El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña de reclutamiento dirigida a captar hasta 10 000 nuevos agentes, abogados e investigadores de deportación, en el marco de un plan para expandir significativamente sus operaciones migratorias.
Contexto presupuestario y objetivo estratégico
La iniciativa coincide con la aprobación del paquete de presupuestos “One Big Beautiful Bill”, que destina alrededor de 170 000 millones USD a políticas migratorias y de seguridad fronteriza. ICE recibirá aproximadamente 76 500 millones USD, de los cuales cerca de 30 000 millones USD se reservarán específicamente para contratación y logística de deportaciones. El objetivo declarado es alcanzar 1 millón de deportaciones anuales, un incremento sustancial frente al ritmo actual.
Incentivos al reclutamiento
La campaña utiliza un estilo visual inspirado en los carteles patrióticos de la Segunda Guerra Mundial, con inscripciones como “Defend the Homeland” y “America Needs You”, acompañadas de imágenes del expresidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Entre los incentivos ofrecidos figuran:
- Bonos de firma de hasta 50 000 USD
- Condonación o alivio de préstamos estudiantiles
- Pago adicional por disponibilidad y horas extras
- Beneficios de jubilación mejorados
Alcance y logística de implementación
Los materiales de reclutamiento serán difundidos en campus universitarios, ferias de empleo y redes de agencias de seguridad. Se espera que los nuevos reclutas requieran varios años de entrenamiento para estar plenamente operativos.
Posturas encontradas en el Congreso
El congresista Mario Díaz-Balart (R-FL) expresó su respaldo a la medida: «Durante años, el sistema migratorio ha sido burlado. Es hora de actuar con firmeza para restaurar el estado de derecho.» Por el contrario, la senadora Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) calificó el plan como una “máquina de deportación deshumanizante”, advirtiendo que: «Este financiamiento masivo no resolverá la crisis migratoria. Solo aumentará la persecución de familias trabajadoras y solicitantes de asilo.»
Rechazo desde las ciudades santuario
Diversas ciudades y condados con políticas de “santuario”, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, han reiterado su negativa a colaborar con los operativos de ICE. Sus autoridades locales advierten que el fortalecimiento de la presencia federal puede generar miedo, desconfianza y fracturar comunidades inmigrantes.
La alcaldesa de Chicago, Brenda Martínez, declaró que no permitirán redadas ni detenciones sin órdenes judiciales en edificios municipales, escuelas o centros de salud: «Ninguna familia será arrancada de su hogar con nuestro consentimiento.»
Retos legales en el horizonte
Organizaciones como American Civil Liberties Union (ACLU) y National Immigration Law Center (NILC) han advertido que podrían interponer demandas si la implementación del plan incurre en prácticas consideradas inconstitucionales o violatorias de derechos humanos. Abogados de inmigración también prevén litigios masivos por detenciones prolongadas, deportaciones sin debido proceso, y la sobrecarga de tribunales migratorios.
Desafíos y preocupaciones
Expertos advierten sobre riesgos asociados a una expansión acelerada, evocando la experiencia de la Patrulla Fronteriza entre 2005 y 2011, cuando una rápida duplicación de personal resultó en problemas de mala conducta, baja supervisión y disminución de los estándares de contratación.
También existen preocupaciones sobre la competencia con policías locales y estatales, que podrían perder personal clave ante los incentivos salariales ofrecidos por ICE, lo que podría comprometer su misión de seguridad pública general.
Organizaciones defensoras de inmigrantes critican la magnitud del financiamiento, argumentando que el enfoque punitivo pasa por alto necesidades como representación legal, procesamiento de solicitudes de asilo y alternativas humanitarias al encarcelamiento.
Adicionalmente, hay preocupaciones sobre las condiciones en los nuevos centros de detención financiados, que podrían alojar hasta 116 000 personas, frente al alrededor de 58 000 actuales. Activistas han denunciado hacinamiento, acceso limitado a servicios básicos y un control disminuido en la supervisión federal.
Panorama operativo
Según datos recientes, ya hay cerca de 1,5 millones de inmigrantes con órdenes de deportación pendientes y más de 420 000 con antecedentes penales, supervisados principalmente mediante tecnología y no mediante detención física, lo que ha generado una carga laboral muy alta por agente (un promedio de unos 7 000 casos cada uno). Programas como Alternatives to Detention, que usan dispositivos electrónicos de seguimiento, están expandiéndose para aliviar la tensión en las cárceles de inmigración.
