Hombre detenido en “Alligator Alcatraz” planeaba autodeportarse, según denuncia su hija

Lo que para Fernando Artese debía ser un regreso voluntario a su país natal, se ha transformado en una prolongada y angustiante detención en uno de los centros migratorios más polémicos de Florida. Su caso ha puesto un rostro humano a la controversia que rodea al centro de detención conocido popularmente como “Alligator Alcatraz”.

Fernando Artese, de 63 años y originario de Argentina, había decidido poner fin a más de dos décadas de vida en Estados Unidos y regresar a su país por voluntad propia. Su hija, Carla Artese, relató a NBC Miami que la familia había planeado cuidadosamente la salida: Fernando viajaría a California, cruzaría hacia México y finalmente volaría a Argentina. Sin embargo, sus planes se truncaron cuando fue arrestado en Florida por conducir con la licencia suspendida.

Aunque Fernando pagó la fianza de 250 dólares y recuperó su libertad, la pesadilla apenas comenzaba. Inmediatamente después de salir de custodia local, agentes federales de inmigración lo retuvieron, alegando su estatus migratorio irregular. Desde el 25 de junio se encuentra bajo custodia, y el pasado 3 de julio fue trasladado al centro de detención Everglades, ubicado en una zona remota del sur de Florida, un lugar que ha sido objeto de controversia creciente.

Condiciones en “Alligator Alcatraz”

Ubicado en el condado de Glades, en el sur de Florida, el centro de detención conocido coloquialmente como Alligator Alcatraz ha sido objeto de controversias por las difíciles condiciones que enfrentan los inmigrantes allí retenidos. Administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y operado por empresas privadas, el lugar alberga a cientos de personas en espera de resoluciones migratorias o procesos de deportación.

Ex detenidos y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado problemas de hacinamiento, deficiente atención médica y alimentación inadecuada. Algunos reportes señalan celdas frías, falta de acceso a medicamentos y demoras en recibir asistencia médica, lo que agrava cuadros de salud física y mental.

Además, las restricciones de visitas y comunicación generan angustia en los internos y sus familiares, mientras crecen las críticas sobre la transparencia en las condiciones del lugar. ICE ha respondido asegurando que las instalaciones cumplen con los estándares federales, aunque sigue bajo el escrutinio de grupos activistas y autoridades locales.

“Esto no es digno para seres humanos”, declaró uno de los legisladores tras el recorrido, calificando las condiciones como “inhumanas e indignas de un país como Estados Unidos”. Por su parte, funcionarios republicanos han defendido las instalaciones, asegurando que el centro cumple con los estándares federales de detención y ofrece servicios médicos adecuados.

Preocupación familiar y de salud

Mientras tanto, Carla Artese ha alzado la voz públicamente en defensa de su padre. Asegura que Fernando tiene problemas de salud que podrían empeorar si permanece recluido en el centro. “Él mismo quería irse. Ya tenía todo planeado. No entendemos por qué lo mantienen detenido si su intención es abandonar el país”, afirmó su hija, visiblemente angustiada.

Asimismo, agregó que no ha visto a su padre desde el 25 de junio pasado el cual ingresó posteriormente en Alligator Alcatraz el 3 de julio. La familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe para cubrir los costos legales, el proceso de deportación y cualquier eventualidad médica que Fernando pudiera enfrentar durante su detención o en el viaje de regreso a Argentina.

Un caso que ilustra el limbo migratorio

El caso de Fernando Artese refleja un escenario que viven muchos inmigrantes atrapados en el sistema de detención de Estados Unidos. Incluso aquellos que quieren marcharse voluntariamente pueden quedar atrapados durante semanas o meses mientras las autoridades migratorias procesan sus casos. Organizaciones de derechos humanos han señalado que estas demoras, sumadas a las condiciones de detención, violan principios básicos de dignidad y derechos humanos.

Para la familia Artese, la prioridad es clara: que Fernando sea deportado cuanto antes y pueda regresar a Argentina para rehacer su vida. “Lo único que pedimos es que lo liberen para que pueda volver a su país. Él no está peleando quedarse aquí. Su salud es lo más importante”, insistió Carla. Mientras tanto, Alligator Alcatraz continúa siendo símbolo de la compleja realidad migratoria en Estados Unidos, donde el debate sobre seguridad fronteriza y derechos humanos mantiene dividida a la opinión pública.

Esta instalación se inauguró el 3 de julio de 2025 y comenzó albergando a unos 900 hombres, con planes de expandirse primero a 3.000 plazas y, finalmente, alcanzar su capacidad proyectada de hasta 5.000 detenidos. El costo de mantener operativa esta gigantesca instalación es igualmente monumental. Documentos oficiales y reportes de medios estiman que su presupuesto anual ronda los 450 millones de dólares.

Sin embargo, filtraciones recientes sugieren que el gasto real podría superar los 600 millones, en parte debido a costos iniciales de construcción y adaptación de las instalaciones. Gran parte de estos fondos provienen del programa Shelter & Services Program (SSP) de FEMA, originalmente destinado a brindar refugio temporal a migrantes liberados, lo que ha desatado críticas sobre el uso de recursos federales.