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Estados Unidos anunció un ajuste drástico en la vigencia de los permisos de trabajo otorgados a diversas categorías de inmigrantes, reduciendo su duración de cinco años a apenas dieciocho meses. La medida, que entra en vigor este viernes 5 de diciembre, marca uno de los pasos más significativos en el endurecimiento administrativo aplicado por la actual política migratoria.
Según el gobierno federal, el objetivo es incrementar el nivel de supervisión, optimizar las verificaciones de antecedentes y reforzar la seguridad nacional en un contexto de creciente preocupación por la entrada irregular de migrantes.
USCIS, la agencia responsable de otorgar y renovar estos permisos, argumentó que los plazos anteriores ofrecían demasiado margen sin evaluaciones intermedias. Con la nueva duración, la institución busca tener un control más cercano de quienes reciben autorizaciones laborales y garantizar que su permanencia en el país continúe alineada con los estándares legales y de seguridad establecidos.
Impacto directo en quienes dependen del permiso de trabajo
La medida afectará a refugiados, asilados, solicitantes de asilo con casos pendientes, personas en proceso de ajustar su estatus para obtener la residencia permanente y migrantes que han solicitado suspensión de deportación.
Asimismo, influirá en beneficiarios de programas humanitarios que están amparados por regulaciones incluidas en la sección legal utilizada por USCIS para justificar el cambio, lo que podría abarcar casos vinculados al Estatus de Protección Temporal (TPS) y algunos permisos de permanencia temporal o parole.
Estas categorías representan a cientos de miles de personas que mantienen su estabilidad económica a través del permiso de trabajo. Reducir la vigencia a dieciocho meses implica no solo un incremento en la frecuencia de renovaciones, sino también mayores probabilidades de enfrentar interrupciones laborales si los tiempos de procesamiento se retrasan. Para quienes dependen de este documento para conservar un empleo o iniciar una carrera profesional en Estados Unidos, la incertidumbre aumentará notablemente.
USCIS is reducing the validity period of work permits to enhance vetting, deter fraud, and identify potential threats more frequently.
El argumento oficial: seguridad nacional y prevención de fraudes
El gobierno justificó la decisión amparándose en la necesidad de reforzar los controles migratorios. Las autoridades aseguran que reducir el tiempo de validez de los permisos permitirá realizar verificaciones de antecedentes más frecuentes, lo que agilitaría la detección de posibles riesgos para la seguridad nacional y evitaría que solicitantes con antecedentes criminales o vínculos extremistas continúen con acceso legal al mercado laboral estadounidense.
El director de USCIS, Joseph Edlow sostuvo que la autorización de empleo debe ser tratada como un privilegio sujeto a revisión constante, y que el país tiene la responsabilidad de asegurarse de que quienes trabajan legalmente no representen una amenaza para la integridad del sistema.
Además, argumentó que estos controles permiten actuar con mayor rapidez ante cualquier modificación en la situación legal o personal de los beneficiarios.
Incertidumbre y preocupación en las comunidades migrantes
Diversas organizaciones de apoyo a migrantes han expresado inquietud por el impacto que esta reforma tendrá en la vida de miles de familias. La reducción de la vigencia obligará a los solicitantes a renovar sus permisos con más frecuencia, incrementando los costos administrativos y legales, y exponiéndolos a posibles retrasos que podrían dejarlos temporalmente sin autorización para trabajar.
La medida también podría saturar aún más los ya congestionados procesos internos de USCIS, que actualmente enfrenta demoras considerables en varios tipos de trámites.
Para quienes llegaron a Estados Unidos huyendo de persecución, violencia o inestabilidad política, la idea de renovar constantemente su autorización laboral representa un nuevo nivel de vulnerabilidad. Abogados de inmigración advierten que el cambio podría afectar tanto la salud emocional como la estabilidad económica de quienes dependen de trabajos formales para sostener a sus familias dentro y fuera del país.
La nueva medida surge bajo el paraguas de la ley H.R. 1 – One Big Beautiful Bill Act, aprobada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio. Esta legislación redefine los tiempos de validez otorgados a distintos programas humanitarios y reduce la duración de permisos clave para beneficiarios de iniciativas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el parole, marcando un giro significativo en la política migratoria reciente.
Las medidas más drásticas de la administración Trump en los últimos meses
El recorte a la vigencia de los permisos de trabajo se inscribe en una serie de acciones contundentes implementadas en los últimos meses por la administración Trump como parte de su estrategia para reformular de raíz el sistema migratorio. Una de las medidas más polémicas ha sido la ampliación de las listas de países sujetos a restricciones migratorias, que llevó a la suspensión temporal de ceremonias de naturalización para solicitantes provenientes de naciones incluidas en el nuevo veto migratorio. Esto afectó a ciudadanos de países como Venezuela, Irán, Afganistán, Haití y Cuba, entre otros.
Otro cambio relevante ha sido la aceleración de revisiones y reaperturas de casos previamente aprobados, especialmente solicitudes de residencia permanente, generando incertidumbre entre inmigrantes que pensaban haber superado las etapas más complejas de sus procesos. Asimismo, la intensificación de operativos migratorios en zonas sensibles como los Cayos de Florida ha enviado un mensaje claro de que el gobierno busca aumentar la presencia federal en la aplicación de la ley migratoria.
También se ha ordenado la reestructuración de políticas de asilo para limitar los tiempos de procesamiento y endurecer los criterios de admisibilidad, lo que afecta directamente a quienes esperan resoluciones desde hace años. Estas acciones, junto con la reducción de permisos laborales, configuran un patrón de restricciones que apunta a incrementar el control sobre cada etapa del proceso migratorio, desde la entrada al país hasta la posibilidad de obtener estatus legal permanente.
Un reflejo del nuevo rumbo migratorio
La decisión se inscribe en un panorama más amplio de endurecimiento migratorio que incluye revisiones aceleradas de casos de asilo, mayor presencia federal en operativos fronterizos y un escrutinio más intenso sobre beneficios migratorios previamente estables. El recorte a los permisos de trabajo simboliza un intento por desincentivar estancias prolongadas en procesos pendientes y reforzar la idea de que cada migrante autorizado a trabajar debe ser evaluado de forma continua.
Aunque para el gobierno el cambio es una herramienta de control necesaria, para los afectados se ha convertido en un recordatorio de la fragilidad de su estatus legal. Con un permiso de menor duración, la incertidumbre sobre el futuro laboral se intensifica y las comunidades migrantes enfrentan un escenario donde la estabilidad se renueva cada año y medio, si los tiempos administrativos lo permiten.
