Gobierno de EE. UU. apela orden del juez que obliga a pagar el 100 % del SNAP en medio del cierre federal

En medio del cierre de gobierno más prolongado en la historia reciente del país, la administración del presidente Donald Trump presentó una apelación de emergencia contra la orden de un juez federal que obliga al Ejecutivo a pagar la totalidad de los beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) correspondientes al mes de noviembre.

La decisión judicial, que busca proteger a millones de familias de bajos ingresos ante la interrupción de fondos federales, ha generado un nuevo capítulo de tensión entre la Casa Blanca, el poder judicial y los gobiernos locales que reclaman la continuidad plena del apoyo alimentario.

La orden del juez y la respuesta del gobierno federal

El juez John J. McConnell Jr., del distrito federal de Rhode Island, emitió la semana pasada una orden que instruye al Departamento de Agricultura (USDA) a garantizar el pago del 100 % de los beneficios del SNAP, incluso durante el cierre de gobierno.

McConnell ordenó al Ejecutivo utilizar todos los mecanismos legales y financieros disponibles, entre ellos los recursos de la Sección 32 —un fondo creado en 1935 para apoyar la producción y distribución de alimentos— y el fondo de contingencia federal, destinado a emergencias sociales.

El magistrado respondió así a una demanda presentada por organizaciones sin fines de lucro, gobiernos locales y grupos defensores del derecho a la alimentación, quienes denunciaron que el gobierno solo había garantizado el 65 % del monto máximo del beneficio, afectando a millones de hogares en situación de vulnerabilidad.

“En una nación con los recursos de Estados Unidos, permitir que millones pasen hambre por un conflicto político es inaceptable”, señaló el fallo judicial, subrayando el carácter esencial del programa SNAP.

Sin embargo, la Casa Blanca consideró la orden como una “intervención judicial indebida”. El presidente Trump calificó la decisión como “absurda”, asegurando que “un juez federal no puede decirle al Ejecutivo cómo gastar el dinero en medio de un cierre del gobierno”.

Un recurso de emergencia y un problema político

Mientras el proceso de apelación avanza, el gobierno informó que destinará 4 650 millones de dólares de fondos de emergencia para cumplir de forma temporal con la orden judicial, garantizando que los pagos lleguen a los beneficiarios antes del fin de semana.

El caso ha puesto de relieve la creciente crisis presupuestaria derivada del cierre gubernamental, que ha afectado el funcionamiento de agencias clave, el salario de empleados federales y la prestación de servicios sociales.

El Departamento de Agricultura, que administra el SNAP, advirtió que sus fondos operativos se encuentran al límite y que sin una reapertura del gobierno, “mantener los pagos más allá de noviembre será extremadamente difícil”.

La oposición demócrata en el Congreso acusó al Ejecutivo de “utilizar a las familias pobres como rehenes políticos” en su disputa presupuestaria, mientras que legisladores republicanos argumentaron que los jueces “no deberían ordenar gastos sin aprobación del Congreso”.

Qué es el programa SNAP y por qué es tan crucial

El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) es el principal programa federal de asistencia alimentaria de Estados Unidos. Brinda apoyo a más de 40 millones de personas —incluyendo familias con niños, adultos mayores y trabajadores con ingresos bajos— mediante tarjetas electrónicas que pueden usarse para comprar alimentos básicos.

Según cifras del Departamento de Agricultura, cada dólar invertido en el SNAP genera entre 1,50 y 1,80 dólares en actividad económica, al impulsar el consumo en supermercados, granjas y comercios locales.

Durante la pandemia y la inflación de los últimos años, el número de beneficiarios aumentó considerablemente, y Florida, Texas, California y Nueva York se encuentran entre los estados con más familias dependientes del programa.

En Florida, por ejemplo, más de 3,3 millones de personas reciben ayuda alimentaria del SNAP, y los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach concentran una parte significativa de esos beneficiarios.

Reacciones sociales y preocupación por el impacto humano

Organizaciones comunitarias y bancos de alimentos advirtieron que una interrupción en los pagos podría tener un efecto devastador. “La mitad de las familias que atendemos dependen del SNAP para sobrevivir”, explicó una vocera de Feeding America, una de las entidades demandantes. “Cuando el gobierno retrasa o reduce esos fondos, las personas acuden a los comedores sociales y los bancos de alimentos, que ya están saturados”.

Líderes locales también alertaron sobre posibles aumentos en la inseguridad alimentaria, especialmente entre niños y adultos mayores. En Miami, grupos como Farm Share y Camillus House han reforzado sus programas de distribución de alimentos ante el temor de un corte en los beneficios.

Un conflicto que trasciende lo económico

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la intervención judicial en la política presupuestaria y el papel del Estado en la protección social durante los cierres de gobierno.

Mientras el Ejecutivo defiende su autonomía para decidir cómo administrar los recursos durante una crisis fiscal, los demandantes argumentan que el acceso a la alimentación es un derecho básico, no una cuestión de discrecionalidad política.

Expertos en derecho constitucional advierten que la apelación podría llegar a la Corte Suprema, lo que sentaría un precedente sobre la autoridad judicial para ordenar pagos federales en contextos de cierre gubernamental.