Golpe a los inmigrantes: USCIS tendría poder para negar green cards por usar beneficios como SNAP o Medicaid

El gobierno del presidente Donald Trump presentó una propuesta para reactivar criterios más estrictos vinculados a la figura de “carga pública”, permitiendo que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) vuelva a negar residencias permanentes a solicitantes que utilicen o puedan llegar a utilizar programas de asistencia estatal.

La iniciativa rompe con la normativa implementada en 2022, durante la administración Biden, que limitaba el uso de este criterio a circunstancias muy específicas, evitando penalizar a inmigrantes que accedieran a servicios esenciales como atención médica, asistencia alimentaria o apoyo habitacional.

Con esta nueva versión, el gobierno busca devolver mayor discrecionalidad a los funcionarios migratorios, marcando un giro significativo en la política migratoria federal.

Un regreso parcial a la controvertida regla de 2019

Aunque la propuesta no replica íntegramente la regla ampliada de 2019, sí reconstruye un marco operativo que permite evaluar la autosuficiencia económica del solicitante con mayor flexibilidad administrativa.

La versión de 2019 consideraba el uso de cupones de alimentos, subsidios de vivienda, Medicaid o el programa CHIP como elementos que podían perjudicar una solicitud de residencia, lo que provocó un clima generalizado de temor entre millones de familias inmigrantes, incluidas aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses.

Estudios mostraron que estas disposiciones motivaron a muchos beneficiarios a abandonar programas esenciales a pesar de tener derecho a ellos, una tendencia que terminó siendo determinante en la derogación de la regla en 2021 y la adopción de un estándar más limitado en 2022.

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Preocupación entre organizaciones y expertos en salud y migración

Distintas organizaciones civiles y gobiernos locales han señalado que la propuesta podría volver a generar un efecto disuasorio entre inmigrantes de bajos ingresos, que evitarían acceder a servicios básicos de salud, alimentación o vivienda.

De acuerdo con datos citados por el medio, la Kaiser Family Foundation (KFF) estimó que la normativa de 2019 provocó que entre 2 y 4,7 millones de personas perdieran o abandonaran cobertura médica infantil por temor a que ello afectara un proceso migratorio.

Además, una encuesta de 2023 reveló que el 27% de los adultos inmigrantes evitó solicitar beneficios públicos por miedo a repercusiones legales, aun cuando los programas estaban diseñados para familias en situación vulnerable.

Los especialistas advierten que esta conducta podría repetirse, reduciendo el acceso a servicios esenciales y afectando desproporcionadamente a comunidades inmigrantes en estados como Florida, Nueva York y California.

Un debate que se intensifica en un clima político polarizado

El renacer del concepto de carga pública coincide con un entorno político marcado por la polarización y por iniciativas más amplias para reformar el sistema migratorio. Trump ha insistido en endurecer controles y reforzar criterios económicos entre quienes desean establecerse legalmente en el país.

Sus críticos, en cambio, sostienen que estas medidas penalizan la pobreza y pueden limitar la inmigración legal. Señalan, además, que la figura de carga pública históricamente ha tenido un alcance reducido y que expandirla podría ampliar las desigualdades dentro de comunidades ya vulnerables.

Organizaciones y legisladores anticipan posibles desafíos judiciales, recordando que la regla de 2019 fue objeto de múltiples demandas en tribunales federales.

Impacto específico en los cubanos que buscan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano

La propuesta podría tener repercusiones significativas para los cubanos que buscan obtener la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano (CAA), una norma que permite solicitar la “green card” tras un año y un día de presencia física en Estados Unidos.

Tradicionalmente, los cubanos han disfrutado de un proceso relativamente ágil, pero la reactivación del criterio de carga pública introduce nuevos factores de riesgo para quienes dependen temporalmente de programas de ayuda.

El USCIS, bajo esta nueva propuesta, podría evaluar si el solicitante ha utilizado beneficios como cupones de alimentos, subsidios de vivienda o programas de salud estatales durante su primer año en el país. Aunque la CAA es una ley federal vigente, la propuesta otorgaría a los funcionarios la capacidad de considerar si el solicitante representa una potencial carga económica, lo cual podría resultar en denegaciones de residencia para cubanos que tradicionalmente habrían calificado sin impedimentos.

Este cambio afectaría particularmente a familias recién llegadas que, durante su proceso de asentamiento, recurren a programas temporales de apoyo mientras se insertan laboralmente. Muchos cubanos —especialmente beneficiarios de parole, I-220A, o solicitantes de asilo— dependen de asistencia estatal en sus primeros meses, lo que podría colocarlos en un terreno más vulnerable bajo este nuevo marco regulatorio.

Abogados especializados advierten que la discrecionalidad otorgada al USCIS podría traducirse en decisiones inconsistentes entre oficinas, creando incertidumbre y aumentando la necesidad de asesoría legal individualizada para solicitantes cubanos.

La aplicación de criterios más estrictos también podría afectar la percepción de riesgo entre recién llegados, provocando que algunos cubanos renuncien a beneficios esenciales —como cobertura médica básica o apoyo alimentario— para evitar complicaciones migratorias.

En comunidades como Miami-Dade, donde la población cubana depende en ocasiones de programas estatales mientras logra estabilidad económica inicial, este cambio podría tener un impacto social significativo.

Qué viene ahora

La propuesta deberá pasar por un periodo oficial de comentarios públicos antes de entrar en vigor, y organizaciones proinmigrantes anticipan acciones legales que podrían retrasar o modificar el alcance de la medida. Mientras tanto, expertos recomiendan que los solicitantes de residencia —incluyendo los cubanos amparados por la CAA— documenten con cuidado su situación financiera, mantengan actualizado su historial laboral y eviten depender de beneficios que aún no se sabe si serán evaluados bajo la nueva regla.

La incertidumbre se mantendrá mientras persista el debate, pero lo que está claro es que la propuesta representa uno de los cambios más significativos en la política migratoria reciente y podría reconfigurar los procesos de ajuste de estatus para múltiples comunidades, incluida la cubana.