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La United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit emitió una decisión significativa en casos que involucran a ciudadanos cubanos liberados con formulario I-220A, anulando determinaciones previas de la Board of Immigration Appeals (BIA) y ordenando un nuevo análisis legal.
El fallo, relacionado con el caso Labrada-Hechavarría v. U.S. Attorney General, no concede automáticamente el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, pero sí cuestiona la manera en que fueron evaluados estos casos.
El punto central del debate
La controversia no se limitó a si la I-220A equivale o no a “parole”. El tema clave fue determinar bajo qué disposición legal fueron detenidas las peticionarias:
8 U.S.C. §1225(a), aplicable a solicitantes de admisión
8 U.S.C. §1226(a), referente a ciertos extranjeros ya presentes en el país
Esta diferencia es determinante porque afecta directamente el marco jurídico utilizado para analizar la elegibilidad al ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La BIA había concluido que las solicitantes estaban detenidas bajo §1226(a), lo que las hacía inelegibles para el ajuste. Sin embargo, el 11º Circuito consideró que ese análisis debía revisarse.
La Corte confirma que sí puede revisar el caso
El gobierno argumentó que la Corte no tenía jurisdicción para examinar el asunto, citando una disposición que limita ciertas revisiones judiciales.
El tribunal rechazó esa interpretación amplia y sostuvo que sí tiene autoridad para decidir la cuestión legal principal: determinar el estatuto correcto bajo el cual se produjo la detención.
En consecuencia, la Corte:
Anuló (vacó) las decisiones de la BIA
Devolvió los casos para nuevos procedimientos
Indicó que el análisis legal previo fue insuficiente
Además, destacó que el propio gobierno modificó su postura durante el litigio sobre cuál estatuto aplicaba, lo que debilitó la base original de la negativa.
¿Qué significa este fallo?
La decisión no cambia automáticamente la situación de todos los cubanos con I-220A. Tampoco transforma la I-220A en “parole”.
Lo que sí hace es impedir que los casos se resuelvan con una conclusión simplificada sin analizar correctamente el fundamento legal de la detención.
En términos prácticos, obliga a la BIA a reevaluar cuidadosamente estos casos dentro del marco jurídico adecuado.
Impacto en Florida y el sur del país
El 11º Circuito tiene jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama. Dado que Florida concentra una alta cantidad de casos de cubanos con I-220A pendientes de ajuste, la decisión podría influir en cómo se analicen futuros procesos dentro de esta región.
No obstante, expertos subrayan que cada caso sigue siendo individual y dependerá de factores específicos del historial migratorio de cada persona.
La discusión jurídica sobre la I-220A continúa desarrollándose en los tribunales federales. Esta decisión representa un paso procesal importante, pero el debate sobre la elegibilidad bajo la Ley de Ajuste Cubano aún no está definitivamente cerrado.
