caso.
Abogados y organizaciones defensoras de migrantes han denunciado una escalada de arrestos arbitrarios. “Estamos viendo detenciones de personas cumplidoras, que han trabajado, que se presentan puntualmente a sus citas. Es una política incoherente e inhumana”, expresó la abogada migratoria Claudia Reyes, quien ha asumido varios casos similares.
El congresista Mario Díaz-Balart también se pronunció al respecto: “Es inaceptable que se esté deteniendo a cubanos con I-220A sin considerar sus circunstancias ni su cooperación con las autoridades. Insto a la administración a frenar estas acciones y revisar cada caso con justicia”. Por su parte, el senador Marco Rubio ha solicitado que el Departamento de Seguridad Nacional otorgue una revisión general del tratamiento de los I-220A y explore alternativas a la detención.
