Un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pone en entredicho uno de los principales pilares del discurso migratorio del gobierno federal. Según los datos, menos del 14% de los casi 400.000 inmigrantes arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer año del presidente Donald J. Trump tras su regreso a la Casa Blanca tenía antecedentes o cargos vinculados a delitos violentos.
Las cifras contrastan con la narrativa oficial que presenta la ofensiva migratoria como una estrategia enfocada casi exclusivamente en criminales peligrosos, y revelan un panorama mucho más amplio sobre el perfil real de las personas detenidas.
El peso de los delitos no violentos en las detenciones
El informe indica que cerca del 60% de los inmigrantes arrestados contaba con algún tipo de historial criminal, pero en su mayoría se trataba de delitos no violentos. Entre los cargos más comunes figuran conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), infracciones relacionadas con drogas y faltas administrativas, sin que existiera un patrón dominante de violencia grave.
Este dato resulta clave para entender la diferencia entre la retórica política y la aplicación práctica de las detenciones, ya que amplios sectores de la población detenida no encajan en la categoría de amenaza directa a la seguridad pública.
Casi cuatro de cada diez detenidos sin antecedentes penales
Uno de los elementos más llamativos del documento es que aproximadamente el 40% de los arrestados no tenía antecedentes penales. En estos casos, las detenciones se produjeron exclusivamente por violaciones civiles de inmigración, como residir en Estados Unidos sin estatus legal o haber excedido el tiempo permitido por una visa.
Para organizaciones civiles y analistas legales, este porcentaje refuerza la percepción de que la política de arrestos se ha ampliado más allá de los criterios de peligrosidad criminal y ha incorporado a personas cuya única falta es de carácter administrativo.
Los delitos graves, una fracción mínima
El desglose de los datos muestra que los casos más graves representan una porción muy reducida del total. Menos del 2% de los arrestos involucró cargos por homicidio o agresión sexual, mientras que alrededor del 2% estuvo vinculado a presuntas afiliaciones a pandillas.
En conjunto, los arrestos relacionados con delitos violentos suman aproximadamente el 13,9% del total, una cifra muy inferior a la que suele sugerirse en declaraciones oficiales y mensajes políticos dirigidos al electorado.
Más detenciones que antes, pero con otro perfil
El documento también refleja que ICE incrementó de forma significativa el número total de arrestos en comparación con el último año del gobierno anterior. Sin embargo, este aumento vino acompañado de una reducción en el porcentaje de personas con antecedentes criminales, lo que sugiere un cambio en el perfil de los operativos y en los criterios de prioridad.
Especialistas en políticas públicas señalan que este patrón podría responder a metas cuantitativas de cumplimiento o a una interpretación más amplia de las órdenes de detención, con consecuencias directas en comunidades inmigrantes de grandes centros urbanos.
Impacto en la opinión pública y desgaste del apoyo a las deportaciones
El enfoque descrito en el informe ha comenzado a reflejarse en la opinión pública. Encuestas recientes apuntan a una caída sostenida en el respaldo a las deportaciones y a una percepción creciente de que los operativos se ejecutan con excesiva dureza, especialmente en ciudades con alta concentración de inmigrantes.
Para muchos residentes, la distancia entre el discurso de seguridad pública y los datos reales de los arrestos ha generado desconfianza y un mayor escrutinio sobre el papel de las agencias federales en la aplicación de la ley migratoria.
Un debate que se intensifica en el escenario político
Las cifras reveladas por el documento interno del DHS reabren un debate central en la política estadounidense: qué tipo de inmigración se busca controlar y con qué prioridades. Mientras el gobierno insiste en un enfoque centrado en la seguridad, los datos muestran que la mayoría de las detenciones no está relacionada con delitos violentos, sino con faltas menores o administrativas.
Este contraste promete convertirse en un punto clave de discusión en los próximos meses, tanto en el ámbito político como en el legal y social, en un contexto marcado por la polarización y por el impacto directo que estas políticas tienen en millones de familias inmigrantes en todo el país.
