Golpe judicial: Corte Suprema ordena suspender los aranceles, una de las medidas económicas más polémicas de Donald Trump

La Corte suprema de Estados Unidos emitió un fallo de alto impacto que invalida una parte sustancial de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump bajo una declaración de emergencia económica. La decisión, adoptada por mayoría 6-3, concluye que el mandatario excedió la autoridad conferida por la ley federal al aplicar gravámenes generalizados a importaciones amparándose en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

El tribunal sostuvo que, aunque el presidente dispone de facultades amplias para actuar en emergencias internacionales, la imposición de aranceles de carácter amplio y estructural no está contemplada explícitamente en esa legislación. Según la interpretación mayoritaria, la Constitución reserva al Congreso la potestad primaria para establecer impuestos y tarifas comerciales, y cualquier delegación de ese poder debe estar claramente definida por ley.

El núcleo del debate: ¿Hasta dónde puede llegar el Ejecutivo?

El fallo representa una reafirmación del principio de separación de poderes. La opinión mayoritaria —redactada por el presidente del tribunal, John Roberts— enfatiza que decisiones con consecuencias económicas de gran magnitud requieren una autorización legislativa clara y específica.

La Corte aplicó el criterio conocido como la doctrina de las “cuestiones importantes” (major questions doctrine), según la cual el Ejecutivo no puede asumir facultades extraordinarias en asuntos de gran impacto nacional sin una delegación explícita del Congreso. En este caso, los magistrados consideraron que la IEEPA fue diseñada para bloquear activos, restringir transacciones financieras o imponer sanciones específicas, pero no para rediseñar la política arancelaria global del país.

Los tres jueces disidentes sostuvieron que la ley sí otorgaba suficiente flexibilidad al presidente para actuar frente a amenazas económicas externas, defendiendo una interpretación más amplia del poder ejecutivo en contextos de emergencia.

«Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política sensata. Pero como cuestión de texto, historia y precedentes, son claramente legales», escribió el juez Brett Kavanaugh.

Durante un encuentro celebrado en horas de la mañana con varios gobernadores, el mandatario expresó su desacuerdo con la resolución aprobada por la mayoría, describiéndola como “vergonzosa” tras ser informado de su resultado. La reacción fue dada a conocer por una fuente familiarizada con lo ocurrido, que solicitó mantener su identidad en reserva debido a la naturaleza confidencial de la reunión.

El bloque mayoritario del tribunal evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que las compañías recuperen los miles de millones de dólares abonados en conjunto por concepto de aranceles. Varias firmas, entre ellas la cadena de ventas al por mayor Costco, ya han iniciado acciones en instancias judiciales inferiores con el objetivo de reclamar esos reembolsos. El juez Kavanaugh advirtió que el procedimiento para resolver esas solicitudes podría resultar complejo.

«El Tribunal no dice hoy nada sobre si, y de ser así, cómo, el Gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Pero ese proceso probablemente será un ‘desastre’, como se reconoció en los argumentos orales», añade Kavanaugh.

El alcance económico: miles de millones en juego

Uno de los elementos más sensibles del fallo es su dimensión económica. Durante la vigencia de los aranceles cuestionados, el gobierno federal recaudó más de 130 mil millones de dólares en tarifas a importaciones de distintos países. La decisión abre ahora interrogantes sobre posibles reclamaciones de devolución por parte de empresas importadoras y sectores afectados.

Analistas advierten que podrían generarse litigios adicionales para determinar si corresponde el reembolso total o parcial de los montos cobrados. También existe incertidumbre sobre cómo impactará la anulación en cadenas de suministro, precios al consumidor y relaciones comerciales internacionales.

«Es una reafirmación de nuestros valores constitucionales más profundos y de la idea de que el Congreso, no un solo hombre, controla el poder de gravar al pueblo estadounidense», explica Neal Katyal.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, afirmó que el bloque comunitario mantiene un contacto cercano con la Administración de Estados Unidos mientras busca mayor claridad sobre las acciones que prevé adoptar en respuesta al fallo. Asimismo, indicó que la institución continuará insistiendo en la reducción de los aranceles.

En el corto plazo, la eliminación de algunos aranceles podría aliviar costos para importadores y fabricantes que dependen de insumos extranjeros. Sin embargo, sectores que habían recibido protección indirecta a través de esas tarifas podrían enfrentar mayor competencia externa.

Repercusiones políticas y legislativas

Desde el plano político, la decisión representa un revés significativo para la estrategia comercial impulsada por Trump, quien había defendido los aranceles como herramienta para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria estadounidense.

El fallo también reabre el debate en el Capitolio sobre el rol del Congreso en la política comercial. Legisladores de ambos partidos podrían impulsar reformas para clarificar los límites de la autoridad presidencial en materia de comercio exterior o, por el contrario, ampliar explícitamente esas facultades mediante nueva legislación.

El caso podría sentar un precedente relevante para futuras administraciones, no solo en comercio, sino en cualquier ámbito donde el Ejecutivo invoque poderes de emergencia para implementar políticas de amplio alcance.

Implicaciones internacionales

En el escenario global, la sentencia puede ser interpretada como una señal de estabilidad institucional y de control judicial sobre el poder ejecutivo. Socios comerciales y mercados internacionales observarán cómo Estados Unidos redefine su marco legal en materia arancelaria.

Países afectados por las tarifas ahora anuladas podrían revisar sus estrategias comerciales con Washington, mientras que empresas multinacionales evalúan posibles ajustes en contratos y planificación financiera.

Un precedente que trasciende el comercio

Más allá del impacto inmediato en aranceles, la decisión refuerza un principio estructural del sistema político estadounidense: las medidas económicas de gran envergadura deben contar con respaldo legislativo claro. El fallo delimita el uso de leyes de emergencia para transformar políticas estructurales y reafirma el papel del Congreso como actor central en la definición de la política fiscal y comercial.

En términos institucionales, la sentencia subraya la función del poder judicial como árbitro en disputas sobre el alcance de la autoridad presidencial, en un momento en que el equilibrio entre poderes continúa siendo objeto de debate en la política estadounidense.