En medio de un fuerte hermetismo judicial y un clima político tenso, Laura María Gil, hija del exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, alzó la voz este lunes para denunciar lo que calificó como “una manipulación total” en torno al proceso judicial que su padre enfrentará a partir del martes 11 de noviembre.
La joven aseguró que la familia no fue notificada oficialmente del juicio y que se enteraron por la televisión estatal, lo que desató una ola de indignación y preguntas sobre la transparencia del sistema judicial cubano.
Un juicio a puertas cerradas y bajo control del Estado
El juicio contra Gil Fernández, quien fue una de las figuras más visibles del gobierno de Miguel Díaz-Canel, se celebrará este 11 de noviembre a las 9:30 am en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, en La Habana, sin acceso público ni cobertura mediática.
La Fiscalía General de la República solicita cadena perpetua por cargos de espionaje, además de acusaciones de malversación de fondos, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos.
Según fuentes consultadas por medios independientes, solo un número reducido de funcionarios y familiares directos podría estar presente, aunque la propia hija del exministro ha expresado dudas de que le permitan ingresar. “No teníamos ni idea, no sabíamos nada. Nos enteramos porque mi abuela lo vio en el noticiero de la una”, expresó Laura María en declaraciones a CiberCuba.
Denuncias de hostigamiento y comunicaciones intervenidas
La hija del exfuncionario afirmó además que ha sufrido problemas con sus comunicaciones personales. “Mi WhatsApp está restringido desde por la mañana, tengo mala conexión y muchos mensajes sin poder responder. No sé si es casualidad o si alguien intervino mi cuenta”, aseguró.
También relató que en los días previos al juicio ha notado un incremento del control sobre su entorno, lo que —según dijo— refuerza su percepción de que “el proceso está diseñado para silenciar cualquier voz crítica dentro de la familia”.
Peticiones de transparencia ignoradas
Desde que se conoció la fecha del juicio, Laura María Gil ha solicitado públicamente que el proceso sea transmitido por la televisión estatal y que se permita la presencia de observadores. En mensajes publicados anteriormente, pidió que el juicio fuera “a puertas abiertas” y que “se respetara el derecho del pueblo a conocer la verdad”. En ese sentido dijo que tratará de presentarse en el juicio contra su padre para darle su apoyo. “Haré mi mayor esfuerzo por entrar, aunque sea yo sola. A mí nada me cambia la idea de que espía no es”, destacó.
Afirmó con firmeza que nada de lo que se diga ni de las pruebas que se muestren cambiará su postura. Después de dos años inmersa en esa situación, aseguró sentirse plenamente convencida de que todo forma parte de una manipulación absoluta.
Sin embargo, las autoridades respondieron que se trata de un proceso “sensible para la seguridad nacional”, motivo por el cual no será televisado ni se permitirá acceso externo. “Si el gobierno habla de justicia revolucionaria, que lo demuestre con transparencia. No tenemos miedo a que se sepa lo que de verdad está pasando”, había declarado la joven semanas atrás.
Señaló que las palabras del gobierno sobre justicia revolucionaria deben traducirse en hechos visibles y claros, y remarcó que no tienen miedo de que salga a la luz la realidad de la situación.
De ministro modelo a acusado de espionaje
Alejandro Gil Fernández fue destituido de su cargo en febrero de 2024 tras varios años como el principal arquitecto de la política económica cubana. Durante su gestión, impulsó medidas de ajuste fiscal, la ampliación del comercio en MLC y defendió la llamada “Tarea Ordenamiento”, un polémico paquete de reformas monetarias que generó inflación y descontento social.
Su salida del gabinete, que en su momento fue presentada como una “decisión administrativa”, precedió a una investigación interna del Ministerio del Interior, que meses después derivó en su arresto y posterior imputación por espionaje.
Aunque el gobierno nunca ha ofrecido detalles concretos sobre las pruebas, fuentes cercanas al proceso indican que el exministro habría compartido “información sensible” con entidades extranjeras, algo que su familia niega rotundamente. “Espía no es mi padre. Eso lo aseguro con toda mi alma”, dijo su hija.
Una figura clave de la economía cubana reciente
Gil Fernández, de 61 años, fue considerado durante años un hombre de confianza de Díaz-Canel y uno de los impulsores de la narrativa de “resistencia económica” del régimen. Su discurso tecnocrático y su cercanía con el sector académico le otorgaron visibilidad, especialmente durante la pandemia y la crisis energética de 2023-2024.
Por eso, su caída ha sorprendido incluso a sectores del oficialismo. Analistas como el economista cubano Omar Everleny Pérez afirman que el caso podría tener un componente político: “En un momento de grave deterioro económico, el gobierno busca chivos expiatorios para culpar de los fracasos del modelo”, señaló en una entrevista reciente.
Tensión dentro de la élite cubana
El caso Gil Fernández marca un punto de inflexión en la dinámica de poder en La Habana. Su procesamiento, según observadores, podría ser una señal de fracturas dentro del aparato estatal, donde algunos cuadros intermedios habrían cuestionado las decisiones económicas del núcleo duro del Partido Comunista.
Medios internacionales como Reuters y BBC Mundo han destacado el carácter inédito de que un exministro en activo enfrente acusaciones tan graves sin un juicio público.
Reacciones y debate en redes sociales
Las declaraciones de Laura María Gil circularon ampliamente en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron solidaridad con la familia y criticaron el secretismo del proceso. “Si fuera inocente o culpable, un juicio cerrado solo aumenta la desconfianza”, comentó un internauta.
Otros recordaron que casos anteriores de corrupción en Cuba —como los de los exministros Carlos Lage o Felipe Pérez Roque— también fueron manejados fuera del escrutinio público.
Un proceso que pone a prueba al régimen
El juicio de Alejandro Gil Fernández se perfila como uno de los episodios más sensibles en la historia reciente de la Revolución. Más allá del desenlace judicial, el proceso pone sobre la mesa la falta de transparencia del sistema judicial cubano y la creciente tendencia del gobierno a resolver conflictos políticos mediante causas penales.
“Este juicio no solo define la suerte de un exministro, sino también la credibilidad del discurso oficial sobre la justicia socialista”, apuntó un jurista consultado por medios independientes.
