Un grupo de inmigrantes detenidos y varias organizaciones defensoras de derechos civiles presentaron esta semana una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, alegando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) están violando la Constitución al realizar arrestos de inmigrantes durante sus comparecencias ante tribunales de inmigración.
La demanda, interpuesta ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia, denuncia que estas detenciones representan una violación directa del derecho al debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda. Según el documento legal, los arrestos impiden que los inmigrantes ejerzan su derecho a defenderse en un juicio justo, ya que ICE intercepta a los individuos cuando se presentan voluntariamente ante la corte para continuar con sus trámites migratorios o apelar órdenes de deportación.
Desde mayo de este año, ICE ha intensificado esta práctica, que consiste en arrestar a personas en las inmediaciones o dentro de los tribunales migratorios, muchas veces sin previo aviso. En algunos casos, los agentes esperan a los inmigrantes en los pasillos o al salir de la sala del juez, generando un ambiente de temor e incertidumbre. Los demandantes sostienen que estas acciones tienen un efecto paralizante en las comunidades, ya que muchos inmigrantes ahora temen presentarse a sus audiencias, lo que puede resultar en órdenes de deportación en ausencia.
Entre los doce demandantes figuran personas que fueron detenidas mientras cumplían con los requisitos legales del sistema migratorio, incluso aquellos que tenían citas programadas para solicitar asilo o para apelar decisiones judiciales. La mayoría no tiene antecedentes penales y, en varios casos, estaban acompañados por sus abogados y familiares en el momento de su detención.
Las organizaciones Immigrant Advocates Response Collaborative y American Gateways se han sumado a la demanda como co-demandantes institucionales, argumentando que la conducta de ICE entorpece el funcionamiento del sistema judicial, disuade la participación ciudadana y vulnera los principios democráticos fundamentales. También advierten que los arrestos masivos afectan la eficiencia de los tribunales, al crear interrupciones y generar desconfianza generalizada hacia el proceso legal.
“La corte migratoria debería ser un espacio seguro donde las personas puedan defender sus derechos sin miedo a ser capturadas”, expresó un portavoz de American Gateways. “Estas acciones no solo violan la ley, sino que criminalizan el simple hecho de buscar justicia”.
Por su parte, representantes de la administración Trump han defendido estas prácticas como parte de su política para restablecer el “orden migratorio” tras lo que describen como años de laxitud en la aplicación de las leyes de inmigración. Argumentan que detener a personas sin estatus legal, incluso en cortes, es una prerrogativa del gobierno federal y una medida legítima para garantizar la deportación de quienes no tienen base legal para permanecer en el país.
Sin embargo, los demandantes señalan que esta estrategia, lejos de reforzar el cumplimiento de la ley, socava el sistema de justicia al utilizar los tribunales como espacios de captura. Además, cuestionan que las detenciones se usen como herramienta para acelerar deportaciones, incluso cuando los individuos aún tienen recursos legales pendientes o peticiones de asilo sin resolver.
Esta no es la primera vez que las acciones de ICE en tribunales migratorios generan controversia. En años recientes, tribunales locales en estados como Nueva York, California y Massachusetts han emitido decisiones limitando o prohibiendo los arrestos de inmigrantes dentro de recintos judiciales, al considerar que tales prácticas interfieren con el acceso a la justicia y afectan el funcionamiento de todo el sistema legal.
Los abogados de los demandantes están solicitando que el tribunal federal emita una orden preliminar que suspenda de inmediato estas detenciones mientras se resuelve el fondo del caso. Además, piden que se prohíba de forma permanente a los agentes de inmigración realizar arrestos en o cerca de los tribunales sin una orden judicial específica.
La decisión de la corte podría sentar un precedente importante en el debate nacional sobre los límites de la autoridad migratoria y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. En un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, el caso pone en el centro de la discusión el equilibrio entre la seguridad fronteriza y el respeto al debido proceso.
Mientras tanto, defensores de derechos humanos, abogados migratorios y líderes comunitarios continúan denunciando lo que consideran una estrategia de intimidación que convierte el acceso a la justicia en una trampa legal para quienes buscan regularizar su situación. La resolución de este litigio será clave para determinar si los tribunales siguen siendo espacios de derecho o si se transforman en escenarios de captura para quienes más necesitan protección.
Uno de los casos más notorios ocurrió en junio en Miami, cuando Didie Espinoza, un migrante cubano que asistía a su audiencia final de asilo, fue detenido por agentes de ICE dentro del tribunal. Su arresto fue grabado por su esposa, quien entre lágrimas reclamó la injusticia de la acción. El video se viralizó en redes sociales, provocando una ola de indignación en la comunidad cubana y entre defensores de migrantes.
En otro episodio reciente, un cubano identificado como “E.C.” viajó desde su lugar de residencia hasta Miami para cumplir con su cita migratoria. Tras una breve audiencia, su caso fue desestimado por el juez, pero al salir del tribunal fue interceptado por agentes de ICE. Actualmente se encuentra detenido en un centro de reclusión en Tacoma, Washington, lejos de su esposa ciudadana estadounidense, lo que ha dificultado su defensa legal.
Casos similares se han reportado en Houston, donde agentes de ICE vestidos de civil detuvieron a tres inmigrantes, incluido un cubano, en los pasillos del tribunal tras la cancelación de sus casos. Según testigos, los arrestos ocurrieron sin notificación previa a sus abogados, generando interrupciones en el funcionamiento del tribunal.
